¡LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS MUESTRA EL FRACASO DEL CAPITALISMO!
MANIFIESTO DE LA CUTCOP
¡LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS MUESTRA EL FRACASO DEL CAPITALISMO!
¡No queremos morir ni por el virus ni por el hambre! ¡Nuestras vidas valen más que sus lucros!
LA CRISIS CAPITALISTA MUNDIAL
La pandemia mundial del coronavirus está provocando sufrimientos y cambios muy profundos en la vida humana. No solo ha ocasionado en pocos meses, docenas de miles de muertos, cientos de miles de contagiados y un colapso en los sistemas de salud de casi todos los países, sino que ha profundizado la grave crisis económica que se venía incubando desde hace algunos años.
En el campo de la salud los gobiernos redujeron los presupuestos de la salud pública y trasladaron la atención a los hospitales y clínicas privados, es decir privatizaron los servicios sanitarios provocando el desmantelamiento de los sistemas de salud pública. Hoy vemos, en uno de los más altos exponentes de la “libertad de empresa” como es Estados Unidos, la incapacidad de velar por la salud del pueblo, cuando la hospitalización por 3 o 4 días le cuesta al paciente miles de dólares; el resultado son cientos de miles de contagiados, miles de muertos. Pese al riesgo de contagio masivo los capitalistas para sostener sus ganancias esperaron hasta el último para tomar medidas en países como Alemania, Inglaterra, España y el propio Estados Unidos.
Esta catástrofe social no es una consecuencia de la naturaleza sino del capitalismo, sistema que se caracteriza por la desigualdad entre las clases sociales, la explotación de la burguesía al trabajador, la enorme brecha entre ricos y pobres y todo tipo de discriminaciones. La competencia y las guerras comerciales para concentrar los grandes capitales obedecen a las propias leyes internas del sistema capitalista. Producto de ello, 2019 vio la quiebra de empresas y el desempleo de millones de trabajadores. Las medidas anti crisis flexibilizaron las relaciones laborales, disminuyeron los salarios reales y dejaron los servicios básicos a expensas de la voracidad del mercado.
En 2020 presenciamos la brutal caída del precio del petróleo y la caída de las acciones de las grandes empresas mundiales. La recesión se ha generalizado y nos acercamos a la quiebra de miles de pequeñas y medianas empresas.
Las huelgas generales en varios países del mundo permitían organizar la resistencia ante la explotación capitalista. En las condiciones de cuarentena, el pueblo trabajador continuó la resistencia con los cacerolazos en Chile y Brasil, con paros obreros en grandes empresas de Europa, con el fin de preservarse del contagio. En Italia ya han comenzado los saqueos.
EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD
En nuestro país, el pago a la creciente deuda externa, el perdón de los intereses a los grandes deudores al Estado, y la galopante corrupción que se arrastra desde la administración anterior, han provocado un alto déficit fiscal. El gobierno empresarial adoptó políticas económicas neoliberales totalmente alineadas con el recetario del FMI, con el cual firmó una Carta de Intención en marzo del año pasado, a cambio recibir créditos por alrededor de 10.000 mil millones de dólares, tanto del FMI como de otros organismos multilaterales. Las medidas de ajuste como el alza de los combustibles que intentó aplicar en octubre del 2019, se frenaron con un gran levantamiento popular que le obligó a dar marcha atrás al paquetazo. Sin embargo, los capitalistas, utilizando la coyuntura de la pandemia, están empecinados en llevar adelante el proyecto neoliberal.
En el Ecuador la pandemia presenta cifras alarmantes de enfermos y muertos que crecen día tras día de manera exponencial y no se conoce cuándo llegarán a su nivel más alto y la curva comience a declinar. Los contagios se multiplicaron más de 26 veces en los siete días que siguieron a la declaración del estado de emergencia.
La ciudad más afectada es Guayaquil que concentra al 17% de la población ecuatoriana, pero donde se reportan el 78% de los contagios. No es casual que sea la ciudad con mayor índice de pobreza (11,2%), mientras Quito tiene el 8,4% y Cuenca un 4,1%. Antes de la epidemia de Covid-19, las condiciones de pobreza, desempleo, bajos salarios, ya provocaban miles de enfermos en el Ecuador. La ciudad más afectada por tuberculosis, VIH-Sida es Guayaquil que acumula más del 50% de casos de estas enfermedades de todo el país. Según el gobierno, hace unos días, sólo en Guayaquil, había hospitalizados 5.300 personas con el dengue.
