El Pueblo Kitu Kara frente al debate de la despenalización del aborto por violación

¿Quiénes atacan al movimiento de mujeres y al feminismo que luchan por la despenalización del aborto, por los derechos de las mujeres víctimas de violación? Todos hemos visto que los grandes medios de comunicación amplifican las voces de jerarcas de la iglesia, de pastores evangélicos, de políticos –hombres y mujeres- de partidos de derecha, que ofenden a quienes defienden los derechos de las mujeres y proponen la despenalización del aborto. Dicen defender la vida, que abortar es pecado, que despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo es un crimen y es abrir las puertas para el libertinaje de las mujeres. Pero a la vuelta de la esquina, o a la vuelta de un canal de TV, estos mismos personajes defienden la reducción del Estado que implica el despido de 14 mil trabajadores públicos, la gran mayoría de ellos del sector de la educación y la salud; exigen la disminución el “gasto público” que significa reducir el presupuesto a los proyectos sociales que protegen derechos de niños, niñas y adolescentes; al grito de “con mis hijos no te metas” reclaman que se quite los programas de educación sexual en los centros educativos que están destinados a reducir los embarazos no deseados y las maternidades forzadas en niñas. Estos sectores ni son “pro-vida” ni defienden a las mujeres, todo lo contrario: buscan preservar el poder de un sistema patriarcal y machista, y protegen el poder del Estado y de los grandes capitalistas en contra de los derechos de los pueblos y de las mujeres. Las mujeres que optan por abortar y que hoy son criminalizadas, son víctimas de un perverso sistema que las derechas políticas, económicas, religiosas pretenden perpetuar. En el Ecuador el régimen legal y la mentalidad conservadora predomínate, las mujeres se ven obligadas a interrumpir sus embarazos de manera clandestina, en condiciones insalubres, poniendo en riesgo sus vidas. Según informe de la fiscalía desde que se aprobó el COIP en el 2014 hasta diciembre del 2018 existieron 307 denuncias por aborto consentido, según el Consejo de la Judicatura 112 de estas causas fueron resultas y 21 de ellas fueron contra adolescentes; además los informes indican que el 100% de las mujeres procesadas son pobres, y el 69% de ellas tienen entre 14 y 19 años. Continuar con esta injusta y opresiva legislación es condenar a muerte a mujeres pobres. Ante esta realidad, el Pueblo Kitu Kara, como organización que lucha por la defensa de los derechos humanos, la equidad y la no discriminación une sus esfuerzos a las organizaciones del movimiento de mujeres que luchan por la despenalización del aborto impulsando la modificación del artículo 150 que hace referencia al aborto consentido no punible en casos de violación, incesto, por inseminación no consentida y malformación del feto, incompatible con la vida extrauterina. Porque defender la integridad y dignidad de una mujer víctima de una violación es defender la vida. En este contexto, también hacemos un llamado a los asambleístas del Movimiento Pachakutik a posicionarse claramente a favor de los derechos de las mujeres y a ser parte del proceso de progresividad y garantía de los derechos ciudadanos.

Por el Consejo de Gobierno

Fernando Cabascando

PRESIDENTE