ODEBRECHT, CORRUPCIÓN Y CRISIS POLÍTICA EN AMÉRICA LATINA

El sistema capitalista permite la conformación de empresas privadas corruptas y corruptoras, como la brasilera Odebrecht, dedicada a las construcciones, inmobiliarias, de infraestructura, transporte, petroquímicas, sistemas viales y todo lo que se presente para incrementar sus fortunas, generalmente, mal habidas al obtener contratos por miles de millones de dólares con enormes sobornos de por medio. Sin que todo esté al descubierto, hay analistas que sostienen la famosa Odebrecht ha pagado una suma superior a los “788 millones de dólares en sobornos para ganar más de 100 proyectos de construcciones públicas en 11 países de América Latina, así como en Angola y Mozambique, en África”, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos. América Latina, por efectos de la corrupción, se enfrenta anualmente a la pérdida de un 3% del PIB regional (unos USD 140 millones de dólares). “La crisis de Odebrecht comenzó en Brasil con la operación Lava Jato, la cual ha puesto en evidencia los más de 349 millones de dólares en sobornos; la empresa ha admitido comenzar el soborno a políticos, funcionarios y partidos en 2001, para ganar los contratos públicos de su interés. Odebrecht fue uno de los propulsores de la candidatura de Bolsonaro a la presidencia. En Ecuador, el escándalo tiene preso al ex vicepresidente; en Colombia, siguen las dudas sobre la muerte de un contralor que investigaba el caso y su hijo, envenenado, mientras que un tribunal administrativo obliga a la empresa a pagar una multa. En Perú, siguen paralizadas obras públicas contratadas con esa empresa, un ex presidente se suicidó, otros están amenazados con cárcel y un tercero es un prófugo de la justicia. La trama de la inmensa corrupción comenzó a ser destapada con la intervención del Departamento de Justicia de Estados Unidos que habría descubiertos que Odebrecht pagó unos US$788 millones en comisiones ilegales por más de 100 proyectos de construcciones públicas en 11 países de América Latina, así como en Angola y Mozambique, en África. De acuerdo a los cálculos de la consultora Global Financial Integrity, América Latina pierde cada año unos US$140.000 millones por corrupción, un 3% del PIB de la región”. El caso ecuatoriano es digno destacarse, no porque la corrupción haya estado presente a lo largo de la historia, sino porque jamás habrían robado tanto como en la década del gobierno del presidente Rafael Correa Delgado que tanto reiteraba que era un gobierno de corazones ardientes y manos limpias. Afirmaba, sin pelos en la lengua, que era una década ganada, cuando en verdad ha sido una década robada y una deuda impagable de más de 65 mil millones de dólares. El Correato resultó una tragedia mayor para este país de la mitad del mundo. Se presume que, en el gobierno de Correa, Odebrecht habría entregado sobornos por una cantidad superior a los 400 millones de dólares, pero no fue sólo esa empresa la sobornadora, sino también empresas chinas, de otras nacionalidades y muchas ecuatorianas. En Ecuador, el vicepresidente Jorge Glas, la figura más cercana al ex presidente Rafael Correa, fue condenado a seis años de cárcel por asociación ilícita en relación con sobornos de la brasileña Odebrecht. Con él también fueron sentenciados, con la misma pena, su tío Ricardo Rivera y otras tres personas. La Fiscalía señala que Glas se benefició, a través de su tío, de US$13,5 millones. Pero no son sólo esos actos de corrupción los que agobian a este país. Surgieron denuncias sobre el caso Arroz Verde, una verdadera olla de albañal. Así, siempre se sospechaba que las campañas electorales movían muchísimo dinero nada limpio, de aportantes anónimos, y otros con nombres y apellidos que, luego, cobraban favores al ser nombrados ministros, embajadores y cargos de alto nivel. En la actualidad, gracias al trabajo de periodistas de investigación como Christian Zurita y Fernando Villavicencio, que han sido denunciados por recibir cuantiosas sumas de dinero de fuentes muy sospechosas de deshonestidad, aparecen supuestos fraudes financieros cometidos en las últimas campañas electorales de Rafael Correa y del actual presidente Moreno, quien ha expresado desconocer o dado su consentimiento, para usar dineros ilegítimos, al tiempo que ha pedido una investigación sobre las denuncias publicadas. Lo cierto y grave es que, durante los 10 años del régimen de Rafael Correa Delgado, no ha habido un lugar en donde no se haya metido la nauseabunda mano de la corrupción, hasta convertir a esos diez años, en la mayor era de atracos de la trágico-cómica historia republicana. Los poderosos e intocables de la “década ganada” son ahora delincuentes que están en la cárcel, y otros