La negligente y limitada respuesta a esta epidemia plantea varias preguntas: ¿Cómo se puede explicar entonces la evidencia generalizada de que los centros de salud y hospitales del Ministerio de Salud Pública no tienen medicinas, insumos ni trajes de bioseguridad para preservar la vida de los trabajadores de la salud? De ahí la protesta en el Hospital Gilbert Pontón, en Pedernales, en Manabí, Los Ríos, en Rumiñahui y otros. ¿Cómo comprender la inoperancia para adquirir pruebas para detección del covid-19? ¿Cómo comprender entonces, la inoperancia para el traslado de cientos de cadáveres?
La respuesta está en que durante la dictadura del decenio, millones de dólares del presupuesto estatal fueron entregados a las empresas de salud privadas. En Guayaquil sólo a los Centros de Tratamiento de Diálisis se les está adeudando 4 millones de dólares. En el caso del IESS, entre 2009 y 2017 se pagaron 3.879 millones de dólares a las clínicas y consultorios privados, a los cuales fueron derivados los enfermos (Esa cantidad es igual o superior a los egresos realizados en los propios dispensarios y hospitales del IESS). Una situación parecida, sucedió con la atención de la salud pública. En el actual gobierno se despidió a miles de trabajadores sanitarios y se redujo el presupuesto de la salud en cerca del 30%.
Mientras tanto, el 24 de marzo el gobierno pagó USD 325 millones de capital de los bonos 2020, de la deuda externa. Y la corrupción sigue campante. Funcionarios ligados estrechamente al Director del IESS pretendieron llevarse miles de dólares en una transacción fraudulenta de compra de equipos de protección para el personal que combate el coronavirus.
No tenemos una empresa estatal de producción farmacéutica que garantice la provisión para la salud del pueblo. La mayoría está en manos privadas: de las 34 empresas más grandes con ingresos de 3.397 millones de dólares, las 10 mayores tuvieron ingresos por 2.308 millones. En 2018 Abbott Laboratorios tuvo 9 millones de ganancias, Bayer tuvo 7 millones, Leterago 11 millones, Difare 16 millones, Farmaenlace 9 millones, Roche 3 millones. El 70% de los fármacos en nuestro país está en manos de empresas transnacionales que tienen ganancias inmensas que van a aumentar en esta emergencia sanitaria.
LAS POLÍTICAS PARA ENFRENTAR LA PANDEMIA
La única medida, supuestamente la más efectiva, que se les ha ocurrido tomar a la mayor parte de gobiernos del mundo es ordenar el confinamiento de la gente en sus casas, decisión necesaria pero cruel para los que no tienen casa o sus viviendas son lugares hacinados, estrechos, y no cuentan con los servicios básicos ni condiciones adecuadas para una vida digna. En el Ecuador, el 75% de los hogares presentan déficit habitacional y el 40.3% tienen insuficiencia de servicios básicos. Un 30% de ecuatorianos viven en condiciones de hacinamiento (más de 3 personas por dormitorio). 5.2 millones de personas no tienen vivienda propia y 1.7 millones tienen vivienda propia en malas condiciones. Por eso el clamor del pueblo es “o nos mata el coronavirus o me muero de hambre”.
Igualmente es una medida cruel para los que no tienen trabajo o realizan un trabajo informal, puesto que se ganan el sustento con el trabajo del día a día. En Ecuador hay 5 millones de desempleados y subempleados; sólo en Guayaquil, según el gobierno, en sectores de suburbio hay 200.000 desempleados.
La pandemia del COVID-19 es una crisis de salud que sacude al conjunto de la sociedad, pero como toda crisis afecta más a las personas que menos tienen: a los desempleados, a los trabajadores informales, a las personas sin techo, a los migrantes. La crisis puso en evidencia la indefensión para los hombres y mujeres de la tercera edad, que viven solos, y para los que el Estado no tiene instituciones de albergue y cuidado. La medida de aislamiento, cierre de centros de trabajo, dejó a miles en la incertidumbre porque no hay un ahorro disponible en efectivo; particularmente grave en miles de autónomos, vendedores ambulantes, sin ingresos.
