Lo que hicieron y dejaron de hacer en la Comuna 13
– Pensábamos que a mi hermano se lo habían robado – dijo Juan Diego Mejía, se detuvo un momento y miró el techo del auditorio. Dijo que, como su hermano, en la Comuna 13 de Medellín había 250 personas desaparecidas, que, en El Morro, El Cebollal, La Loma, La Arenera y La Escombrera estaban los cuerpos de sus familiares.
En La Arenera continúan extrayendo materiales de construcción y moviendo la tierra de un lado a otro, y en La Escombrera continúan las volquetas arrojando desechos sobre los cuerpos de los suyos.
– Pero la montaña es otra. Han primado los intereses económicos por encima de las víctimas–, agregó.
Hacía unos momentos, Mujeres caminando por la verdad, un colectivo empecinado en la búsqueda de sus familiares, la mayoría de ellos entre 2001 y 2003 durante operaciones militares como Orión, habían ingresado al auditorio en fila india, con sus camisas blancas y sus pañoletas en el cuello. Subieron al escenario y saludaron a cinco magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP. Les pidieron que dictaran medidas cautelares para la búsqueda de los suyos, algo así como pedir la protección de 16 lugares en el país, entre ellos la Comuna 13, en donde se cree hay desaparecidos.
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Una mujer en el escenario leyó el orden de intervenciones. Los magistrados querían escuchar a los líderes y movimientos que persisten en la búsqueda y saber qué habían hecho las instituciones. Durante dos días, funcionarios de la Gobernación de Antioquia, Fiscalía, Personería y Alcaldía de Medellín responderían por lo que hicieron y dejaron de hacer.
Victoria Eugenia Ramírez, secretaria de gobierno de Antioquia, subió al escenario y lo cruzó a espaldas de los magistrados. Se paró frente al atril y contó que Antioquia tiene 125 municipios, que tienen profesionales para la atención psicosocial, que hacen eventos y que para estos dan alimentación y transporte, que el departamento tiene problemas de seguridad en Urabá y Bajo Cauca, que hicieron capacitaciones relacionadas con la desaparición y que “nuestra cultura es montañera”. Agradeció a los magistrados, al público y no dijo una palabra sobre la Comuna 13.
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La fiscal Nancy Posada Ramírez tenía un vestido y el cabello rubio. Contó que desde el año 2002 la Fiscalía hace exhumaciones en la Comuna 13. Que los paramilitares del Bloque Cacique Nutibara entraron por el corregimiento San Cristóbal, en el Occidente de Medellín, y que por eso los primeros registros, antes de La Escombrera y La Arenera, están en esa zona.
Por momentos miró a Adriana Arboleda, directora de la Corporación Jurídica Libertad (CJL), y contó que trabajaban con las organizaciones y los familiares. Que en 2018 la CJL les entregó 48 casos que documentaron. Que han socializado los avances y que hay ex paramilitares encarcelados que quieren señalar lugares en los que inhumaron a sus víctimas. Pero que ellos quieren que la JEP les escuche sus testimonios. Entre esos antiguos hombres de la guerra estaban un tal Aguilar y Juan Carlos Rodríguez, y que hay lugares de inhumación que no han sido identificados.
La fiscal les dio la palabra a algunos compañeros. La antropóloga Adriana Hernández dijo que tenían una nueva propuesta de polígono. Sucede que, en 2015, la Alcaldía de Medellín y la Fiscalía hicieron la excavación en uno de los tres polígonos en los que se creía había desaparecidos. Después de 3.700 metros cuadrados de tierra, y 14 metros de profundidad, se encontraron solo unos pocos huesos de animales. Entonces, decía la antropóloga, tenían una nueva propuesta. Sobre esta habló Albeiro Marín, del grupo de criminalística, presentó unas fotos de Google Earth y mostró los cambios en La Arenera en las últimas dos décadas. Del verde con pocas carreteras amarillas se pasaba a un sitio explotado y terroso, con unos pocos árboles. Este nuevo polígono tiene 6.230 metros cuadrados de tierra, pero el 80% fueron removidos por la empresa Construcciones El Cóndor entre 2003 y 2014. Es decir, que después de la inhumación de los cuerpos continuaron arrojando y removiendo tierra, por eso 1.570 metros cuadrados faltan por intervenir. Al final, el antropólogo John Fredy Ramírez tomó la palabra y dijo que en 2015 él estuvo al frente de la excavación y que, en el diálogo con un operario de El Cóndor, este le dijo que como necesitaban material del polígono 2, intervinieron este lugar y lo arrojaron en el polígono 1.
