MISPA VII PARA REPRIMIR A LOS PUEBLOS QUE SE LEVANTAN CONTRA GOBIERNOS NEOLIBEALES ALIADOS DEL IMPER

La VII Reunión de Ministros en Materia de Seguridad Pública de las Américas, -MISPA- se realizó en Quito, entre el 30 y 31 de octubre con ministros o delegados de 14 países, con gobiernos de las derechas neoliberales, como los del Grupo de Lima, subordinados a los intereses geopolíticos de Washington, y con la misma doctrina que mantuvo durante los años de la Guerra Fría, sólo que, en estos tiempos, América Latina está convulsionada por protestas populares que “preocupan de manera extraordinaria a Estados Unidos”, razón por la que a esa cita llegó el viceministro de Justicia y Seguridad Pública, James McCament que mantuvo reuniones con la Ministra de Gobierno María Paula Romo, para “fortalecer las capacidades de la policía y migración con asistencia técnica”; es decir, para que se repriman, sin contemplaciones, las protestas. Tanta debe ser la preocupación de Estados Unidos por los levantamientos populares en contra de los gobiernos cipayos-neoliberales de América Latina que, también, ordenó a su lacayo Luis Almagro que funge como Secretario General de la Organización de Estados Americanos -OEA- que viaje a Quito a “reforzar” la VII Reunión de MISPA y mantenga encuentros de alto nivel para cumplir con los objetivos de represión contra los pueblos que osan levantarse contra los gobiernos aliados de Washington. El secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, mantuvo una cita con el presidente de la República de Ecuador, Lenin Moreno, al que felicitó por las decisiones adoptadas durante las manifestaciones ocurridas en los primeros 14 días de octubre. El presidente Moreno, a más de recibir a Almagro, alias “perro loco” en el Palacio de Gobierno, recibió a delegados de otros países que asistieron a la VII Reunión de Ministros en Materia de Seguridad Pública de la Américas (MISPA VII). En su discurso, Moreno dijo que agradecía la preocupación de la OEA por estar pendiente de la democracia del país. “Bienvenidos amigos acá, esta es la casa de ustedes. En esta oportunidad se ha convocado a los ministros de seguridad, que están reunidos en estos momentos (…) con distinguidos policías que están hablando acerca de la seguridad de los ciudadanos, de cómo prevenir la violencia, de cómo combatirla”. El secretario General de la OEA expresó que “es un honor visitar al presidente Moreno y tener la reunión ministerial de seguridad pública de las Américas en Quito. Ecuador es un país muy comprometido con el Sistema Interamericano no solamente en los pilares de la organización: democracia, accesos de derechos y equidad, seguridad, desarrollo integral, sino en la práctica”, al estilo yanqui, siempre que se alineen con la política continental impuesta por la Casa Blanca. A más de los elogios y discursos, los delegados a la Reunión MISPA VII, parece que no entendieron la real situación por la que atraviesa el Ecuador, al soportar una crisis económica, social y política de imprevisibles consecuencias. Durante las protestas de octubre, el gobierno de Ecuador fue duramente criticado por el uso indebido de la fuerza desatada por parte de los aparatos represivos del Estado. Tampoco, los asistentes a la VII Reunión del MISPA, se habrían enterado que, en los días de su presencia en Quito, aún estaba en vigencia el estado de excepción decretado por Moreno para controlar las manifestaciones de la primera quincena de octubre y que en Quito estaban delegados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH- para investigar las violaciones a los derechos, perpetradas por el gobierno de Moreno y sus fuerzas de seguridad que acabaron con la vida de una decena de personas e hirieron gravemente a decenas de manifestantes, en tanto que cerca de dos mil manifestantes fueron detenidos ilegalmente. La Ministra de Gobierno Ma. Paula Romo, muy cuestionada y receptora de severas críticas por sus fuertes decisiones de represión, fue la estrella- anfitriona de la Reunión y como tal fue elegida Presidenta