MANIFIESTO DEL PUEBLO KITU KARA FRENTE A LAS MEDIDAS DEL GOBIERNO ECUATORIANO

La pandemia del coronavirus ha evidenciado brutalmente una realidad prexistente, un modelo excluyente y clasista en la costa ecuatoriana, y, un modelo de política pública ausente en lo social y en lo económico; también ha desnudado la bestialidad y canibalismo del neoliberalismo y el capital que, junto a la vileza y miserabilidad humana de funcionarios públicos y empresarios. Pago preferencial de la deuda externa antes que invertir en salud, sobreprecio en la compra de insumos, equipos y medicinas, anticipos de pago de impuesto a la renta administrada por privados y promocionados como seudo donaciones de la banca y empresa. Un sistema económico que privilegia al capital y no al ser humano, un sistema de protección de derechos y seguridad social focalizado y no universal, y, finalmente un sistema de salud previamente debilitado sin presupuesto, sin personal, sin insumos ni política clara, para atender la emergencia sanitaria que a cobrado innumerables vidas tanto de ciudadanos comunes como de personal salubrista, médicos, enfermeras y paramédicos, muchos de los cuales han fallecido por la negligencia y falta de previsión de un Gobierno con función ejecutiva y legislativa indolente y ausente, que dio reconocimiento público internacional al país, por el abandono de cadáveres en las calles y domicilios de la ciudad de Guayaquil. En esta semana el Gobierno del presidente Lenin Moreno, con el respaldo del sector bancario y empresariales, parecen declarar la guerra a los trabajadores, indígenas, campesinos y clase humilde del país al trasladarles todo el peso de la crisis sanitaria. En las seis semanas de cuarentena el balance es calamitoso: al 23 de abril superamos los veinte mil infectados, casi mil fallecimientos oficiales por COVID-19 y cerca de ocho mil fallecidos probables por la pandemia. Sin embargo, todos ellos, incluida la alcaldía de Guayaquil - epicentro de la pandemia, aprovechan la emergencia sanitaria, para debilitar al Estado y trasladar la administración de la crisis al sector privado en forma de caridad empresarial, todo con el propósito de borrar de la memoria social el levantamiento de octubre e intentar imponer agresiva y despiadadamente su viejo proyecto neoliberal. Ante esta trágica realidad y la negligente actitud del gobierno y los empresarios, las organizaciones, comunas y comunidades del Pueblo Kitu Kara expresamos y exigimos lo siguiente: 1. Ecuador arrastra una crisis económica más o menos desde 2016, está claro que ésta no afecta a todos por igual, en el mismo periodo muchos sectores acumularon grandes ganancias; hasta el 2018, 14 empresas obtuvieron más de 2 mil millones de dólares en utilidades brutas, entre ellas Corporación Favorita, CLARO, Andes Petroleum, Cervecería Nacional, Schlumberger. La empresa de telefonía celular es el caso más grosero, registra en ese mismo periodo un beneficio del 90% sobre su patrimonio, igual de indignante es el caso de la banca ecuatoriana que en plena crisis entre 2017 y 2019 obtuvieron 1.566 millones de dólares en utilidades. Entre los sectores que menor rentabilidad están unas 781 empresas que superaron el millón de dólares en utilidades en 2019. Son precisamente estos sectores los que más protestan por el confinamiento social, la elevación de impuestos; y según la propuesta de ley del “Plan Humanitario” del gobierno, son los que menos aportarían para la emergencia, unos 500 millones de dólares.

2. La otra cara de la medalla de la crisis son los trabajadores, los indígenas campesinos, las mujeres, los pequeños comerciantes, los artesanos, trabajadores por cuenta propia. Según información del INEC, hasta diciembre de 2019, solo 2 millones de personas alcanzaron un ingreso laboral mayor a 500 dólares mensuales (el 25% de todos los trabajadores del país), mientras que apenas 524 mil personas obtuvieron un ingreso mayor a 1.000 dólares mensuales (el 6,5% de todos los trabajadores). El ingreso laboral promedio de los empleados públicos llegó a casi 1.015 dólares mensuales, mientras que los empleados privados obtuvieron unos 565 dólares mensuales. Por otro, los trabajadores por cuenta propia apenas llegan a los 308 dólares, y, los jornaleros o peones difícilmente alcanzan los 286 dólares mensuales.

