COVID19 ENTRE LO IDEOLÓGICO, LO POLÍTICO Y LO ECONÓMICO
Posiblemente vivimos algo inédito en la historia de la humanidad o por lo menos de la posmodernidad. El coronavirus ha puesto en evidencia la fragilidad de la especie humana y sus estructuras sociales, y posiblemente ha develado que quizá, es tiempo de reconfigurar el modus en el que convivimos con el planeta.
Los coronavirus son un gran grupo de virus comunes entre los animales. Estos pueden afectar a las personas, generalmente con una enfermedad leve o moderada del tracto respiratorio superior, similar a un resfriado común. Los síntomas del coronavirus incluyen secreción nasal, tos, dolor de garganta, posiblemente dolor de cabeza y quizás fiebre, que puede durar un par de días.
Los primeros casos se registraron en Wuhan, la ciudad más poblada en la zona central de la República Popular China entre el 12 y 19 de diciembre de 2019, durante este periodo, el virus es aún desconocido y es solo hasta el 7 de enero, que las autoridades Chinas, confirman que se identificado un nuevo coronavirus.
Desde entonces, los contagios en el todo el mundo se han incrementado de manera exponencial, mostrando que incluso el “primer mundo” no se encuentra preparado para enfrentar este escenario. Los niveles de complejidad en el manejo de la crisis se agudizan en Latinoamérica, una región atravesada por el subdesarrollo en el mismo continente en el que se encuentra la nación más rica del mundo, los Estados Unidos. El primer mundo aquí, está solo al norte del río Bravo.
En Ecuador el virus hace su aparición en una época marcada por la inestabilidad política, la recesión económica y los levantamientos sociales. Moreno enfrenta su “segunda gran crisis”, después de los levantamientos populares del pasado octubre, que por poco dejan al primer mandatario fuera del cargo. Acciones como los recortes presupuestarios de salud y educación, han sido la receta a la que en más de una ocasión ha recurrido el gobierno para “apagar los incendios” y cumplir con las consignas de los sectores de mayor poder económico del país y la banca internacional.
En el 2018, alrededor de USD $2300 millones de dólares fueron dejados de percibir por el Estado ecuatoriano mediante una “amnistía tributaria”, al dar de baja las deudas y multas, de los principales sectores económicos del país.
De la misma manera, y siguiendo una perversa lógica argumental que pretende justificar un gran golpe en contra de los intereses populares, el año pasado, el Gobierno de Lenin Moreno, suscribió un carta de intención con el Fondo Monetario Internacional; la receta y los compromisos son ya conocidos, y se repiten el mismo guion y el mismo formato que ha aplicado el neoliberalismo para irrumpir la soberanía de los países del “tercer mundo” a lo largo de las ultimas décadas. La hoja de ruta: eliminación de subsidios a los combustibles fósiles, reducción del tamaño del Estado, debilitamiento de empresas públicas para su posterior privatización y priorización del pago de la deuda externa.
Sin lugar a dudas, medidas que afectan a los sectores sociales menos privilegiados del país y que ponen el peso de la carga resultado de la mala política económica y la indulgencia del gobierno con las oligarquías en los hombros de las clases populares. En una frase “ajustar hacia abajo, aflojar hacia arriba”
Lo que sí se ha marcado en la agenda del gobierno, es el fortalecimiento de las instituciones de coerción del Estado, y un ejemplo claro de ello es que el Ecuador gasta en promedio el 2,37% del PIB en temas militares, al mismo tiempo que el recorte del presupuesto de salud para el año 2020 ascendía a 81 millones de dólares, pasando de USD $3.969,82 millones para este sector en el 2019 a USD $3.888,71 millones para el 2020. Pero el fortalecimiento del sector policial y militar no es una coincidencia y responde a un estrategia política y económica que no solo busca garantizar la continuidad de Moreno en el sillón de Carondelet, sino sostener el proceso de retorno del neoliberalismo al Ecuador y Latinoamérica, y esto queda en evidencia, ya que la política de defensa fue actualizada recientemente, luego del paro de octubre de 2019 y las Fuerzas Armadas han empezado una nueva reingeniería, que se orienta de manera frontal al combate de la “insurgencia” en las calles, es decir, una ofensiva contra posibles protestas sociales y movilizaciones de los sectores populares como ya sucedió el año pasado, hecho que estuvo marcado por una represión nunca antes vista por parte de las instituciones que gozan del monopolio del uso de la fuerza, que dejo como resultado grandes pérdidas económicas, sangre y muerte, esto a pesar de que la Constitución de la República garantiza el derecho a la movilización y la protesta social. Dicha decisión rompe los tres principios fundamentales de la Economía de la Defensa en cuanto al establecimiento de políticas de defensa y políticas militares, dejando de lado tres condiciones básicas para su aplicación:
1. Política y diplomáticamente viables y sostenibles. 2. Militarmente factibles y eficientes. 3. Económicamente posibles y aceptables.