de MISPA VII. Naturalmente fue requerida para mantener reuniones bilaterales con algunos de los delegados, pero fue inaudita la suscripción de un Convenio de Cooperación Interinstitucional con el ministro de Justicia y Seguridad Pública de Brasil, Sergio Fernando Moro del gobierno fascista de Bolsonaro que, con manipulación y corrupción de la justicia, condenó a Lula da Silva a 12 años de prisión. Lula está libre, pero es un perseguido político de la derecha neoliberal y fascista de Brasil. Con ese juez firmó el convenio con el “fin de fortalecer la seguridad pública” Esa Reunión se realizó cuando estaba vigente el estado de excepción decretado por el Gobierno, para terminar con las manifestaciones de octubre. Cierto que hubo excesos, pero que se busquen y concreten alianzas para configurar una “estrategia regional”, “para combatir delitos de grupos criminales y terroristas”, va más allá de los límites de la “racionalidad democrática”, porque, además, enmascara la represión violenta que se quiere imponer en nuestra América Latina. Trump y sus “aliados” latinoamericanos creen que hay “una amenaza a la democracia” desde Venezuela y Cuba, que “utilizan métodos subversivos” así como “criminales y terroristas” motivados por el Foro de Sao Paulo que es el “brazo político” de la subversión, pero Trump y sus lacayos no piensan que esas amenazas a la desestabilización, nacen de la dominación imperial y del recetario del FMI que provocan desigualdades e injusticias sociales que conducen a la pobreza-miseria de los pueblos. Es notorio que Estados Unidos, en defensa de sus peones-aliados, crea que es un problema de dimensiones extraordinarias “la clara falta de respuesta por parte de los gobiernos a las protestas masivas contra las políticas neoliberales”. Es más, en el caso del Ecuador, país anfitrión de la MISPA VII, Estados Unidos, por intermedio del Viceministro de Seguridad Pública James McCament y otros personajes, hayan criticado duramente al gobierno de Moreno, por la “permisividad” de policías y militares que se abstuvieron de respuestas contundentes; es decir a balazos, a los manifestantes. Los “ataques” de los manifestantes, según el Departamento de Estado de Estados Unidos, requieren con urgencia de una respuesta eficaz que no es otra cosa que “una estrategia regional” con el fin de fortalecer e intensificar el uso de la seguridad pública. Estados Unidos necesita de la paz de los sepulcros para imponer la dominación imperial y explotar los recursos naturales para su beneficio privado sin que nadie interrumpa la consecución de sus intereses económicos, militares y políticos. La doctrina yanqui de la represión, supone que los servicios de seguridad de los Estados subyugados o “aliados” deben ser usados de manera coordinada para atacar a políticos y actores sociales opositores, lanzando contra ellos acusaciones de distinta naturaleza o iniciando escandalosas investigaciones sobre supuestas corruptelas, lavado de dinero, narcoterrorismo, cooperación estratégica, intelectual y política con grupos armados “insurgentes” como diría el ministro de Defensa de Ecuador, general s.p. Oswaldo Jarrín, o investigación de supuestos financiamientos externos, o vincular a políticos de oposición con delitos y crímenes cibernéticos, y un largo etcétera. Otro aspecto que se debe considerar es el objetivo permanente y sicopático del imperio: Invertir por parte de la Casa Blanca algunos dólares, por parte de los Estados subordinados, y por parte de los lacayos, todo el dinero que haga falta para “capacitar” a las policías y a la totalidad de los aparatos represivos para que sean eficientes en el uso de la fuerza, para aniquilar las manifestaciones, inclusive, antes de que se produzcan, según la doctrina del Ministro de Defensa del Ecuador, Oswaldo Jarrín. Para que la represión tenga vía libre y se practique sin barreras, ni consideraciones sobre derechos humanos o acciones jurídicas, se considera indispensable reformar leyes que tengan por objetivo fundamental proteger a los miembros de los aparatos