La Fiscalía terminó su intervención y bajó del escenario. Luego vendrían las preguntas.
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Todo parecía tranquilo hasta allí en la jornada de la mañana. La organización Équitas tomó la palabra y presentó algunos datos. En la Comuna 13 tienen registros de 384 personas desaparecidas en el último medio siglo, de las cuales 355 continúan desaparecidas. Las cifras aún son aproximaciones, dijeron, que hay un grave subregistro, que por ello es difícil construir un universo cierto de las víctimas en la zona.
Entonces vinieron más datos. Señalaron, que los esfuerzos técnicos de búsqueda se quedaron cortos desde 2008, que la Alcaldía de Medellín y la Fiscalía se han abstenido de intervenir el polígono tres por lo escarpado que es el terreno. Pero, además, que una investigación de este tipo debe tener un cruce de estudios multitemporales, topográficos, geológicos, georreferenciados, hidromorfológicos de, por los menos, la última década y que no solo se podía investigar con base en versiones de exparamilitares. Esto, porque la Fiscalía basó la intervención del polígono uno en la versión del exparamilitar Móvil 8. Y no encontraron nada.
Para cerrar agregaron unas recomendaciones a la JEP: que se debían ampliar las fuentes y cruzarlas, que se debía consolidar el universo de personas desaparecidas en la Comuna 13, que se debía verificar y cruzar la información de cuerpos recuperados, identificados y entregados, que se delimitaran las áreas más allá de los testimonios de los excombatientes, que se dictaran medidas de protección para los lugares de búsqueda y que se construyera una estrategia técnica para la intervención de los lugares donde se creía estaban los desaparecidos.
Entonces, ¿qué habían hecho las instituciones en la última década?
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La Escombrera es la fosa común más grande del país y de América Latina, dijo Rubén Darío Pinilla a través de una pantalla. No se sabía dónde estaba, pero hablaba porque en septiembre de 2015, cuando era magistrado de la Sala de Justicia y Paz en Medellín, emitió una sentencia sobre el Bloque Cacique Nutibara. El documento de 64 páginas dice que se presume la desaparición de 300 personas en La Escombrera, que “los integrantes del Bloque Cacique Nutibara no sólo aterrorizaban a la población, sino que sacaban a las víctimas de sus casas, las amarraban, torturaban y/o asfixiaban mecánicamente y luego eran desmembradas, descuartizadas y/o decapitadas. Después las inhumaban en lugares que eran utilizados comúnmente para ese fin, como La Escombrera, La Arenera, el Morro, los barrios Vallejuelos, el alto de Bellavista, El Cebollal, San Javier La Loma, el cerro de Los 12 Apóstoles y la Finca Buenavista de la vereda Bellavista de San Cristóbal”.
Para Pinilla, se trataba de una práctica sistemática del grupo paramilitar y un crimen de lesa humanidad y de violación grave de los derechos humanos.
En 2013, la Sala de Justicia y Paz ya le había dicho a la Alcaldía de Medellín que tenía el deber de tomar medidas para suspender el arrojo de escombros en La Escombrera y La Arenera y que se debía rehabilitar esas zonas para dignificar a las víctimas.
La Sala declaró que el Estado y la Alcaldía de Medellín eran responsables por acción y omisión por los crímenes cometidos por los paramilitares y les ordenó a la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía y el Concejo, suspender el arrojo de escombros en esta zona.
Pero de ello, ni la Gobernación suspendió la licencia minera para que El Cóndor continuara explotando La Arenera, ni la Alcaldía evitó que Bioparques S.A., quien explota La Escombrera, continuara arrojando escombros sobre los desaparecidos.
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El magistrado Gustavo Salazar, hasta entonces silencioso en la audiencia, le pidió a la fiscal Nancy Posada Ramírez que subiera al escenario y respondiera unas preguntas. Son dos preguntas, le dijo: ¿cuál es el universo de víctimas de desaparición en Medellín y en la Comuna 13?
– Entre 1998 y 2003 tenemos 113 de víctimas del Bloque Cacique Nutibara– dijo. Su respuesta no incluía las víctimas de desaparición de los bloques Metro y Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, que también tuvieron presencia en la Comuna 13 durante ese periodo. Es decir, había otras fiscalías que tenían los casos de los otros grupos y aún, después de tres lustros, no habían compilado esa información.
