Paro nacional contra el paquetazo de Duque
Multitudinarias movilizaciones, convocatorias a paros nacionales y el desarrollo de jornadas de protesta como expresión de la rebeldía y la lucha popular, son el común denominador en países de la región como Ecuador, Chile y Colombia en rechazo a las imposiciones del FMI y la OCDE; quienes a partir de las “recomendaciones” a los gobiernos serviles y lacayos vulneran derechos básicos y fundamentales conquistados por los pueblos en años de lucha.
Esta muestra de rebeldía y oposición es la respuesta unitaria y organizada del conjunto del movimiento sindical, social y popular, que confronta el modelo neoliberal depredador, logrando revertir medidas antipopulares, como lo sucedido con los gobiernos de Lenin Moreno y Sebastián Piñera.
El impacto de dichas políticas tiene una relación directa con el contexto de nuestro país, debido a la adopción de medidas regresivas del gobierno de Iván Duque por vía del Congreso de la República, por la sanción del Plan Nacional de Desarrollo, el Presupuesto General de la Nación y la Reforma Tributaria, mal llamada “Ley de Financiamiento”, declarada inexequible por la Corte Constitucional por vicios de trámite, pero cuyo trasfondo es la tributación por vía de nuevos impuestos a sectores populares y capas medias.
Otra medida adversa tiene que ver con el anuncio del paquetazo neoliberal, como dictamen del sistema financiero internacional a través de la Reforma Laboral, que precariza el empleo a partir de la exigencia empresarial del pago del 75% del salario mínimo jóvenes recién egresados de la universidad; la contratación por horas, la eliminación del recargo nocturno, dominicales y festivos, de las horas extras, de los intereses de cesantías y del salario mínimo.
De igual manera, se proyecta el trámite de la Reforma Pensional aumentando el monto de la cotización, la edad para pensionarse, la eliminación del régimen de prima media y la privatización de Colpensiones; complementando dichas políticas con el holding financiero cuyo énfasis es eliminar el control directo del Estado sobre los dineros de las empresas financieras estatales y avanzar en la privatización de empresas del sector público. Todo con el fin de posicionar la tesis de la confianza inversionista que favorece la llegada de compañías extranjeras y de paso institucionalizar una masacre laboral.
Al mismo tiempo, continúan los planes de exterminio y aniquilamiento de más de líderes sociales y defensores de derechos humanos, hasta la fecha van 680 víctimas de muerte, y además, en los últimos tres años, 184 excombatientes han sido asesinados posterior a la firma de los Acuerdos de Paz.
A esto se le suman las recientes masacres perpetradas en municipios del departamento del Cauca, la proliferación de amenazas, el incremento del desplazamiento forzado en varias regiones del país, el atentado a las sedes políticas del Partido Comunista Colombiano, PCC, la Unión Patriótica, UP y la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, FARC como forma de persecución a la oposición política y falta de garantías para el libre ejercicio de la movilización y la protesta social, lo que se considera además, como clara expresión de la política de terrorismo de Estado. Las situaciones mencionadas van en contravía de la concreción de una paz estable y duradera, y son características de una clase política dominante que incumple su palabra con el proceso de implementación del Acuerdo.
Todo este panorama determina la necesidad de avanzar en espacios de coordinación y articulación de la movilización y la protesta social, para confrontar la agenda legislativa del gobierno de Iván Duque, validando escenarios como el Encuentro Nacional de Emergencia del Movimiento Social y Sindical realizado el pasado 4 de octubre, con la participación de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, la Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC, la Confederación General del Trabajo, CGT, la CPC, la Cumbre Agraria, Fecode, la Unión Nacional de Estudiantes de Educación Superior, Unees, la COS y un importante número de organizaciones sindicales, sociales y políticas.
Estas organizaciones definieron avanzar en el diseño de una Agenda Común con la realización de la jornada nacional contra el paquetazo neoliberal, el pasado 17 de octubre; en la participación en las movilizaciones convocadas por la Unees contra la corrupción administrativa en varias universidades y en la exigencia del cumplimiento de los acuerdos pactados.
También definieron participar en la convocatoria del paro nacional del próximo 21 de noviembre como una acción unitaria de masas, que compromete al conjunto del movimiento sindical, social, popular, expresiones políticas alternativas, sectores en conflicto y a la sociedad en general, en el objetivo de derrotar, en las calles y carreteras, la agenda económica y el autoritarismo del actual gobierno. De igual manera, se plantea unificar acciones para reivindicar el derecho a la vida, el próximo 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos.
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