Estas tres condiciones resultan inviables en la coyuntura actual del Ecuador, y por lo tanto la agenda de “anti insurgencia” va en detrimento de los intereses del Estado y sus ciudadanos. En primer término, debido que la Constitución del Ecuador no faculta a las Fuerzas Armadas para el control urbano y mucho menos de “anti insurgencia”, en segundo término, por que las FF.AA. tienen como misión principal la defensa de la soberanía y la integridad territorial, la protección interna y el mantenimiento del orden público son funciones privativas del Estado y responsabilidad de la Policía Nacional, y finalmente porque en medio de una recesión económica, resulta ilógico y hasta irresponsable que se destinen alrededor de USD 3,6 millones de dólares para la compra de proyectiles tipo perdigón, gas lacrimógeno, escopetas, máscaras antigás y trajes antimotines. En definitiva, el sector salud y educación han sufrido un grave debilitamiento al tiempo en que se prepara a las fuerzas de seguridad del Estado a sostener un gobierno que según datos de varias encuestadoras no superaría el 15% de aceptación.
El panorama post-coronavirus es aún menos alentador, Ecuador durante la gestión de Moreno ha alcanzado cifras negativas record, con un riesgo país que bordea los 4 mil puntos, y el mayor número de casos de muerte a causa del COVID-19 per-cápita de todo el continente, situándose solo por debajo de Estados Unidos. Pero los compromisos con la banca internacional no han dejado de cumplirse y el pasado 24 de marzo de 2020, el régimen de Moreno, con Richard Martínez al frente de la cartera de economía y finanzas, realizaron el pago de la deuda externa por USD $324 millones de dólares, es la segunda vez en la historia que se hace tiempo, quizá en las condiciones que vivimos, el retraso en el cumplimiento de las obligaciones era necesario, mucho más sí estos fondos se hubiesen destinado al sector salud.
Pero el COVID-19 no solo ha dejado en evidencia la debilidad de varios gobernantes para enfrentar una crisis, sino que ha puesto sobre la mesa la necesidad de repensar el sistema y entender que el origen de esta “peste” radica en las condiciones estructurales que día a día arrasan vorazmente con los recursos naturales del planeta para sostener economías de consumo principalmente en los países del “primer mundo” y que además agrandan la escandalosa brecha entre pobres y ricos, así como la desigualdad social en el mundo, dejando en evidencia que el sistema superpone al capital por sobre el ser humano.
El “libre mercado” y su lógica “indiscutible”, permiten día tras día que la riqueza del mundo se concentre cada vez en menores manos, cifras de OXFAM INTERNATIONAL muestran que los 2.153 multimillonarios más ricos del mundo poseen una riqueza equivalente a la de 4.600 millones de personas, es decir, el 60 por ciento de la población mundial. Y las cifras en nuestra región son aún más siniestras, ya que en América Latina y el Caribe, el 20 por ciento de la población concentra el 83 por ciento de la riqueza y el número de multimillonarios en la zona ha pasado de 27 a 104 desde el año 2000. En 2019, 66 millones de personas, es decir el 10,7 por ciento de la población vivía en extrema pobreza, de acuerdo a datos de la Cepal. La acumulación de riqueza para las elites es progresiva y va en aumento, al tiempo que la pobreza y la desigualdad son la realidad de más y más seres humanos. Los postulados de libertad para la humanidad, son solo un hecho para unos cuantos y un placebo para la mayoría de hombres y mujeres del mundo.
Quizá sea tiempo de que las clases populares se interesen por la política, se instruyan y empiecen a organizarse. Quizá sea tiempo de desaprender y reconstruir el concepto y la cosmovisión del desarrollo, quizá la concepción de “progreso” impuesta por las economías capitalistas, que sustentan éste en el consumismo y la acumulación, esté llevando al planeta a su extinción definitiva. Quizá lo propuesto por Marx, hace casi dos siglos, esté más vigente que nunca, y sea necesario avanzar hacia una sociedad superior, sin distinción de clases sociales, de iguales y en donde habite el hombre nuevo.