Pero también puso en evidencia la ineptitud, contradicciones, demagogia, desde el aparato estatal (ministros renunciados; roces entre el Ejecutivo y los alcaldes y prefectos; descoordinación entre instituciones; ofrecimientos e improvisación). Y nada de esto ha podido tapar el colapso en los hospitales, los cadáveres en las casas, veredas o frigoríficos, la falta tremenda de pruebas de diagnóstico del COVID-19 (pruebas rápidas y PCR); la falta de espacio u operatividad en funerarias y cementerios.
Debemos señalar que las medidas dictadas, amparadas en el Estado de excepción, que incluyen toque de queda, sanciones económicas, detenciones y otras preparan las condiciones para reprimir la protesta social y vulnerar los Derechos Humanos. No olvidemos que el principal reclamo que los capitalistas hicieron al gobierno en octubre del 2019 fue que no se había podido disciplinar a la población y poner orden. En octubre hubo 1.200 detenidos, hoy tenemos cerca de 5.000 entre detenidos, infraccionados, multados, sentenciados a cárcel. El carácter del Estado no ha cambiado, el de ser la violencia concentrada de los capitalistas para perpetuar la sociedad de explotación.
La cuarentena permitió dispersar a la población, inmovilizarla en sus reclamos, hacerla más individualista; mientras que los defensores de la propiedad privada capitalista llaman a la unidad nacional, a “arrimar el hombro”, a “sacar adelante el país”, cuando ellos mismos nos trataron en las jornadas de octubre de terroristas, vagos, delincuentes, asaltantes.
El Estado de Excepción obliga a que las industrias alimenticias y otras deban seguir funcionando. El riesgo al contagio está presente en los trabajadores de dichas empresas, en las que trabajan más de 80.000 personas. Mientras que en agricultura, ganadería, pesca y silvicultura trabajan sobre el 1 millón 300 mil personas. ¿Quiénes son los más beneficiados? Las grandes empresas productoras de alimentos que cubren el 94% de la producción, y tienen grandes ganancias: en 2017 Pronaca tuvo 46 millones de utilidades, Arca 38 millones, Nestlé 36 millones, La Fabril 15.4 millones y Cervecería Nacional 180 millones.
Y qué diremos de las grandes cadenas de supermercados que monopolizan la distribución. La Corporación El Rosado tuvo ingresos por 1.132 millones de dólares y ganancias de 25 millones; a la Corporación Favorita (Supermaxi, Akí, y otras) le ingresó 154 millones; a Santa María 7 millones. Aquí no hay espacio para el pequeño y mediano productor que no tienen la infraestructura y logística adecuadas para poder competir en estas condiciones.
La banca no se queda atrás. En 2016 tuvieron grandes ganancias: Pichincha 49 millones, Del Pacífico 40 millones, Guayaquil 27 millones, Produbanco-Promerica 26 millones, Internacional 30 millones, Bolivariano 19 millones. Los 16 bancos más grandes tuvieron ganancias por 223 millones de dólares. El año pasado toda la banca tuvo ganancias por 600 millones de dólares.
POLÍTICA LABORAL ANTI OBRERA
Durante los últimos años, se ha llevado una política dirigida a la flexibilización laboral, al desconocimiento o restricción de derechos laborales conquistados en decenas de años. En la crisis, miles de trabajadores fueron obligados a trabajar, pese al riesgo de contagio, aún en jornadas de 24 horas o turnos seguidos, como el caso de guardianes, entrega de alimentos a domicilio, en la salud, etc.
La situación de crisis por la expansión del COVID-19 y la baja de los precios del petróleo facilitaron al gobierno la aplicación de medidas exigidas por el FMI. El gobierno anunció medidas económicas como un recorte presupuestario que significaba continuar con los despidos de miles de trabajadores del sector público, un aporte obligatorio de los mismos entre el 4 y el 8% de sus salarios, el incremento del 0,75% en las retenciones del impuesto a la renta, la eliminación de algunas instituciones públicas y la unificación de otras.
Luego, el 15 de marzo se resuelve el Acuerdo Ministerial 077 que junto con los Acuerdos 079, 080, del Ministerio de Trabajo, violan derechos laborales consagrados en el mismo Código de Trabajo y en la Constitución. Se elimina el acuerdo entre las partes para la reducción de la jornada de trabajo (que se legisló en el decenio de la dictadura correísta con la inclusión del artículo 47.1); para permitir rebajar en un 25% el salario de los trabajadores con reducción de jornada a 30 horas semanas.