son prófugos de la justicia, pero con verdaderas fortunas a su disposición. Esos ladrones quizá no saben que la vida es corta y que nada de lo robado va con ellos en el ataúd. ¿Hijos, nietos, podrán vivir en paz o se acostumbrarán a mirar hacia otro lado, cuando les señalen con el dedo como descendientes del corrupto? Según las denuncias presentadas, las elecciones ganadas por Rafael Correa Delgado y Jorge Glas no han sido legítimas. Han sido producto del fraude electoral según sostienen algunos historiadores y analistas y, también, han sido financiadas por dineros de alcantarilla u obtenidos con abuso de poder. Los que buscaron y consiguieron “donadores” y los que dieron los billetes por montones, deben estar tras las rejas sin concesiones, al tiempo que deben ser confiscados sus bienes. ¿Cuándo la ley anticorrupción? Los escándalos de corrupción se suceden unos a otros y, en doce procesos judiciales, ha sido imputado el ex presidente Correa Delgado. Lo curioso es que tanto el ex presidente, como los demás miembros de su equipo de gobierno, unos pocos están presos, otros fugaron del país o se han convertido en prófugos de la justicia, entre ellos se señala al ex presidente Correa. Sin temor a equivocaciones, bien se podría afirmar que la corrupta Odebrecht no sólo es causante de millonarios sobornos a presidentes de gobiernos y funcionarios de alto nivel, sino que ha sido el gatillo para detonar una crisis política, social y económica en América Latina, y crisis jurídica sin precedentes. Inclusive, Odebrecht, directa o indirectamente, es responsable del suicidio del ex presidente de Perú, Alan García que había sido imputado por la Justicia de su país, de haber recibido sobornos por la cantidad de doscientos mil dólares para financiar su última campaña electoral a la Presidencia de la República. Las noticias decían que “los peruanos despertaban consternados con la noticia de que el expresidente Alan García se había disparado en la sien cuando policías y fiscales llegaron a su casa para detenerle en el contexto del escándalo de Odebrecht, la última vuelta de tuerca de una colosal trama de corrupción que pulveriza a la clase política latinoamericana de las últimas dos décadas. García (1985-1990 y 2006-2011), que falleció poco después, no es el único expresidente peruano al que se ha investigado en relación con Odebrecht. Perú con cuatro expresidentes y la líder de la oposición Keiko Fujimori salpicados, se lleva uno de los peores balances de la hidra de la corrupción que se cierne sobre la región. Periodistas y analistas sostienen que “todo comenzó en Brasil cuando Sergio Moro, ahora flamante ministro de Justicia del Gobierno de Jair Bolsonaro, pero entonces desconocido juez de Curitiba, se encargó de la instrucción de la Operación 'Lava Jato' que reveló un complejo esquema de sobornos implementado por la empresa constructora más grande de América Latina, Odebrecht, para pagar a políticos y partidos de la región y a funcionarios de dos países africanos. LULA CONDENADO Lula siempre dijo que era inocente y que los que le acusaron y condenaron a 12 años de prisión, carecían de pruebas. Nunca nadie presentó ninguna prueba sobre algún acto corrupto que habría cometido el Ex presidente Lula. Al parecer todo fue una nefasta trama urdida entre fiscales y jueces para impedir que Lula fuera elegido, nuevamente, Presidente de Brasil. La reista Semana de Colombia afirmaba que Brasil está sacudido por la divulgación de mensajes entre los fiscales del caso Lava Jato y el entonces juez y actual ministro de Justicia, Sérgio Moro. Si se verifica la autenticidad de dichas filtraciones, quedaría expuesta la parcialidad política de Moro, que condenó a prisión al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, lo que llevó a su exclusión de la campaña presidencial de 2018 cuando encabezaba todas las encuestas. Si esto fuera así, se trataría de una grave intromisión jurídica en las elecciones, que habría influido en el triunfo de Jair Bolsonaro. La pregunta resulta inevitable: ¿habría ganado Lula de no haber existido estas maniobras judiciales? Los mensajes fueron revelados por el medio digital The Intercept Brasil, del periodista Glenn Greenwald, ganador del Premio Pulitzer por publicar las pruebas de una extensa red de espionaje mundial patrocinada por Estados Unidos y sacada a la luz por Edward Snowden. Lula, que dejó la presidencia en 2010, fue condenado por el juez Moro de haber recibido, supuestamente, un soborno de un millón de dólares de la constructora OAS en reformas a un apartamento tríplex, en la ciudad balnearia de Guarujá. El “regalo” habría sido a cambio de favorecer los contratos de la constructora con la empresa Petrobras, en el marco de la mega