Estado Social de Derecha
A principios de la década del 2000 descendían tantos muertos por los ríos de Colombia como consecuencia de las masacres paramilitares, que algunos cadáveres terminaban en las orillas de los desahuciados puertos fluviales. Eran tantos y tan continuo su inerte peregrinar, que muchos habitantes de los pueblos ribereños enfermaron, sobre todo los niños. El cuadro involucraba fiebre, dolor de cabeza y nauseas; y en Norte de Santander los habitantes de uno de esos puertos bautizaron al extraño contagio como Cadaveritis.
Entre los años 1998 y 2005 se estableció en Colombia la paramilitarización de la sociedad y las instituciones. El infierno se instaló en las zonas rurales, las plazas de los pueblos fueron convertidos en centros de tortura y muerte contra sus moradores, acusados de ser colaboradores, simpatizantes o integrantes de la guerrilla, y sus cuerpos lanzados a los caimanes, a los ríos, o calcinados en hornos crematorios.
Los medios, silenciaban los hechos, eludían los motivos y exculpaban a los autores. De esa manera encubrían la danza macabra paramilitar y el tormento en el campo colombiano. Al igual que hoy, las únicas fuentes periodísticas de RCN y Caracol, eran la Casa de Nariño y las autoridades civiles o militares de las regiones afectadas, muchos de ellos vinculadas a las masacres mismas.
El terror de Estado se conformó a partir de relaciones y pactos entre paramilitares, políticos, empresarios, terratenientes, industriales, comerciantes, comunicadores, organismos de seguridad del Estado, militares y narcotraficantes.
El paramilitarismo invadió los tres poderes públicos, instituciones financieras, alcaldías y gobernaciones. Al tiempo que formaban a sus huestes en escuelas de descuartizamiento, donde se les instruía- como consta en el expediente del paramilitar Francisco Villalva- con “personas de edad que llevaban en camiones, vivas, amarradas (…) Se repartían entre grupos de a cinco (…) las instrucciones eran quitarles el brazo, la cabeza… descuartizarlas vivas”.
Llevando la Doctrina de Seguridad Nacional al grado más extremo, la ola de terror paramilitar se extendió por todo el país; masacres como las de San José de Urabá, Segovia, Remedios, La Gabarra, Trujillo, Dabeiba, Ituango, Barrancabermeja, El Tigre, Curumaní, Tierra Alta, Tibú, El Tarra, Buenaventura, Naya, Chengué, y las más de 1.200 que ejecutaron los paramilitares, se realizaron en su gran mayoría auspiciadas por el poder político con la participación y confabulación de las fuerzas militares.
El recorrido de la muerte arribó también a Mapiripán (Meta) entre el 15 y el 20 de julio de 1997. Paramilitares venidos de Antioquia y San José del Guaviare, en complicidad con la Brigada Móvil 2, lista en mano asesinaron a más de 50 de sus habitantes, en un suplicio que duró seis días. Algunas de las víctimas fueron degolladas, otras desmembradas, las mujeres violadas antes de matarlas, y los cuerpos arrojados a las aguas del río Guaviare.
En el corregimiento del Salado, en febrero de 2000, los paramilitares asesinaron a 60 habitantes indefensos, y desplazaron 4.000; tras dos días de tortura y muerte selectiva, reunieron a la población en la plaza principal, y mientras los verdugos tocaban gaitas, tamboras y acordeones, asesinaron a 28 personas más. Pocos días después de la masacre Carlos Castaño sería entrevistado como gran señor de la guerra contrainsurgente, en horario estelar por Darío Arizmendi de Caracol Radio.
Sería hasta el año 2006 que explotaría el escándalo de la Parapolítica; la alianza entre sectores del poder económico y político del país con el paramilitarismo. Todos los partidos de la coalición con los que gobernó Uribe Vélez estuvieron involucrados en dichas alianzas. El Congreso en su gran mayoría parapolítico, legislaba para el control territorial y de economías ilegales por parte de los paramilitares de las AUC. Estas a su vez garantizaban en la regiones el triunfo de sus socios políticos. Con las masacres desarrollaban su papel en la guerra contrainsurgente, y “despejaban” las regiones colombianas para que poderosas empresas extranjeras o nacionales usurparan las tierras para producir palma, o desarrollar megaminería.
Partidos como el antiguo PIN (Partido de Integración Nacional), que en razón a la parapolítica tuvo a la mitad de sus congresistas en la cárcel, lo que los obligó a cambiar su nombre al de Opción Ciudadana, contaba entre sus filas con Miguel de la Espriella, quien confesó el llamado Pacto de Ralito, un acuerdo para “refundar” la patria que firmaron varios congresistas con jefes paramilitares.
A ese mismo partido perteneció el exsenador Álvaro el gordo García Romero, a quien la justicia señaló de determinador de la masacre de Macayepo, perpetrada por paramilitares, el 14 de octubre de 2000, donde con piedras y garrotes, un grupo de 80 paramilitares del grupo “Héroes de Montes de María” asesinó a 15 pobladores.
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