Flexibilización laboral, desincentiva la producción y no garantiza el incremento de empleo
El contexto general
La economía ecuatoriana desde el año 2015 viene enfrentando problemas generados por la reducción de los precios internacionales del petróleo, la corrupción y el estancamiento de la producción y de la recaudación tributaria; que provocan –a su vez- falta de recursos para el financiamiento de programas sociales, de inversión y para el mantenimiento de un Estado grande edificado sin criterios de sostenibilidad.
El gobierno del presidente Lenín Moreno como medida para financiar el déficit fiscal firmó en el mes de marzo del presente año, una Carta de Intención con el Fondo Monetario Internacional, en el marco de una política de aproximación a los organismos Multilaterales y de un giro abiertamente al neoliberalismo a diferencia de su predecesor que lo hacía sigilosamente. Las cifras de la economía ecuatoriana no son nada alentadores –según el mismo organismo-; se estima un decrecimiento del PIB en 0.5% para el 2019 y crecimiento mínimo del 0.2% para el 2020; en cambio el desempleo estará al alza, pasaría del 3,75% en el 2018, al 4,3% en el 2019 y al 4,75% en el 2020; sin contar con las alarmantes cifras del empleo inadecuado y subempleo que han sido una constante en el Ecuador de las dos últimas décadas.
Tener trabajo en condiciones estables y dignas en Ecuador es casi un privilegio, según el INEC –marzo 2019- apenas un 37,9% tienen un empleo adecuado, mientras el 18,7% están en el subempleo y un 4,6% está desempleado, estas cifras muestran deterioro en relación al año 2018. En enero de 2019 el costo de la Canasta Familiar Básica se ubicó en USD 719,88 mientras que el ingreso familiar mensual de un hogar fue de USD 735,47, -resultado de la fórmula antojadiza de multiplicar un salario por 1,5 perceptores-.
II Las Cartas de Intención
Está por demás decir que el formato de las Cartas de Intención propias del FMI previo al desembolso de créditos, no ha variado en décadas. El incremento de impuestos, achicamiento del Estado –entiéndase despido de empleados públicos, disminución de inversión social-, revisión de subsidios, apertura y competitividad levantado sobre flexibilización laboral, incremento de la deuda externa para pagar deudas anteriores, privatizaciones de las empresas rentables del Estado; son las políticas más comunes y propias del “recetario neoliberal”. América Latina y Ecuador conocen muy bien de los efectos desastrosos de esas políticas en los sectores populares, porque el ajuste se lo carga a los más pobres.
III La Carta de Intención firmada por Moreno en materia laboral
El Anexo I. Memorando de Políticas Económicas y Financieras en el numeral D. Apoyo a la creación de empleo, la competitividad y el crecimiento, señala en el acápite “Mercados Laborales”,” Una reforma laboral implica adaptarse a las condiciones del mercado y de la sociedad retirando cuidadosamente las restricciones actuales que resultan en menores oportunidades para las personas que no tienen un empleo. Con esta reforma disminuiremos gradualmente los costos implícitos de contratación y generaremos incentivos para la creación de empleos…”, dejando en evidencia un desconocimiento total sobre políticas para generación de empleos y dando pautas claras sobre el direccionamiento de las reformas: Menos derechos para el trabajador y mayores ventajas al patrono.
IV Qué hace el Gobierno y cuál es el estado del debate?
El gobierno prioriza la política fiscal frente a una política de producción y empleo, hace unas semanas despidió a más de 10.000 funcionarios públicos; y su Ministro de Finanzas anunció el despido de decenas de miles más para “disminuir 1.000 millones en salarios de servidores públicos hasta el 2021” según su Ministro de Economía Richard Martínez, connotado representante de los empresarios.
El diálogo impulsado por el gobierno es con los empresarios, los trabajadores han sido relegados y el resultado se verá en los próximos meses. Los temas planteados por los representantes de la patronal giran alrededor de: Mantener las 40 horas de trabajo, pero abriendo la posibilidad de que sean en jornadas diarias mayores a 10 horas, de tal forma que en tres o tres días y medio cumplan con la jornada y les quede un tiempo para un trabajo extra; trabajo temporal especialmente en el sector agrícola, ampliación del tiempo de prueba un año al menos, reducción de los costos en las liquidaciones de los trabajadores, trabajo por horas, todo esto bajo nuevas modalidades de contratación.
V Violación de derechos de los trabajadores
Los trabajadores agrupados en el FUT mantienen su llamado a defender sus derechos que son intangibles e irrenunciables; e insisten en que previo a la aprobación de las reformas laborales se debe considerar entre otros los Arts. 33, 320, 325, 326, 327, 328, 329, 331 de la Constitución de la República
Varias pretensiones del sector patronal riñen con dichos derechos establecidos en la Constitución de la República, entre ellos la pretensión del trabajo por horas, el establecimiento de jornadas de trabajo extensivas que eviten el pago de valores adicionales al trabajador bajo la figura de horas extras diurnas y nocturnas; la disminución de valores de liquidación de contratos, la extensión del período de prueba.
VI El equívoco desde el punto de vista de la economía en el que incurre el Gobierno
El gobierno al pretender una flexibilización laboral deja de lado los problemas relacionados a la producción –que son los fundamentales- y que están atados a los recursos destinados al consumo; si el desempleo crece –como es lo que aceleradamente está sucediendo y es lo que sucederá en el corto y mediana plazo- el consumo cae y la producción no se incrementa.
A un productor de cualquiera de las ramas económicas le queda claro que debe existir una potencial demanda del mercado para incrementar su producción, si hay menos dinero en manos de los consumidores se afecta directamente la producción y se reduce la contratación como mecanismo de ajuste de costos. El sector exportador es uno de los pocos sectores inmunes a los problemas internos, ya que depende del mercado externo.
La flexibilización del mercado de mano de obra lo que provocará es un ajuste de los márgenes de utilidad de los empresarios, más no un incremento del empleo.
El discurso vacío de impulsar a los emprendedores para que contraten mano de obra cae en el vacío al momento de analizar el costo usurero del crédito otorgado por la banca privada –hasta un 30% de interés anual-, el acceso al crédito que en vez de abrirlo en épocas de crisis lo cierra, o la restricción de financiamiento de la banca pública, o la tramitología casi infinita para aperturar un nuevo negocio.
Hay que redefinir el rol del Estado en la protección del empleo, a las medianas y grandes empresas para enfrentar una crisis debe vigilar que el ajuste sea a sus márgenes de ganancia y no mediante despido de trabajadores; a cambio debe establecer una política de descuentos tributarios que compensen o alivianen el peso del desequilibrio generado. En el caso de las micro y pequeñas empresas cuya estructura de costos es más sensible a las variaciones de mercado es necesario una intervención más fuerte del Estado, a más de los descuentos tributarios hay que discutir seriamente sobre subsidios temporales para mantener el trabajo.
Cualquier programa económico serio contemplaría la reactivación del aparato productivo y la implementación de una política de empleo.
Que implemente una serie de medidas para estimular los sectores que más empleo generan: Construcción, Agricultura, Servicios y Comercio. Por lo que se viene configurando el empleo será uno de los indicadores que el gobierno está dispuesto a sacrificar para asegurar el financiamiento de 4.200 millones hasta el cierre de su gobierno en el 2021.
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