represivos del Estado que, eventualmente, podrían ser juzgados por el uso excesivo de la fuerza. En el caso de Ecuador, el Departamento de Estado trabaja con los asambleístas de las derechas políticas y económicas y sus partidos políticos para reformar el Código Orgánico Integral Penal -COIP- que permitan, por ejemplo, aumentar las penas para las personas “que maltraten de palabra u obra a funcionarios policiales”. Más aún, sería un grave delito el “ataque o resistencia a servidores policiales”. La prensa extranjera destacaba que la VII Reunión del MISPA a la que asistieron los ministros de Justicia y Seguridad Pública de varios países de la región, se vio fortalecida por la presencia del Presidente de la República del Ecuador, Lenin Moreno, siempre junto al “pero loco” secretario general de la OEA, Luis Almagro. “La MISPA, decían, se constituyó para todos los países miembros de la OEA, una oportunidad única de intercambiar informaciones y de crear mecanismos que fomentan la unidad y la reciprocidad. En el transcurso de la reunión se abordaron estrategias regionales para el combate de los crímenes organizados transnacionales, y la elaboración e implementación de políticas públicas para la reducción de homicidios, entre otros temas, en materia de seguridad pública de la región, considerando que las manifestaciones y protestas populares deben ser controladas y reprimidas para garantizar la seguridad pública de un país que se viera convulsionado por actuaciones de las masas. MISPA VII se realizó cuando América Latina está convulsionada por una serie de protestas populares en contra de los gobiernos de Chile, Colombia, Brasil, Ecuador, Perú, Honduras, Argentina -antes de contar con nuevo gobierno de características progresistas- que mantiene en vilo y furioso a D. Trump ante la posibilidad del fin de gobiernos que convirtieron a sus países en lotes del “patio trasero”, pero está feliz de que el presidente de Bolivia, Evo Morales haya renunciado en medio de un golpe de Estado, porque se ha salvado la “democracia” en ese país andino. Esa Reunión de los patriarcas de la represión, se realizó cuando aún el Gobierno de Ecuador estaba dolido, por las manifestaciones lideradas por la CONAIE y el FUT que demostraron que “el pueblo unido jamás será vencido”, por lo que es fundamental la represión, de conformidad con la “estrategia regional” según la concepción estadounidense. “MISPA es el máximo foro hemisférico, que se realiza cada dos años, con la finalidad de intercambiar buenas prácticas en el ámbito de la prevención, medición, control e investigación de los principales fenómenos generadores de violencia e inseguridad del continente americano. Adicionalmente, esta reunión de alto impacto busca consensos e impulsa procesos de formulación y evaluación de políticas públicas, así como de implementación operativa policial. Gestión de la seguridad pública; prevención de la delincuencia, violencia e inseguridad; gestión policial; participación ciudadana y comunitaria; y cooperación internacional, son los cinco pilares en los que se basa este espacio de diálogo en el ámbito de seguridad en las Américas” La agencia AFP, desde Quito informaba que Autoridades de Seguridad de los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) se manifestaron contra la violencia “organizada” que se desató en la región en los últimos días, según la ministra de gobierno de Ecuador, María Paula Romo. “Ministros de seguridad de las Américas condenan la violencia organizada que sufrió el Ecuador y otros países y reafirman su respaldo a la institucionalidad democrática”, publicó Romo en su cuenta de Twitter. Los representantes gubernamentales que participaron en la Séptima Reunión de Ministros de Seguridad Pública de las Américas (MISPA VII), coinciden en afirmar que el objetivo de ese foro fue fortalecer la cooperación contra la delincuencia transnacional organizada. “Expresamos nuestra preocupación por los acontecimientos de violencia acaecidos en el continente”, se indica en un pronunciamiento del MISPA