Jornada de paro nacional y movilizaciones en Colombia
En las grandes ciudades, poblados rurales y carreteras, distintos sectores se manifestaron el 25 de abril contra un conjunto de políticas y posiciones del gobierno de Iván Duque. Los numerosos puntos de protesta se resumieron en una convocatoria en rechazo al Plan Nacional de Desarrollo.
La Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), organizaciones campesinas, indígenas, estudiantiles, afrodescendientes, de mujeres, ambientalistas, de víctimas y de derechos humanos salieron al mismo tiempo a marchar contra las políticas económicas y sociales del actual gobierno. La consigna enarbolada fue: “Unidad y convergencia por la paz y contra las políticas del gobierno de Duque”.
En el recuerdo de numerosas organizaciones está todavía el paro nacional de 2016, que logró arrancar acuerdos al por entonces gobierno de Juan Manuel Santos, aunque muchos de ellos todavía no se han cumplido.
Esta jornada nacional de paro y movilización llegó casi un mes después de las movilizaciones de la llamada Minga “por la vida, el territorio, la justicia y la paz”, que organizaciones campesinas e indígenas del suroccidente del país encabezaron con reclamos para Iván Duque. Ahora, estos sectores también se sumaron al paro nacional.
Reclamo educativo
“Yo lucho por la dignidad y la calidad de la educación”; “El país se construye con libros y lápices, no con fusiles”; “Abajo el Plan Nacional de Desarrollo de Duque”, plasmaron algunas de las pancartas enarboladas por maestros y estudiantes en Bogotá y otras ciudades del país.
Si bien la educación pública fue una de las temáticas centrales de la protesta nacional, el conjunto de reivindicaciones y reclamos que desembocó en esta gran movilización es mucho más amplio. En un encuentro nacional de organizaciones políticas y sociales el 10 de febrero, se enunciaron seis puntos centrales.
Organizaciones docentes y estudiantiles pusieron a la cabeza un conjunto de reclamos en defensa de la educación pública y contra la presunta privatización que escondería el Plan Nacional de Desarrollo defendido por Duque.
En octubre pasado, comenzó una serie de grandes marchas estudiantiles que empujó al Gobierno a firmar un aumento del presupuesto para la educación pública universitaria en diciembre. Varias universidades estuvieron a punto de cerrar programas académicos por la falta de fondos y la adhesión al plan de lucha fue masiva. Ahora le exigen a Duque garantías para el cumplimiento de esos acuerdos.
Tanto la Fecode como la Unión Nacional de Estudiantes de Educación Superior (UNEES) fueron pilares centrales del paro nacional de este jueves, que también incluyó el reclamo de aumento para el presupuesto de salud pública.
El uribismo contra la paz
Un segundo punto central es la denuncia de incumplimiento de los acuerdos de paz por parte del Gobierno y el rechazo a la suspensión de los diálogos con la guerrilla del ELN, dos hechos que alejan las expectativas de una paz definitiva para Colombia.
Un agravante en esta línea se produjo el 10 de marzo, cuando el Presidente objetó seis de los 159 artículos de la Ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que es el componente de justicia fundamental firmado en los acuerdos de paz con las Farc, como parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición. La Cámara de Representantes rechazó de manera contundente (por 110 votos contra 44) esta maniobra de Duque, pero todavía falta la votación en el Senado, donde el uribismo es más fuerte. Será el próximo 29 de mayo.
Un tercer punto, vinculado al anterior, es el asesinato de líderes comunitarios y defensores de derechos humanos, cuya frecuencia aumentó a un promedio de tres crímenes por semana y ya son más de 600 casos desde 2016. El último informe de Somos Defensores reportó un aumento del 43,7% de las agresiones contra referentes sociales en 2018 y confirmó 155 asesinatos. A esto se suma la persecución judicial contra muchos otros en zonas rurales del país.
Ante esta alarmante situación, el Gobierno apenas aprobó un protocolo para la prevención y protección en noviembre pasado, que no tuvo ningún efecto en la práctica. Esta realidad llevó a muchas organizaciones a la conclusión de que no hay voluntad de parar esta verdadera masacre social, ni de investigar y juzgar a sus responsables.
También relacionado con la violencia y el alejamiento de la perspectiva de paz, la denuncia de una nueva expansión del paramilitarismo estuvo presente en la movilización nacional. Atando cabos y teniendo en cuenta el antecedente del gobierno de Álvaro Uribe, queda claro que la política guerrerista del Estado se impone sobre el débil discurso de paz del oficialismo.
La propia Defensoría del Pueblo reconoce que en 27 de los 32 departamentos de Colombia hay presencia de grupos armados ilegales. Solo las Autodefensas Gaitanistas de Colombia están desplegadas en 19 departamentos y la gran mayoría de los grupos son de tipo paramilitar.
Lucha campesino-indígena
La cuestión ambiental fue otro de los pilares centrales este jueves. Si bien las luchas de comunidades rurales son muchas veces locales y particulares, hay también una importante agenda nacional al respecto. Uno de sus puntos es el rechazo a la práctica del fracking (fractura hidráulica) como método para la extracción de hidrocarburos en yacimientos no convencionales.
Durante la campaña electoral, Iván Duque se opuso al fracking, pero ahora la ministra de Minas y Energías promueve abiertamente este método contaminante de extracción, que ha generado estragos en algunas zonas de Estados Unidos y otros países. El argumento del Gobierno es que podría triplicar las reservas de gas y sextuplicar las de petróleo.
En paralelo, también hay fuertes disputas locales contra la extracción convencional de hidrocarburos y contra la minería, especialmente después de que en octubre último la Corte Constitucional invalidara las consultas populares vinculantes al respecto, tras afirmar que los recursos del suelo y subsuelo son propiedad del Estado nacional y ninguna autoridad territorial puede interponerse a su extracción.
En el plano agropecuario, organizaciones indígenas y campesinas exigen una reforma agraria
Y una última gran preocupación quedó planteada por todos los sectores: el rechazo a la criminalización de la protesta social.
Agenda sindical y unidad
También hubo reclamos específicamente sindicales -impulsados por la CUT y demás sindicatos y centrales obreras- sobre empleo, salarios, garantías sindicales y pensiones, entre otros puntos.
Según la CUT, a través del Plan Nacional de Desarrollo (PND) presentado al Congreso, el Gobierno busca una reforma laboral que tendría como objetivo modificar las condiciones de contratación de trabajadores y eliminar el salario mínimo para habilitar una contratación flexible por horas de trabajo.
Por su parte, la Confederación de Pensionados de Colombia (CPC) manifestó la misma posición al advertir que con el PND Iván Duque busca imponer una reforma parcial del sistema de pensiones. Según la organización, esta iniciativa tiene la intención de permitir el pago de pensiones por debajo del valor del salario mínimo en el futuro.
Lo más importante del paro y la movilización nacional no es sin embargo la agenda particular de cada sector, sino el hecho de que se ha producido una gran confluencia de fuerzas en torno a propuestas y reclamos comunes, que se resumen en un amplio rechazo a la política de gobierno de Iván Duque.
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