Un magistrado intervino y preguntó si habían investigado los dueños de los predios La Arenera y La Escombrera. La fiscal respondió que no sabía, que tenía que preguntar, que al otro día tendría una respuesta.
El magistrado Salazar tomó de nuevo la palabra y le dijo que habían pasado 16 años, que por qué la Fiscalía no había consolidado una cifra, un universo de víctimas desaparecidas en la Comuna 13.
– Ehhhh– dijo ella, un poco ruborizada, de sonrisa incómoda, ¡qué respuesta tan complicada!
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María Paulina Suárez es la secretaria de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos de Medellín. Es una mujer joven de cabello claro. Preparó una presentación en Power Point. 75 hectáreas sumaban los tres polígonos donde empezó la excavación, que no hubo resultados en 2015, que tienen un plan local de búsqueda de desaparecidos que construyeron con las víctimas y que hicieron una deliberación porque eran necesarias varias miradas. Que hicieron 17 jornadas de tomas de ADN, dos de ellas en la Comuna 13; que tienen la revista Rostros, con un tiraje de 1500 ejemplares y que, si los magistrados se lo permitían, les dejaría varios números. Que el plan de búsqueda era una propuesta flexible y que se puede mejorar. Aunque a la actual alcaldía le resta medio año.
Luego, Guillermo Durán Uribe, personero de Medellín, subió al atril y dijo que estaba mal de la garganta, aunque se le escuchaba perfecto, y que para ello había designado una persona. Era un hombre no mayor de 40 años, alto, de barba prolija que dijo que no existía voluntad para buscar los desaparecidos, que no había celeridad para hacer las excavaciones, que, aunque no se hayan encontrado cuerpos en el primer polígono está pendiente la viabilidad de los otros dos. Que el Estado no puede dejar en una espera indeterminada a las víctimas.
– Si el Estado atenta contra la materialización de derechos de las víctimas, ¿cuál es el inventario concreto de medidas disciplinarias o judiciales sobre funcionarios? – preguntó el magistrado Salazar.
– Hablo de presuntos…– el magistrado lo interrumpió y le pidió que fuera concreto. Le dijo que su pregunta era si había oficios a otras instituciones.
– No, señor magistrado.
Aseguró que no tenían registro exacto de acciones populares, derechos de petición, pero que daban fe de su trabajo, las 24 horas del día y los siete días a la semana.
El magistrado le preguntó a la Procuraduría si tenía información disciplinaria. Pero el representante aseguró no tener conocimiento de ninguna copia de la personería.
– No han librado ni expedido los oficios para que se adelanten las investigaciones– completó.
El magistrado preguntó si las organizaciones tenían preguntas. Adriana Arboleda, una mujer pequeña, rolliza y de cabello negro levantó la mano, se levantó de su silla y le preguntó al hombre encargado de la defensoría, ya incómodo, ya transpirando, qué habían hecho con la información que le habían entregado a la Personería con información de las víctimas, cuál fue el seguimiento que le hicieron al presupuesto que la alcaldía de Aníbal Gaviria había dejado para continuar la excavación en los polígonos dos y tres, y que el alcalde Federico Gutiérrez no había querido continuar.
El hombre, incómodo, aseguró que había desconfianza de las víctimas, que hay un subregistro de víctimas, lo que ya se había repetido.
–¿Cuál fue el acompañamiento concreto que hicieron al Plan de búsqueda de desaparecidos? – preguntó Arboleda.
Un tipo grandulón se acercó por la espalda al hombre incómodo, el que quería salir corriendo, le dijo unas palabras y asintió un par de veces. No tenía mucho que decir.
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El magistrado Salazar, cabello castaño peinado de lado y lentes pequeños, pidió a la secretaria de la Alcaldía, María Paulina Suárez, que pasara al frente.
El representante de la Procuraduría pidió la palabra y dijo con preocupación que la Alcaldía presentó el mismo informe que conocieron en 2018, que no había nada diferente, que no despejaban dudas sobre el universo de víctimas, les pidió que aportaran información nueva y concreta.
La secretaria dijo lo de todos: no se ha determinado el número de víctimas, pero que revisaron los datos con la Fiscalía.
María Victoria Fallon, abogada del Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos (GIDH), preguntó por los términos actuales de las licencias de La Escombrera y La Arenera.
En 2015 se retiró la licencia en el polígono 3 y el polígono 2, respondió la secretaria.