La vigencia del Acuerdo 080 faculta a los empresarios que han acumulado grandes ganancias a “ponerse de acuerdo” con los trabajadores para el pago diferido de las remuneraciones, y como dicen las organizaciones de trabajadores: en las relaciones laborales se impone de forma permanente la voluntad del empleador. Igual se pretende hacer con el Acuerdo 079 para aplazar el pago de utilidades.
En el Acuerdo 077 se da potestad unilateral a la patronal para la suspensión de la jornada, y la recuperación de horas de trabajo de hasta 12 horas semanales más 8 horas los sábados.
Pese a las declaraciones del gobierno, se generaliza el imponer vacaciones anticipadas en los días de suspensión de la jornada por el coronavirus, violando abiertamente el artículo 69 del Código del Trabajo que incluye en las vacaciones a los días laborales.
Y de forma descarada se quiere justificar el despido intempestivo como “terminación de contrato por fuerza mayor”, como en Agritab con 358 despedidos, Confiteca con 50, Casa Linda con 30, Universidad Nacional de Educación en Cañar con 142 profesores del programa de profesionalización. En el Ministerio de Trabajo hay más de 500 denuncias por despido intempestivo en estos días.
Los diversos sectores burgueses, buscan aprovecharse de la emergencia de salud, para aplicar medidas que únicamente benefician a los banqueros, exportadores y grandes empresarios, descargando la crisis sobre los trabajadores y los sectores más pobres de la población.
LA RESISTENCIA Y LA INICIATIVA POPULAR
En medio del Estado de Excepción nuestro pueblo ha sido obligado a protestar, ante las pésimas condiciones de vida y de trabajo.
Los trabajadores de la salud que no estaban provistos de los implementos de bioseguridad lo exigieron en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, en el Hospital Universitario de Guayaquil, en el Hospital de Manabí y en el de Sangolquí. Así como también trabajadores de las empresas públicas de aseo.
Hubo choques con la Policía de vendedoras ambulantes en San Roque, Calderón, Ambato, porque con la cuarentena se quedaron sin el sustento diario.
Los pobladores de diferentes localidades también protestaron como en Pedernales donde no dejaron que esté un hospital móvil vetusto e inseguro; en Manta, se opusieron a que se ponga un albergue para contagiados de coronavirus en campamento de Refinería del Pacífico, por el riesgo de contagio; En Los Ríos, pobladores se enfrentan con la policía para evitar que se convierta al hospital del pueblo en hospital COVID.
Hubo motines en las cárceles de Imbabura y Guayas, por la suspensión de las visitas. Ya en Guayaquil hubo un saqueo de una pequeña bodega de alimentos.
Pero no sólo ha habido resistencia. También el pueblo con su iniciativa está aportando y en múltiples talleres familiares, en hospitales, en cárceles, las manos generosas del pueblo elaboran mascarillas y trajes de protección, implementos en 3D. En Calderón se donaron mascarillas y alimentos para el Hospital Pablo Arturo Suárez. Igualmente, desde un barrio en Carcelén se hizo acuerdos con proveedores campesinos para que vayan directamente al barrio y ahí adquiera un miembro por cada familia, los productos requeridos. La Brigada Campesina de FECAOL, en alianza con trabajadores del transporte (ASOTRASET), está enviando camiones de alimentos que llegan directamente a los barrios populares.
NUESTRAS PROPUESTAS
Tomando en cuenta que la emergencia sanitaria durará todo el año, hasta que se desarrollen una vacuna y tratamientos efectivos y seguros y recogiendo el clamor de nuestro pueblo, así como diferentes propuestas que han surgido desde diversas organizaciones populares, la
CUTCOP propone lo siguiente:
1. El SISTEMA DE SALUD PÚBLICA debe ser la prioridad número uno, lo cual significa que se le proveerá de todos los recursos económicos, tecnológicos y del personal que sean necesarios para afrontar la gravísima situación provocada por la pandemia del COVID-19, de la cual depende la vida o muerte de los ecuatorianos y extranjeros residentes en el país.
Es urgente que se importen masivamente de manera inmediata las pruebas o test que permiten la confirmación del virus en los enfermos sospechosos, para que se haga un tamizaje masivo de por lo menos 2.000 pruebas diarias, a todo caso febril o sintomático. Así como se importe respiradores y los medicamentos que están dando resultados en otros países como la China y Cuba.
