#LosPresosTienenDerechos
A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL
Congreso de los Pueblos
En el marco de las medidas de emergencia ocasionadas por la presencia del virus causante del Síndrome Respiratorio Agudo Grave, Sars-Cov 2 (COVID-19), el 21 de marzo del 2020 desde las 9:00 p.m. se realizó una jornada de protesta en los centros carcelarios y penitenciarios del país, por parte de las personas privadas de la libertad, las cuales exigen medidas sanitarias efectivas que protejan a quienes se encuentran bajo la custodia del Estado.
El pliego de exigencias presentado por las personas privadas de la libertad contenía medidas paliativas al hacinamiento, que en Colombia alcanza un alarmante 153% y medidas de salubridad básica para prevenir contagios al interior de los centros carcelarios. La falta de respuestas por parte del Gobierno Central desencadenó una serie de motines a nivel nacional que terminaron con más de 20 personas privadas de la libertad muertas al interior de los centros carcelarios.
Se debe resaltar que la población carcelaria colombiana, según cifras de noviembre de 2019, se encuentra compuesta en un 33.5% por personas a las que no se les ha resuelto la situación jurídica, es decir inocentes. Un 24.9% por personas de la tercera edad. Un 10.9% por discapacitados. Un 0.9 % de madres gestantes y lactantes y al interior de los centros de reclusión se encuentran 69 menores de tres años de edad, conviviendo con sus madres. Frente a estos grupos poblacionales, se solicitó en meses pasados la aplicación de medidas diferenciales por parte del Movimiento Nacional Carcelario.
Frente a la desatención prolongada a las solicitudes presentadas por los presos y el escenario de pánico generalizado, provocado por las pocas medidas de salubridad en los centros carcelarios, la respuesta gubernamental se tradujo en una masacre en la noche del 21 y madrugada del 22 de marzo en la cárcel modelo de la ciudad de Bogotá. Es importante señalar que transcurridos dos días después de los hechos ha habido una negación sistemática a proveer la información oficial sobre las personas muertas y heridas, sumado a medidas posteriores de escarmiento en contra de la población reclusa como la privación prolongada de agua y alimentos, desnudes forzada y golpes; en las prisiones de Combita, Modelo, Cúcuta, Picota, Picaleña y Puerto Berrio principalmente incurriendo en tratos crueles inhumanos y degradantes.
Desde organizaciones defensoras de Derechos Humanos, organizaciones sociales y asociaciones de familiares de personas privadas de la libertad, exigimos la aplicación del Protocolo de Minnesota[1] para la investigación de las muertes ocasionadas en la represión de los disturbios. No se puede encubrir la ineptitud, la dilación y la negligencia con muertes. Cada una de las personas que han perdido la vida obedece a una omisión sistemática y prolongada por parte del Estado Colombiano.
Los mínimos humanitarios han sido flagrantemente transgredidos, así como las normas de tratamiento a la población privada de la libertad son desatendidas de forma sostenida en el tiempo. Esto es un hecho probado a través de dos declaratorias de estado de cosas inconstitucional en materia carcelaria, proferido y reiterado por la Corte Constitucional; máximo tribunal del país.
En este escenario vemos con frustración cómo la emergencia hace recaer sus efectos más severos sobre la población más vulnerable. No pedimos menos que la vigencia de los derechos fundamentales de la población vulnerable privada de la libertad, la vigencia de la prohibición de tratos crueles inhumanos y degradantes, y medidas efectivas por parte del Gobierno Nacional para afrontar la inminente profundización de la crisis de salud pública.
En ejercicio de la jurisdicción universal en materia de crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a los Derechos Humanos, solicitamos a la comunidad internacional:
1) Manifestar su repudio hacia estos tratamientos que vulneran los Derechos Humanos de la población privada de la libertad.
2) Demandar una investigación efectiva, imparcial e independiente; con aplicación plena del Protocolo de Minnesota al Gobierno Colombiano sobre los graves hechos acontecidos en la noche del 21 de marzo y la madrugada del 22 de marzo en los centros penitenciarios situados alrededor de todo el territorio nacional.
3) La ejecución de todas las medidas tendientes a la salvaguarda de la vida e integridad de las personas privadas de la libertad, en el marco de las medidas de emergencia dictadas para contrarrestar los efectos del Sars-Cov 2 (COVID-19).
4) Solicitar la visita del Relator Sobre los Derechos de las Personas Privadas de la Libertad de las Naciones Unidas, a los diferentes centros carcelarios del país; así como la efectiva aplicación de las medidas de emergencia dispuestas para contrarrestar los efectos del Sars-Cov 2 (COVID-19) sobre las personas privadas de la libertad.
