El sentido del proyecto de Ley de Simplicidad y Progresividad Tributaria

El 21 de noviembre de 2019, el Gobierno envió a la Asamblea Nacional el “Proyecto de Ley de Simplicidad y Progresividad Tributaria”, en sustitución del “Proyecto de Crecimiento Económico” que la Asamblea archivó el pasado 17 de noviembre. El nuevo proyecto pretende corregir la inconstitucionalidad del proyecto archivado al referirse a una sola materia: la reforma tributaria; sin embargo, al igual que el anterior, introduce otros temas, carece de sustento técnico y de información sobre los ingresos netos que se esperan obtener para paliar el déficit fiscal, una vez deducido el gasto tributario (nuevas exoneraciones, deducciones, excepciones, tratamientos preferentes, etc.) que, en vez de disminuir, se incrementa con el nuevo proyecto. Por tanto, de simplificación ni hablar!

Y de progresividad, tampoco. Un sistema tributario racional se sustenta en impuestos directos que gravan la renta o las utilidades, en una gestión que reduce a mínimos la evasión y elusión tributarias y fomenta el pago de impuestos transparentado el destino de éstos. En su lugar, el gobierno premia a los que no pagan con generosos planes de remisión tributaria y siguiendo el guion del FMI sustituye los impuestos directos por impuestos indirectos que gravan el consumo, como el impuesto al valor agregado (IVA) o el impuesto a los consumos especiales (ICE) -no los que consume el 1.7% más rico de la población sino los sectores de ingresos medios y bajos- y solicita una “contribución temporal” a las empresas que facturan más de un millón de dólares al año, en lugar de hacer efectivo más de 1.000 millones de dólares de deudas tributarias de los grupos económicos que ya tienen sentencia en firme. Esa es la orientación y el sentido de la reforma tributaria y para disimular incluye un ICE para reducir el consumo de plásticos.

En la misma dirección, las exoneraciones tributarias contempladas en el proyecto, si bien no constituyen una propuesta integral para fomentar las exportaciones, regular las importaciones y equilibrar el déficit de la balanza de pagos tampoco son el resultado del “descuido y la improvisación” y se orientan a incrementar las ganancias de los grupos económicos representados en el gabinete, vale la pena recordar: el Ministro de Economía, ex presidente del Comité Empresarial; el Ministro de la Producción: ex presidente de FEDEXPORT; el Ministro de Agricultura, exportador Bananero; el Vicepresidente, radiodifusor vinculado al sector camaronero. Y, otra vez, para disimular, algún beneficio para los pequeños y medianos productores de banano, “remisiones no tributarias” a favor de los estudiantes de nivel superior, de los damnificados del terremoto del 2016 o de los deudores de la CFN y BANECUADOR, pero, lo fundamental está dirigido a favorecer a los grandes exportadores de camarones, flores, banano, y pesca a quienes, en el 2018, ya les otorgaron beneficios laborales a través de las llamadas “nuevas modalidades contractuales” y, en el caso particular de los camaroneros, desde enero del 2019 reciben una compensación de 70 centavos de dólar por galón de diésel y esperan beneficiarse también de un proyecto de electrificación financiado por el BID, es decir, con deuda externa pública contratada en el marco de los acuerdos con el FMI. Todo ello a cambio de nada: ningún compromiso para incrementar las exportaciones, mejorar la calidad de los productos, prevenir plagas a través de la inversión en Ciencia y Tecnología o retornar los dólares al país.

Si con el “Proyecto de Ley de Simplicidad y Progresividad Tributaria” se aspira a recaudar apenas 600 millones de dólares frente a un déficit estimado de 7.795 millones, resulta ingenuo creer que su objetivo es resolver la crisis fiscal, más aún, cuando en el mismo proyecto, el gobierno, en lugar de renegociar los contratos con las empresas transnacionales de la telecomunicaciones les prolonga de 15 a 20 años y, en lugar de cobrarles más impuestos (en el 2018 facturaron 3.700 millones de dólares y apenas pagaron impuestos por el 3.65% de esos ingresos) les rebaja el pago por participación de mercado de 05% y 9% al 1,5 y 4,5% de la facturación anual; y por si eso fuera poco, les ofrece que devenguen el 80% de las tarifas de uso y explotación del espectro radioeléctrico, que le corresponde al Estado, en “inversiones tecnológicas”.

En síntesis, si “las reformas tributarias” no contribuyen a solucionar la crisis fiscal y se mantiene la espiral de endeudamiento externo; si a pesar de los incentivos tributarios y laborales la inversión privada no despega; si, a la par, se insiste en aplicar un programa recesivo y de achicamiento del mercado interno a través de la disminución de la inversión social, el despido de empleados públicos, el incremento de impuestos al consumo, la flexibilización laboral y la congelación de salarios, toda la política económica se orienta profundizar en lugar de paliar la crisis y mucho menos a reactivar la economía. En este contexto, es completamente previsible que en el nuevo año la banca privada retome la ofensiva para hacerse con el control total de los dólares de la economía (no solo los depósitos del público, también los de la seguridad social y de la reserva internacional) mediante la toma Banco Central (“autonomía”) para blindarse y hacer realidad la profecía autocumplida de desdolarizar la economía.

Ahí radica la mayor amenaza a la institucionalidad y estabilidad de la economía, de la sociedad y de la política.

https://coyunturaisip.wordpress.com/2019/12/12/el-sentido-del-proyecto-de-ley-de-simplicidad-y-progresividad-tributaria/