difundido en un comunicado, en el cual reiteró el “apoyo a la institucionalidad democrática, el Estado de derecho”. Según Romo, el grupo de ministros destacó “la importancia de prevenir, investigar y sancionar estos hechos”. Chile afronta un estallido social con profundos reclamos al gobierno, y en Ecuador se desató una crisis durante la primera quincena de octubre que obligó a las autoridades a dar marcha atrás en la eliminación de subsidios a combustibles. La cita bienal es el foro político panamericano de más alto nivel sobre seguridad pública. En Quito, el grupo aprobó la creación de la Estrategia hemisférica contra la delincuencia organizada transnacional, con el fin de desarrollar mecanismos y herramientas nacionales, subregionales y regionales contra este flagelo. Además, solicitó fortalecer los mecanismos de inteligencia interministerial del hemisferio con las fuerzas de policías para los Estados miembros de la OEA, y crear un grupo continental para mejorar los protocolos de los servicios de emergencia. “En esta ocasión, la reunión transcurre en un momento muy particular y difícil para la región. Varios de nuestros países enfrentamos serios intentos desestabilizadores”, dijo el presidente Lenin Moreno, al inaugurar la cita. Las violentas manifestaciones en Ecuador dejaron daños por USD 2 500 millones de dólares, señaló Moreno, quien sostiene que su gobierno afrontó un intento de golpe de Estado. Ante la convulsión social, que en 12 días de protestas dejó 10 muertos, 1.340 heridos y 1.192 detenidos, según la Defensoría del Pueblo, la OEA respaldó al gobierno de Moreno y rechazó “cualquier acción encaminada a desestabilizar” al Ejecutivo. El secretario de la organización, Luis Almagro, dijo que “Ecuador ha reafirmado en las últimas semanas su compromiso con los principios más fuertes del sistema interamericano: democracia, derechos humanos, orden público”. La Unión Europea participó en la Séptima Reunión de Ministros en Materia de Seguridad Pública de las Américas (MISPA VII), que se realizó en Quito este 30 y 31 de octubre. La embajadora de la Unión Europea en Ecuador, Marianne Van Steen, fue invitada por parte de la OEA a través del Ministerio de Gobierno, para moderar el Panel titulado “Estrategias para la prevención y combate de delitos transnacionales que atentan contra la seguridad pública y propuestas para su medición”. Este espacio se enfocó en el intercambio de experiencias para el diseño e implementación de políticas públicas y mejores prácticas de cooperación internacional frente a las múltiples manifestaciones y dinámicas de delitos transnacionales”. PROPUESTAS DE REFORMAS AL COIP PARA BLINDAR A POLICÍA Y APARATOS REPRESIVOS DEL ESTADO En la Asamblea Nacional del Ecuador se discute un paquete de reformas al Código Orgánico Integral Penal –COIP- con el propósito de proteger, legalmente, a “los funcionarios de la Policía Nacional cuando actúan en contra de ciudadanos, en cumplimiento del deber”. La Comisión de Justicia y Estructura del Estado presenta las “propuestas de reformas al COIP, a fin de potenciar la gestión de la Policía Nacional. Se propone “el art.33-A-Cumplimiento del deber legal de la o el servidor policial que existe cumplimiento del deber legal cuando una o un servidor policial, al amparo de su misión constitucional, en protección de un derecho propio o ajeno, cause lesión, daño muerte a otra persona, siempre y cuando se reúnan los siguientes requisitos: 1.- Que se realice en actos de servicio o como consecuencia del mismo; 2.- Que para el cumplimiento de su misión constitucional, dentro de su procedimiento policial profesional, observe el uso progresivo de la fuerza; y, 3.