[1] El objeto del Protocolo de Minnesota es proteger el derecho a la vida y promover la justicia, la rendición de cuentas y el derecho a una reparación mediante la promoción de una investigación eficaz de toda muerte potencialmente ilícita o sospecha de desaparición forzada. Se emplea para investigar aquellas muertes que sobrevienen cuando la persona estaba detenida, o se encontraba bajo la custodia del Estado, sus órganos o agentes. Incluye este supuesto, por ejemplo, todas las muertes de personas detenidas en prisiones, en otros lugares de reclusión (oficiales y de otro tipo) y en otras instalaciones donde el Estado ejerce un mayor control sobre su vida
Comisión Nacional de Derechos Humanos Congreso de los Pueblos
https://www.congresodelospueblos.org/comunicado-emergencia-carcelaria/
REALIDAD DE LA RECLUSIÓN DE MUJERES EL BUEN PASTOR DE BOGOTÁ CARTA ABIERTA AL ESTADO COLOMBIANO
EQUIPO JURÍDICO PUEBLOS MOVIMIENTO NACIONAL CARCELARIO
Con ocasión a los hechos presentados el día de ayer 21 de Marzo de 2020, la población privada de la libertad que se encuentra en este dentro de reclusión, quiere hacer conocer su Realidad:
Nuestra Constitución Política está fundada en el respeto a la Dignidad humana, razón por la que no estamos de acuerdo que cuando manifestamos nuestras inconformidades pacíficamente, la guardia con sus atropellos, vulneración y abusos de poder, hace que esto se convierta en un campo de batalla.
Cómo es de conocimiento general y de los Entes de control del país, las inconformidades se basan en:
• El Hacinamiento en la cárcel ha llegado al límite de que en Celdas de 2 m x ½ m deben habitar 5, 6 y hasta 7 personas. Los baños se encuentran totalmente deteriorados, techos y paredes llenos de hongos y bacterias, situación altamente preocupante con el virus mundial del Coronavirus, ya que de llegar a un Lugar como este, sería incontrolable, pues no contamos con el espacio para el aislamiento, la alimentación y los cuidados requeridos. Y mucho menos el equipo de sanidad preparado para asumir esta eventualidad.
• Fue prohibido el ingreso visita los fines de Semana. Si Bien es cierto entendemos la medida, esto ha generado que se nos niegue la oportunidad de tener una comida digna a la semana; de poder ver y saber de nuestras familias que son la única motivación psicológica que tenemos para continuar.
• Existe un expendio donde podemos adquirir productos alimenticios y de aseo, con la novedad que no cuenta con un surtido. Al Punto que solo se pueden adquirir uno o dos productos por día (un jugo, una galleta). Y Eso que es con nuestro dinero. Desde hace más de cuatro meses no venden papel higiénico, ni clorox y cuando lo proveen las cantidades son mínimas, sin tener en cuenta la cantidad de internas con las que cuenta la reclusión.
• Existe un área de Sanidad a la cual solo se puede acceder en caso de que un guardián considere que los síntomas que usted presente sean graves, de lo contrario se debe pedir una cita y esperar el turno que puede ser de dos, tres y hasta cuatro meses. Cuando se es atendida debe pasar a esperar a que lleguen los medicamentos . Cuánto Tiempo? Incierto.
• Existe un alto número de personas enfermas: Unas por falta de control, otras por enfermedades adquiridas en este lugar. La salud de la población de la tercera edad se ve cada día más deteriorada; algunos son remitidas a Medicina Legal, pero por lo General no las trasladan a falta de vehículos o gasolina. Y en otros casos, cuando realizan el procedimiento ya es demasiado tarde.
Temas Administrativos:
En meses pasados enviamos a la Ministra de justicia un comunicado en donde le hacíamos saber del vacío de poder que existe en la Reclusión, la solución en su momento fue asignar al señor Mayor Wilson Leal Tumay, como director encargado, empeorando totalmente la situación y creando un enorme atraso en los procesos administrativos, los cuales van ligados directamente al cumplimiento de la pena impuesta a cada persona privada de la libertad.
Para las personas condenadas, es de vital importancia obtener el envío de los certificados de cómputos por trabajo, estudio o enseñanza, para obtener la redención de pena por parte de los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad, labor que no se desarrolla con diligencia y oportunidad. Debemos esperar 6 y hasta 9 meses para el envío de un solo trimestre, o en su defecto enviar derechos de petición que no contestan y tutelas a las que omiten tranquilamente las órdenes de los jueces.
Sea esta la oportunidad para pedirles se revise a la Administración de justicia:
Ya que existen personas que cuentan con el tiempo para otorgamiento de beneficios judiciales o administrativos que han sido negados una y otra vez por los jueces.
Las Respuestas de algunos jueces pueden durar de 3 a 4 o hasta 6 meses. Mientras tanto el hacinamiento crece día a día.
De estas situaciones tienen conocimiento los organos de control como la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo. Pero cuando vienen nos encierran para que no denunciemos.
Tenemos las pruebas de lo que estamos denunciando y de la corrupción al interior del INPEC, porque hay drogas y cobros por acceder a derechos.
Es triste escuchar a la señora ministra hablar con mucho desconocimiento de la realidad carcelaria.
Señor Presidente, Señora Ministra, señores Senadores y Representantes, Señor Procurador, Señor Contralor, Señor Defensor del pueblo: Somos seres humanos que sentimos. Somos hijas, somos madres , somos hermanas y esposas. No permitan que esto llegue a peores consecuencias. Por favor, tomen medidas. Acá no hay intentos de fuga. Hay desespero, hay incertidumbre, hay hambre, hay impotencia y muchísima violación de nuestros derechos humanos.
Por favor no nos abandonen.
EQUIPO JURÍDICO PUEBLOS MOVIMIENTO NACIONAL CARCELARIO
