Crédito del FMI: De las formulaciones abstractas a los beneficiarios concretos

El crédito concedido por el Fondo Monetario Internacional –FMI- subordina la política económica del Estado ecuatoriano a las condiciones requeridas por dicha institución financiera. En esas circunstancias el acuerdo debería cumplir con lo que dispone la Constitución: aprobación de la Asamblea Nacional, previo dictamen de la Corte Constitucional” (Artículos 149 y 438).

El lenguaje en que están redactados los “compromisos” de política económica, “presentados” por el gobierno del Ecuador en el Memorando Técnico de Entendimiento y “respaldados” por el FMI, contiene significados ocultos que es necesario evidenciar para identificar a sus beneficiarios (el capital) y para prevenir la afectación a las condiciones de vida de millones de ecuatorianos. En el enfoque del FMI, la política económica del gobierno debe orientarse a incrementar la rentabilidad del capital (menos impuestos, menos costo de la mano de obra, de los insumos y la energía) de la que se derivaría, como un residuo, tanto la reactivación de la economía como el bienestar social. Ese objetivo concreto, desde luego, está enmascarado en formulaciones abstractas como las que se analizan a continuación.

Con razón, la economista británica Joan Robinson decía que el objetivo de la economía no podía ser aprenderse unas cuantas recetas para la gestión de los problemas económicos, sino aprender a no dejarse engañar por los economistas. Así, para “reconstruir y fortalecer los cimientos institucionales de la dolarización”, dice el Memorando, es necesario:

“a) Restaurar la prudencia en la política fiscal”; y para ello, a su vez, se requiere:

i) el reajuste de la masa salarial del sector público respetando los derechos laborales y protegiendo la provisión de servicios.

ii) la optimización del sistema de subsidios a los combustibles para poder beneficiar a los pobres y vulnerables y reducir las distorsiones.

iii) una reforma del sistema tributario para hacerlo más equitativo, conducente al crecimiento y simple.

iv) rebalancear el sistema impositivo hacia una mayor tributación indirecta antes que directa.

v) eliminar gradualmente los impuestos distorsionantes relacionados con el volumen de los negocios y las transferencias al exterior.”

“Reajuste de la masa salarial del sector público”, significa despedir a empleados del sector público. El ministro de Trabajo, Andrés Madero, en su comparecencia a la Asamblea Nacional, informó que “se han desvinculado 11. 820 trabajadores del sector público entre diciembre de 2018 y febrero del 2019 (…) los desvinculados son del Código de Trabajo, contratos ocasionales, nombramientos y nombramientos provisionales de acuerdo con la necesidad institucional”. Significa, además, reducir los salarios del sector público para alinearlos con los del sector privado.

De manera inverosímil se insiste en despedir empleados y trabajadores del sector público y privado (entre marzo del 2018 y marzo del 2019, 261.000 trabajadores perdieron su “empleo adecuado”) afectando al consumo y por ende a la actividad productiva cuando de lo que se trata es de reactivar la economía.

“Optimizar los subsidios” significa incrementar el precio de los combustibles hasta recaudar un monto adicional de 2.000 millones de dólares entre el 2018 y el 2023.[1] Lo que ya ocurrió con la liberalización del precio del gas natural, gas natural licuado y gas natural.[2]

Hacer “más equitativo” y “rebalancear” el sistema tributario significa que los contribuyentes paguen 2.200 millones de dólares adicionales en el mismo período, 2018-2023, y que la mayor carga tributaria afecte a los más pobres puesto que, como dice el numeral iv), se incrementarán los impuestos indirectos (IVA), en lugar de los impuestos directos. Nada se dice, por ejemplo, de la necesidad de mejorar la recaudación tributaria, sabiendo como se sabe que en el Ecuador la evasión del IVA supera el 30% y la del impuesto a la renta el 60 %, por encima del promedio de evasión en América Latina.

“Eliminar los impuestos distorsionantes (…) a las transferencias al exterior” significa eliminar el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD), el único medio de control de los movimientos de capital con que cuenta el Estado para limitar – aunque no impedir- la fuga de capitales que bordea los 40.000 millones dólares.

“C. Reforzar la resiliencia del sistema financiero”

El sector financiero es el sector de mayor rentabilidad de la economía, capaz de obtener records de utilidades aun en períodos de crisis. A pesar de ello, en nombre de la “resiliencia” el gremio de los banqueros presiona por reformas y desregulaciones que les permitan ampliar la rentabilidad y hegemonía sobre la economía.

Los banqueros aspiran que al menos la mitad del crédito del FMI se quede en el Banco Central para incrementar las reservas internacionales que, como se sabe, respaldan los pagos al exterior del sector público y del privado. Consideran que “lo ideal sería eliminar el actual sistema de reservas diferenciadas que llega al 21 % (3% debe estar invertido en la banca pública, un 5% en el Banco Central como encaje, un 10% en un fondo de liquidez, entre otros) y que exista un solo monto como encaje del 8%. (Con mayor libertad en la liquidez- dicen-, los bancos podrán responder mejor en un contexto en el que los depósitos podrían seguir a la baja y evitar así una contracción del crédito). Y, por último, proponen que “se elimine el actual sistema, donde la Junta de Regulación Monetaria fija las tasas que pueden cobrar los bancos por los créditos”. [3]

[1] https://www.elcomercio.com/opinion/acuerdo-distinto-opinion-fmi-gasto.html.

[2] https://www.expreso.ec/actualidad/gobierno-libera-precio-gasnatural-uso-industrial-DG2787126

[3]https://www.elcomercio.com/actualidad/plan-fmi-supervision-cooperativas-ecuador.html

https://coyunturaisip.wordpress.com/2019/04/25/credito-del-fmi-de-las-formulaciones-abstractas-a-los-beneficiarios-concretos/