- Que exista amenaza inminente con riesgo a la vida de terceros o a la suya propia o para proteger un bien jurídico”. Artículo 33-B- Uso progresivo o racional de la fuerza policial. “se aplicará de acuerdo a la percepción de riesgo de la o el servidor policial y al nivel de ataque y/o resistencia presentado por el o los presuntos infractores, observando los siguientes principios: legalidad, entendido como el ejercicio de la potestad pública conferida al amparo de la Constitución y la ley; necesidad, como la respuesta a una situación que representa una amenaza y que requiere de una acción inmediata para evitar su agravamiento en el cometimiento de una infracción; y, proporcionalidad, como el equilibrio entre la gravedad de la amenaza y la cantidad de fuerza empleada, cuando exista inminente riesgo de vulneración de derechos o alteración de la seguridad ciudadana y el orden público. Artículo 33-C- Niveles de uso progresivo o racional de la fuerza policial. - Los niveles de uso progresivo o racional de la fuerza policial son: 1.-Presencia policial, es la demostración de autoridad ante el riesgo latente, para disuadir la comisión en una presunta infracción penal; 2.-Vervalización, es el uso de técnicas de comunicación, que faciliten a las o los servidores policiales cumplir con sus funciones, ante una persona cooperadora; 3.-Control físico, son técnicas físicas del control que permiten neutralizar la acción ante la resistencia pasiva no cooperadora o física del presunto infractor; 4.-Técnicas defensivas no letales, es la utilización de armas, medios logísticos y tecnológicos, y munición, no letales; a fin de neutralizar la resistencia violenta o agresión no letal de una o varias personas; y, 5.-Fuerza potencial letal, es la utilización de fuerza letal o de armas de fuego con munición letal, a efecto de neutralizar la actuación ante jurídica violenta o agresión letal de una o varias personas, en salvaguarda de la vida de la servidora o servidor policial o de un tercero frente a un peligrosa actual, real e inminente… DISPOSICIÓN REFORMATORIA: Elimínese del artículo 140 la frase “o la Policía Nacional. Agréguese al artículo 140 el siguiente numeral: (…) 11.-Perpetrar el acto en contra de una o un servidor de la Policía Nacional, que se encuentre en cumplimiento de su misión constitucional; será sancionado con el máximo de la pena establecida para este delito. En la propuesta de reformas existe otra disposición reformatoria: Incorpórese después del artículo 283, el siguiente artículo: Artículo 283. A.- Ataque o resistencia a servidores policiales. La que ataque y/o se resista con violencias o amenazas a las o los servidores policiales en cumplimiento de sus misión constitucional, serán sancionadas con pena privativa de libertad de uno o tres años. Si la conducta prevista en el inciso anterior ha sido cometida por muchas personas y a consecuencia de un concierto previo, serán sancionadas con pena privativa de tres a cinco años. En los casos de los incisos anteriores, si las personas, además, portan armas reales o simuladas, serán sancionadas con pena privativa de la libertad de cinco a siete años. Quien incite a un grupo o a sus individuos para realizar las acciones descritas en los incisos anteriores o reforzando su disposición a llevarlas a cabo en contra de las o los servidores policiales, será sancionado con la misma pena establecida para cada caso. Si como consecuencia de esta incitativa resulta un conflicto en el cual se producen lesiones, será sancionada con pena privativa de libertad d3e cinco a siete años y si se produce la muerte, será sancionada con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años. Otra DISPOSICIÓN REFORMATORIA señala: Agréguese al artículo 293, el siguiente parágrafo: (…) “Para la valoración del uso progresivo o racional de la fuerza policial se observará lo dispuesto en este código” Así mismo, se reformaría el artículo 394 al disponer: “Elimínese el numeral 2 del artículo 394. “Incorpórese el siguiente numeral al artículo 396: 6.