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ABSUELTO EN SEGUNDA INSTANCIA MATEO GUTIÉRREZ: JUDICIALIZAR Y CASTIGAR AL MOVIMIENTO POPULAR


Mateo Gutiérrez fue capturado el 23 de febrero de 2017 en Bogotá. En su momento, todos los medios masivos de comunicación, sin excepción, trasmitieron la noticia emitiendo una condena anticipada contra el estudiante de sociología de la Universidad Nacional de Colombia. A las voces inquisidoras se unieron, por supuesto, altos funcionarios estatales, encabezados por Santos, el presidente de la paz, quien mientras hábilmente posaba como un mandatario demócrata, direccionaba una política de ataque frontal contra el movimiento popular y el pensamiento crítico. “Duro golpe al crimen dieron Policía y Fiscalía con capturas de 'Mateo' y 'El Cojo', responsables de terrorismo en Bogotá en últimos 3 años”, señaló el mandatario en sus redes sociales, emitiendo con ello un espaldarazo a la detención arbitraria, como expresión de un modelo represivo que él acogió y masificó durante sus periodos de gobierno.

Las voces de los familiares y amigos que reclamaron desde el inicio la inocencia de Mateo, eran apagadas y perseguidas desde todos los niveles de la institución policial. "Hay un proceso investigativo y se agotaron las primeras diligencias, hay unas pruebas y el juez que recibió los elementos decidió dejarlos en intramuros", aseguraba el entonces comandante de la institución, el general Nieto; mientras sus agentes hostigaban y acosaban a quienes en ese momento se movilizaron por la libertad del joven de 20 años judicializado. Varios de ellos fueron capturados después, también con cargos falsos y hoy permanecen en prisión.

Tras 19 meses de encarcelamiento un juez de la república profirió sentido de fallo absolutorio y en razón a ello Mateo Gutiérrez obtuvo su libertad. En el proceso se pudo establecer que el proceso investigativo del que hablaba Nieto, cohonestado por la Fiscalía General de la Nación, estaba viciado. Las pruebas fueron amañadas y acomodadas a las necesidades de la acusación. La decisión fue confirmada hace tres días por el Tribunal Superior de Bogotá, que ordenó investigar penal y disciplinariamente a quienes estuvieron detrás del montaje judicial. No obstante, este joven debe permanecer en el exilio, asumiendo la detención arbitraria que sobrepasó, no como un hecho del pasado, sino como uno de tantos mecanismos que forman parte de un modelo represivo, más vigente que nunca en Colombia y del que forman parte el asesinato, las desapariciones y el genocidio contra los procesos organizativos del pueblo.

El caso de Mateo Gutiérrez, se repite en todo el país. Tanto en zonas rurales, sub-urbanas, como en las grandes urbes, campesinos/as, estudiantes y pobladores humildes son estigmatizado/as y detenido/as en medio de supuestas investigaciones creadas por la Policía y el Ejército Nacional, y legalizadas a través de despachos adscritos a la dirección de fiscalías contra el crimen organizado (DECOC).

Todos/as ellos/as son sometidos a detención preventiva intramural –medida que se ha convertido en regla - emitidas por jueces de control de garantías, por lo general temerosos o altamente reaccionarios, incapaces de afrontar los ataques mediáticos y las investigaciones que subsiguen a una decisión de libertad.

Pero no todos estos procesos tiene el satisfactorio final del caso de Mateo. No son pocas las personas condenadas en medio de un sistema penal privatizado, costoso y desigual que aplica la doctrina del derecho penal de enemigo, en el que la gente se ve enfrentada al poder estatal, que cada año refina más sus métodos represivos contra el movimiento popular y el pensamiento crítico, a través del aparato judicial. Por esta razón, acompañar y solidarizarse con quienes siendo parte de los procesos organizativos del bloque popular, son enjuiciados y encarcelados arbitrariamente, debe ser convertido en un imperativo de quienes desde distintos escenarios y enfoques, hemos optado por la defensa de la dignidad y la vida.

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