A los médicos y personal hospitalario que se juegan la vida en la primera fila de atención a los enfermos, se les debe proveer de los insumos de bioseguridad necesarios, bonificaciones económicas y condiciones logísticas tales como transporte, alimentación y seguridad para desempeñar su trabajo en condiciones óptimas. Así como al personal de Fuerzas Armadas, Policía, Control Municipal, Bomberos, empresas de aseo, que están expuestos al contagio.
También exigimos que cese la intimidación al personal de salud que ha realizado graves denuncias sobre la situación del sistema de salud y que reclaman por sus legítimos derechos.
Exigimos la reincorporación de los 2.500 trabajadores de la salud que fueron despedidos en marzo de 2019, así como cientos de profesionales de la salud que fueron despedidos en aplicación del inconstitucional Decreto 813 en el gobierno anterior.
Organizar vigilancia y control comunitario de COVID-19, para lo cual hay que constituir Comités de Salud en cada barrio, que estará a cargo de controlar el cumplimiento de la cuarentena de familias con casos confirmados, identificar casos sospechosos y personas con condiciones de riesgo, y gestionar comedores comunitarios en los cuales solo un miembro de una familia pueda retirar alimentos.
2. Estatización de los servicios de salud mediante la declaratoria de utilidad pública de los hospitales y clínicas privadas, puesto que en una situación como la que atravesamos, la vida humana y no el lucro, debe ser el objetivo fundamental. La salud debe concebirse como un derecho y no como un negocio. Todos los centros médicos deben estar bajo control del Estado y una coordinación centralizada de la campaña sanitaria.
3. Nacionalización de las compañías farmacéuticas y cooperación inmediata con compañías nacionales e internacionales para encontrar una vacuna y dispositivos para pruebas más sencillas. Supresión de la propiedad intelectual en el campo de la medicina.
4. Garantizar la seguridad alimentaria de toda la población, a través de:
- Estímulo a los pequeños y medianos productores agrícolas, especialmente a las comunidades indígenas y montubias, a través de líneas de crédito preferenciales, apoyo técnico y comercialización.
- Ejecución de un Plan de Alimentación, urgente para que los productos alimenticios lleguen directamente a los consumidores:
- El Estado debe facilitar el transporte y la logística para que toda la población esté debidamente abastecida. Facilitar la comercialización de los productos en los barrios populares.
- El Estado debe comprar directamente a los pequeños y medianos campesinos lo necesario para entregar de manera gratuita canastas básicas a las familias necesitadas, que se hallan en cuarentena y que no tienen ingresos de manera permanente. Para ello crear centros de acopio y hacer acuerdos con las organizaciones campesinas e indígenas, así como con las cooperativas de transporte.
- Control de precios.
- Cuando se termine la cuarentena masiva, la única manera segura de que la gente vuelva a trabajar es impulsar los testeos a escala masiva y suministrar grandes cantidades de elementos de protección a la población. Si hacemos eso, no tendremos que enfrentar la terrible disyuntiva actual entre dejar morir personas y empobrecer más al pueblo trabajador. El gobierno debe comprar miles de miles de pruebas diagnósticas; debe ordenar a las empresas textiles y a los talleres artesanales producir equipos de protección, lo que llevará algún tiempo (un mes o un poco más) hasta que se produzca el equipamiento de protección para el personal de salud y para la población en general (mascarillas, desinfectantes). Es imperativo invertir de manera urgente en esas dos soluciones.
5. Garantizar el acceso básico a los servicios básicos como el agua potable, la energía eléctrica, gas y las telecomunicaciones y que no se cobre sus planillas a la población de menores recursos mientras dure la emergencia, y con un plazo de pago diferido una vez que termine ésta.
Aplazamiento del pago de alquileres de vivienda y locales comerciales, y pago diferido una vez que termine la emergencia sanitaria.
6. Parar la actividad en las empresas productivas y de servicios cuyos productos no resulten indispensables en la actual coyuntura, a fin de que sus trabajadores permanezcan en sus casas durante el tiempo que dure la emergencia y que luego puedan reintegrarse a sus trabajos sin sufrir ningún recorte de sus salarios y sus derechos laborales.
En las empresas que deben laborar se debe garantizar a los trabajadores las óptimas condiciones para evitar el contagio de ellos y sus familias.
7. Cese inmediato de los despidos masivos intempestivos de trabajadores tanto del sector público como del sector privado.