- La persona que maltrate de palabra y/u obra a los agentes encargados de precautelar el orden público en el ejercicio de sus funciones. También se reformaría el artículo 537 A, y conjuntamente con otras disposiciones transitorias, el COIP garantizaría a las fuerzas policiales y militares el uso de armas y municiones letales para reprimir no sólo a grupos delincuenciales y “terroristas” de conformidad con la definición estadounidense, sino también para reprimir a manifestantes a fin de “mantener la paz y el orden público”. De esta manera se pasaría sobre la disposición constitucional que garantiza a la ciudadanía el derecho a la resistencia. Ciertamente que se refuerza y potencia el accionar de los aparatos represivos del Estado, pero también es cierto que se dejaría a la ciudadanía en un estado de indefensión total, pues ni policías, ni militares saben con precisión en qué consiste el uso progresivo de la fuerza. BAJO AMENAZA Los mandos militares y policiales están dolidos y resentidos por los acontecimientos acaecidos durante las manifestaciones y protestas de octubre que terminaron cuando el presidente Moreno dispuso la derogatoria del Decreto 833 que terminaba con los subsidios a las gasolinas extra, eco país y diésel que, el mismo, lo expidió. El movimiento indígena agrupado en la CONAIE, los trabajadores del FUT y muchas organizaciones sociales se movilizaron para exigir al gobierno la derogatoria del Decreto 833. A las marchas y organizaciones pacíficas se unieron otros grupos que, con inaudita violencia, saquearon comercios y hasta pequeños negocios de la gente del pueblo. También se infiltraron personas que cometieron actos vandálicos y que provocaron el incendio de los edificios de la Contraloría General del Estado, supuestamente con fines políticos desestabilizadores. Pero de allí, a que se pretenda imponer y usar una “estrategia regional” por mandato de Estados Unidos, por intermedio del MISPA, para combatir y controlar a los pueblos que se levantan en manifestaciones, o que organizan huelgas nacionales como formas de protesta contra las políticas económicas fondomonetaristas, propias del capitalismo neoliberal que siembran hambre-miseria en sociedades profundamente desiguales, existe una gran diferencia entre realidad y fantasías represoras que pueden ocurrir en el momento en que se fortalezcan los aparatos represivos del Estado que entienden el uso progresivo de la fuerza como licencia para matar. El pueblo ecuatoriano ya está bajo amenazas directas que provienen de los altos mandos policiales y militares. El ministro de Defensa O. Jarrín, un general retirado formado en la famosa Escuela de las Américas y el Mossad judío, se refirió a los manifestantes de octubre como “insurgentes” a los que hay que combatir y aniquilar, inclusive antes de que aparezcan. Por su parte, el nuevo Jefe del Comando Conjunto, general Luis Lara, en su discurso de posesión del cargo destacó el comportamiento profesional de los militares durante las manifestaciones y acto seguido lanzó una serie de amenazas al expresar: ““Que no se equivoquen los violentos, que no se confundan los grupos criminales asociados con el narcotráfico y la subversión, que no olviden los corruptos. Nuestras Fuerzas Armadas son parte sustancial de la historia más gloriosa de la patria y no van a permitir que se repitan asonadas que atenten contra la paz del Ecuador y la seguridad de sus ciudadanos”. También se refirió a los grupos que “lideraron las protestas, que provocaron desmanes, atentaron contra los bienes públicos y la seguridad de las personas”. A sus compañeros y subordinados les ordenó que, “con la Constitución en las mochilas tienen el deber de garantizar a los ecuatorianos su derecho a vivir en paz y con seguridad. Los acontecimientos de octubre pasado demuestran las graves amenazas a la seguridad integral de la nación y a la vida de sus ciudadanos”. Amenazas amparadas en la MISPA VII. Amenazas que exigen, también, nuevas leyes que amparen, fortalezcan y protejan a los miembros de las Fuerzas Armadas y a todos los aparatos represivos del Estado en sus tareas de represión, para que el Ecuador sea un convento de paz sin molestos “subversivos” o “insurgentes”. Esto quiere Estados Unidos para explotar, con tranquilidad, los recursos naturales y humanos de los países con gobiernos neoliberales y fondomonetaristas, sometidos a su poder imperial.

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