– Pero los polígonos no son el universo –refutó Fallon. No me refiero a los polígonos sino a La Escombrera y La Arenera.
El magistrado Salazar preguntó qué había hecho la alcaldía en los últimos cuatro años, sobre todo para intervenir los polígonos 2 y 3. La secretaría dijo que dependía de la Fiscalía, que la Alcaldía tenía el dinero, que había una bolsa de recursos.
En la discusión intervino Adriana Arboleda, de la CJL, insistiendo sobre el procedimiento para el cierre de La Escombrera y La Arenera, que no hablaba de los polígonos sino de los lugares completos. Y preguntó por qué la Alcaldía se indignó por la muerte de tres jóvenes en la Comuna 13 en 2018 y por qué no tenía la misma actitud con las víctimas de La Escombrera.
– Cada volqueta que sube deja más metros abajo las víctimas. Llevamos 17 años pidiendo justicia–, concluyó Fallon. Luego le entregó al magistrado Salazar una investigación no oficial de la Alcaldía de Medellín de 2010 sobre los desaparecidos en la Comuna 13.
En ese momento de la tarde, era evidente que la Fiscalía no había avanzado en la extinción de dominio de La Arenera ni La Escombrera, ni tenía un universo de víctimas desaparecidas luego de tres lustros; que la Alcaldía de Federico Gutiérrez no había avanzado en la búsqueda de desaparecidos de la Comuna, que tenían datos distintos a la Fiscalía y que no sabían del estado actual de la licencia de funcionamiento de La Escombrera; la Defensoría no había elaborado oficios ni los había remitido, ante la ineptitud de los funcionarios públicos; y la Gobernación de Antioquia no tenía conocimiento sobre las licencias mineras que tenía El Cóndor en La Arenera.
Que tendrían respuestas al otro día.
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El día siguiente hubo anuncios de todo tipo. La Fiscalía aseguró que la Alcaldía de Medellín había permitido la construcción de edificios en parte de La Escombrera, que había edificado sobre los cuerpos de las víctimas. En la parte alta de San Javier, en la Comuna 13, había 558 viviendas construidas con recursos de la Alcaldía y el Gobierno Nacional. Pero también informó que no sabían dónde estaban tres de los cinco cuerpos exhumados en la Comuna 13 en 2003, que perdieron las muestras de tejidos, y que esos cuerpos se extraviaron en el Cementerio Universal de Medellín.
Se conocieron fragmentos de la investigación de 2010 que había engavetado la Alcaldía de Medellín, en donde había información clave sobre los desaparecidos. (Ver: SEMANA revela informe sobre desaparición en la comuna 13 que habrían engavetado en Medellín en 2010); y que Jorge Enrique Aguilar Rodríguez, alias “Aguilar”, recibió una condena de 26 años por delitos como las desapariciones en la comuna 13 de Medellín (Ver: Condenan a paramilitar que sembró el terror en la comuna 13).
La secretaria de gobierno de Antioquia, Victoria Eugenia Ramírez, dijo que se le había ampliado por una década más los tres títulos mineros de La Arenera a Construcciones El Cóndor, que no había ninguna orden judicial que lo impidiera, a pesar de la sentencia de 2015 de la Sala de Justicia y Paz.
En el cierre, los magistrados le ordenaron a la Gobernación de Antioquia que presentara los “informes de fiscalización minera que ha hecho en las zonas de La Arenera y La Escombrera, en el marco de los títulos mineros otorgados por la Secretaría de Minas”, y le dio un plazo de 30 días para que presentara un plan de memoria para honrar a los desaparecidos de la Comuna 13.
Al finalizar, las mujeres que aún buscan a sus familiares les entregaron a los magistrados un cuaderno con los nombres de los desaparecidos. Esperan que, ahora sí, puedan recuperar a sus hijos, sus esposos, su gente.
1 Periodista de la Universidad de Antioquia. Autor de los libros “Aquitania. Siempre se vuelve al primer amor” (Sílaba Editores, 2016) y “Con el miedo esculpido en la piel” (Hombre Nuevo Editores, 2013). Algunas de sus crónicas han sido publicadas en Frontera D (España), ¡El Espectador, Verdad Abierta, Pacifista!, Universo Centro y Hacemos Memoria.
Edición 645 – Semana del 27 de julio al 2 de agosto de 2019
http://viva.org.co/cajavirtual/svc0645/articulo01.html