Reintegración de los trabajadores despedidos el año anterior y el actual, por motivos sindicales o políticos.
Derogatoria de los acuerdos ministeriales 077, 079, 080.
8. Los recursos para afrontar las anteriores propuestas se pueden obtener de varias fuentes:
Una contribución especial del 20% de las ganancias extraordinarias de los banqueros y de los 200 grupos económicos más poderosos del país, cuyas ventas representaron el 62% del PIB en los años 2016 y 2017. Así como un incremento proporcional del impuesto a la renta.
Reducción de los salarios de los ministros, asambleístas y de jerarquía superior de los funcionarios públicos, de los ejecutivos de las entidades autónomas.
No entrega de los fondos que se asignan a los partidos políticos para la próxima campaña electoral.
Aplazamiento de seis meses en el cobro de créditos de la banca. Reducir las tasas de interés y generar líneas de crédito que reactiven PYMES, los pequeños negocios y el sector agrícola.
Eliminación de sueldos vitalicios a ex presidentes.
Cobro de las deudas a las grandes empresas morosas con el Estado. Cobro de los más de 4 mil millones de dólares y los más de 1.400 millones de dólares de intereses con que fueron beneficiadas con la remisión de intereses aprobadas por estos dos últimos gobiernos.
12. Democratización del COE, que es el organismo creado para tomar decisiones urgentes ante la situación de emergencia. En el mismo deberían participar académicos y científicos que cuenten con los conocimientos necesarios para aportar en la toma de las decisiones más apropiadas, así como representantes elegidos por las organizaciones más representativas de trabajadores, indígenas y gremios profesionales.
13. Rechazo al atropello a los Derechos Humanos por parte del Ejército y la Policía a los ciudadanos que han sido capturados a consecuencia de la declaración del Estado de Excepción y particularmente de la provincia del Guayas como zona de seguridad nacional.
14. Exigir la apertura y salubridad de refugios para las víctimas de la violencia intrafamiliar.
15. Realizar un llamado a la solidaridad internacional de los países y los trabajadores del mundo para realizar todos los esfuerzos económicos, científicos y políticos a fin de enfrentar en conjunto la pandemia del coronavirus y las demás enfermedades que afectan a las poblaciones más pobres del planeta.
Renovar los convenios con Cuba, para la colaboración de médicos.
16. No a la privatización de las empresas públicas y la entrega de nuestros recursos naturales a la voracidad de las transnacionales.
Renegociación de los contratos petroleros, que lesionan nuestra soberanía y restan ingresos a las arcas estatales.
17. Remoción del ministro de Economía, por su falta de humanidad y solidaridad con los miles de afectados en esta pandemia.
Remoción del presidente del IESS, por su incapacidad para dirigir una política coherente en el combate a la pandemia.
18. No a la eliminación de los subsidios a los combustibles.
19. Impuesto a la salida de divisas.
El capitalismo ha mostrado hasta la saciedad que es un sistema fracasado que no permite una vida digna para la gran mayoría de la humanidad y por eso la única alternativa es luchar sin tregua por un nuevo orden social que garantice la igualdad, la libertad y la fraternidad entre los seres humanos.
Hacemos un llamado a toda la población y a las organizaciones, identificadas con los intereses de la clase trabajadora y los sectores populares, para unirnos en defensa de la vida y los derechos democráticos conquistados con la lucha de varias generaciones. En este momento la prioridad es la defensa de la salud pública gratuita y de calidad, como única forma de enfrentar la grave pandemia del coronavirus que azota a la humanidad y a nuestro país.
La cuarentena obligatoria ha inmovilizado a las organizaciones sindicales y populares de base, por lo que exhortamos a todas las organizaciones a no desmayar en estos momentos, a fortalecer las redes de comunicación y consulta con las bases, a implementar la formación por redes virtuales, a garantizar la unidad de pensamiento de los trabajadores para la unidad de acción que se va a requerir para desmontar toda la política anti obrera y anti popular que se viene implementando.
CON LA FUERZA DE LOS TRABAJADORES, ROMPER LAS LEYES DE LOS EXPLOTADORES
LA SALUD ES UN DERECHO DEL PUEBLO TRABAJADOR
ORGANIZARSE ES COMENZAR A VENCER
Coordinadora Unitaria de Obreros, Campesinos y Organizaciones Populares – CUTCOP