investigación Lava Jato. El expresidente fue condenado a doce años y nueve meses de prisión. Con la sentencia confirmada en segunda instancia, Lula no pudo competir en las elecciones de octubre de 2018, en las que era el principal favorito. La pena luego fue reducida a ocho años, diez meses y veinte días por el Superior Tribunal de Justicia. En las conversaciones filtradas por The Intercept, hay tres cuestiones claves: intercambios de mensajes entre el juez Moro y el procurador Deltan Dallagnol, responsable de la Operación Lava Jato en Curitiba y principal artífice de las denuncias contra el expresidente; dudas de Dallagnol sobre la solidez de las pruebas contra Lula; y conversaciones de Dallagnol con su grupo de fiscales para impedir una entrevista de un importante medio con Lula antes de las elecciones de 2018. Según se desprende de los textos, Moro habría interactuado con los fiscales, sugiriendo procedimientos y dando consejos para avanzar en la acusación contra Lula. La colaboración entre el fiscal y el juez está prohibida en Brasil, donde rige el sistema acusatorio: el fiscal presenta las pruebas en contra del imputado, y el juez, que debe ser imparcial, decide entre los argumentos del acusador y de la defensa. Los mensajes permiten deducir que los fiscales hicieron maniobras para sacar la causa judicial de São Paulo y llevarla a Curitiba, vincularla con Lava Jato y dejarla en manos de Moro, hasta entonces un juez sin trascendencia, ni prestigio alguno. Era un desconocido que se hizo famoso al condenar a Lula y enviarlo a la cárcel. En pago al favor recibido, el fascista Bolsonaro le nombró Ministro de Justicia. El propio fiscal Dallagnol duda de la fuerza de la prueba contra Lula. “Dirán que estamos acusando con base en una noticia y de indicios frágiles… Entonces es un elemento que sería bueno que esté bien amarrado”, decía en un mensaje. “La denuncia está basada en mucha prueba indirecta de autoría, pero no cabría decir eso en la denuncia y en la comunicación evitamos ese punto”, sostuvo el fiscal. Dallagnol se refiere a un artículo periodístico de O Globo en 2010 que informaba que el expresidente había comprado un apartamento en Guarujá. Pero en el artículo nunca se menciona la palabra tríplex, que sí aparece en el expediente, y se identifica un apartamento en la torre B y no en la torre A con vista al mar, como aparece en la acusación; torre que, entre otras cosas, no existía en ese momento. El exjuez Sérgio Moro, reconocido por su mano dura en el caso Lava Jato, habría ejercido presión para que Lula da Silva terminara tras las rejas. Si se comprueba la veracidad de las filtraciones, se trataría de un claro caso de intervención política de la justicia para forzar un resultado electoral y apartar al seguro ganador de la contienda. Esto demostraría que la justicia fue funcional al triunfo de Jair Bolsonaro, el cual premió a Moro con el Ministerio de Justicia y a quien defiende cada vez que puede. A más de la condena a Lula, también, cabe destacar las 12 causas abiertas contra la expresidenta y senadora Cristina Fernández de Kirchner en Argentina. En Argentina, el juez Alejo Ramos Padilla inició una investigación contra el fiscal Carlos Stornelli, el principal impulsor de la ‘causa de los cuadernos’. Se trata de la mayor investigación sobre el sistema de sobornos pagados por las principales empresas constructoras del país a altos funcionarios de los Gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, a cambio de obras públicas. Ramos Padilla procesó al fiscal Stornelli por sus relaciones y mensajes telefónicos con el falso abogado y espía Marcelo D’Alessio, que presumía de altos vínculos con el Gobierno de Macri y chantajeaba empresarios. Les decía que Stornelli los iba a involucrar en la ‘causa de los cuadernos’, y se ofrecía a impedirlo a cambio de altas sumas de dinero. Para el abogado penalista Marcelo Parrilli, en Argentina se dan varios elementos de esta lawfare, como el abuso de la prisión preventiva y “la minimización del principio de inocencia”, pues hasta la sentencia definitiva, “el proceso se mantiene solo por sospechas, posibilidades o probabilidades de que haya delito, y recién en la instancia final si no se pudo destruir por completo la inocencia del imputado, se lo absuelve”. Para todos los pueblos, sin excepción, cuando la justicia se politiza deviene en múltiples tragedias y en hondas crisis políticas. En Argentina, el uso de la figura del arrepentido, que consigue su libertad a cambio de incriminar a otros funcionarios más altos, también es cuestionado, ya que puede llevar a excesos y a una verdadera politización de los casos. Varias de las causas contra Cristina Fernández se basan en declaraciones de arrepentidos que aceptan aportar información a cambio de una reducción en su pena. Los defensores de la senadora alegan que se ha utilizado la justicia para intentar excluirla de la contienda, tal como habría pasado con Lula en Brasil. Cuando se inauguró la Copa América de Fútbol que se jugará en varias ciudades de Brasil, gremios sindicales, estudiantes y profesores iniciaron una huelga nacional en protesta por la reforma de las jubilaciones de Bolsonaro. Ese descontento aumentó con las revelaciones de The Intercept, pues los brasileños se preguntan si estas propuestas habrían tenido cabida en otro gobierno del PT. Mientras tanto, Bolsonaro promueve su reforma... y defiende ferozmente a su ministro de Justicia, Sérgio Moro. Si continúan las publicaciones de The Intercept y si un giro de la suerte conduce a revertir, aunque sea parcialmente, las acusaciones contra Lula o lo deja en libertad, se estará sentando un precedente que también podría tener una importante influencia en las elecciones argentinas y en toda la región. Pero los inmensos casos de corrupción que se iniciaron con 'Lava Jato' “fue sólo la punta del iceberg. Odebrecht fue durante dos décadas una orgullosa carta de presentación de la política exterior brasileña y sus ejecutivos fueron recibidos como personalidades importantes en toda América Latina. La lista de proyectos de construcción pública vinculados a Odebrecht en la región es interminable: líneas de metro en Venezuela, un complejo proyecto de irrigación en Perú, un puerto de mil millones de dólares en Cuba, represas eléctricas en Panamá, tranvías en Colombia y las sedes olímpicas en Brasil, varios proyectos viales e hidroeléctricos e hidrocarburíferos en Ecuador. En diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos condenó a Odebrecht a pagar una multa récord de 3.500 millones de dólares, después de las confesiones de varios de sus directivos. Su director general, Marcelo Odebrecht, fue condenado a 19 años de cárcel en Brasil. La sentencia dictaminaba que la empresa pagó entre 2001 y 2006 cerca de 788 millones de dólares en sobornos en asociación con más de 100 proyectos en doce países, según Euronews. Wikipedia sostiene que el Caso Odebrecht es una investigación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, junto con otros 10 países más de América Latina sobre la constructora brasileña Odebrecht, en la que se detalla que la misma habría realizado coimas de dinero y sobornos, a presidentes, ex-presidentes y funcionarios del gobierno de 12 países: Angola, Argentina, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela, durante los últimos 20 años, para obtener beneficios en contrataciones públicas. Odebrecht creó esta «Caja B» a finales de los años 2010 con el nombre de «Sector de relaciones estratégicas» para disimular la maraña de coimas. Concepción Andrade, entonces veinteañera y empleada de la empresa, fue la primera secretaria del ilegal departamento de sobornos, con base en Brasil, desde 1987. A su despido, en 1992, se marchó a casa con los registros que había levantado y los guardó durante tres décadas hasta entregarlos a la justicia brasileña y a la Comisión del Congreso encargada de la investigación. Cabe resaltar que la empresa, creada en 1944, en el Estado de Bahia, (Brasil) creció durante la dictadura militar, fue la constructora que más creció durante este período. Según los fiscales estadounidenses entre 2007 y 2014, Odebrecht realizó múltiples pagos de sobornos por valor de US$35 millones de dólares a funcionarios gubernamentales en Argentina. En enero de 2017 fue imputado el jefe de la Agencia de los servicios de Inteligencias argentino, Gustavo Arribas por la recepción de coimas y otras dádivas de Odebrecht.5 Entre el 25 y 27 de septiembre de 2013 un operador financiero brasileño condenado por la justicia de Brasil por el caso Lava Jato transfirió más de medio millón de dólares a una cuenta de Gustavo Arribas, destinados al pago de coimas, lavado de activos y evasión. De acuerdo al documento judicial difundido por Estados Unidos, empezando en 2009, Odebrecht pagó aproximadamente US$349 millones de dólares en sobornos a varios partidos políticos del país, funcionarios extranjeros y sus representantes en Brasil, financiaba las campañas políticas en las elecciones para obtener beneficios y contratos de obras de construcción con gobiernos locales en diferentes distritos del país, con el gobierno central y varias empresas públicas administradas por el Estado. La cadena de corrupción de Odebrecht ha provocado crisis políticas y económicas en América Latina. Desde México hasta la Tierra del Fuego, ningún país ha escapado de las garras de esas siniestras operaciones.

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