Este es el verdadero rostro de la crisis, es precisamente a ellos a quienes se les pide mayores sacrificios, con el “Plan Humanitario” el gobierno confiscaría 800 millones de dólares para combatir el COVID 19 y se los entregará a manos privadas para que la “administre”. 3. La provisión de alimentos y medicinas va convirtiéndose progresivamente en un factor de conflictividad social, por la ausencia de alternativas de ingresos y distribución de alimentos y medicinas a las familias vulnerables y las que están entrando en vulnerabilidad por la cuarentena y la imposibilidad de obtener alimentos. La desesperación por conseguirlos hace imperativo el quebrantamiento del toque de queda o la cuarentena, fragilizando la seguridad ante lo cual la autoridad pública solo se ha limitado a promocionar el “quédate en casa” y amenazar con violencia policial, militar, represión y reclusión de 1 a 3 años. En tanto, el gobierno y los “donativos” privados incentivan y protegen a los grandes supermercados y penaliza los mercados informales y populares, pero no es solo el abandono en salud y alimentación, como derechos inalienables e inembargables del ser humano, sino también el abandono al derecho a la educación, dado que el Estado solo se ha limitado a suspender la presencialidad en las aulas pero no ha definido ninguna política para brindar las facilidades tecnológicas que posibiliten una verdadera educación a distancia y/o virtual, recordándole que el 70% de los estudiantes carecen del servicio de internet en sus domicilios y si bien el 90% de los ciudadanos podrían tener teléfonos inteligentes, este país cuenta con el servicio de conectividad más costoso y de pésima calidad de la región y ni hablar del mismo en nuestras zonas rurales. 4. Ante esta tragedia, no faltan quienes quieren alimentarse -cual buitres- de la tragedia, el gobierno, funcionarios, empresarios y banqueros, grandes medios de comunicación, los partidos políticos (CREO, PSC, Alianza País, entre otros) ven el “momento histórico” para imponer la reducción del Estado (disminución de inversión pública, despido de trabajadores), flexibilización laboral (contratar y despedir más barato), reducción de impuestos a las grandes fortunas y empresas, privatización de empresas públicas rentables, eliminación de subsidios, extractivismo a gran escala, liberalización de los precios de los combustibles, promocionando un nuevo orden de antiderechos como única medida validad para conservar uno que otro derecho y bajo esta premisa sin desparpajo manifiestan que "La crisis ha superado la norma, debemos cambiar las leyes ajenas a esta realidad, nuestra normativa no es flexible, las empresas no están vendiendo y debemos ser conscientes para establecer acuerdos en las jornadas de trabajo, en pago de sueldo, cuidar la fuente de los empleos” y exigen unidad, disciplina ciega y amenazan con cárcel toda intención de protestas.

5. En este marco el presidente Lenin Moreno presenta su proyecto “Ley de Apoyo Humanitario” como propuesta económica para salir de la crisis económica y de la pandemia. En lo fundamental, este proyecto confisca un porcentaje mensual del ingreso de los trabajadores durante 9 meses a quienes ganen más de 500 dólares, el 10% a los trabajadores públicos que ganen más de mil dólares. En cambio, a las empresas con utilidades de más de un millón de dólares únicamente se les gravaría con el 5%, nada se dice de impuestos a la renta a las grandes fortunas, banca y transacciones financiera trasnacional; para el gobierno éstos son los sectores que más cuidado necesitan, a quienes hay que darles todo y no quitarles nada.

El otro grupo de medidas presentada por el gobierno son los “incentivos” a la producción, pero que en el fondo son de flexibilización laboral, que tiene los siguientes puntos:

a. Contrato especial por tiempo definido. Que crea un nuevo tipo de contrato, con duración de dos años, renovables por una vez. El horario de trabajo será de mínimo 20 horas semanales y máximo 40, el tiempo podrá distribuirse hasta en seis días semanales, sin exceder las ocho horas por jornada, y el salario se pagará en proporción con las horas trabajadas. En concreto esto implica disminución de horas de trabajo y de salario.

b. Reducción de jornada laboral. Actualmente la Ley laboral permite a las empresas disminuir horas de trabajo en casos de fuerza mayor o caso fortuito, hasta un mínimo de 30 horas semanales. Con la propuesta no se define el tiempo mínimo del contrato, pero se señala que la remuneración y el aporte a la seguridad social serán con base en el tiempo trabajado y no en su totalidad como actualmente es. El objetivo de esta medida sería “la preservación de fuentes de trabajos”, ¡claro que preservaría el empleo!, pero perjudicando al trabajador y beneficiando al empresario.

c. Vacaciones devengadas y por adelantado. Si la ley se aprueba, durante los dos años siguientes a su vigencia los empleadores podrán notificar al trabajador con la obligación de gozar sus vacaciones ya devengadas o adelantar vacaciones de un máximo de hasta dos años. Es decir, es el empresario quién decide cuando y como el trabajador debe tener vacaciones.

Las tres modalidades serían, según la propuesta del gobierno, “contratos de muto acuerdo” entre el empleador y el empleado. La excusa es que “algo de empleo es mejor a nada”. Esta modalidad es una falacia y un cinismo absoluto, es bien sabido por todos que actualmente, pese a las leyes laborales vigentes, los empresarios contratan imponen condiciones laborales sobre las 8 horas obligatorias, despidos intempestivos sin indemnizaciones legales, poca o ninguna seguridad laboral, esto se ha hecho más palpable en tiempos de pandemia. Con estas medidas que el gobierno presenta y que tiene el pleno aval de los empresarios, no se busca responder ni a la crisis económica ni a la pandemia, lo que realmente se quieren es imponer su viejo plan neoliberal. Ellos no piensan en el sufrimiento de la gente, en los más de 20 mil contagiados con COVID 19, ni en el hambre de la gente confinada en sus casas, solo les interesa sus negocios y ganancias, y si para ello tienen que aprovechase de la desesperación de la gente, reducir a condición de semiesclavitud a los trabajadores, no les tiembla la mano. La cuestión es ganar más contratando y despidiendo más barato.

Frente a esta situación, las organizaciones, comunas y comunidades del Pueblo Kitu Kara expresamos nuestro más enérgico rechazo a la totalidad del proyecto de “Ley de Apoyo Humanitario”, por atentar contra la democracia, la constitución, pero sobre todo al derecho a la salud y a la vida digna de los ecuatorianos, puesto que esta violenta el cumplimiento de la Constitución y restringe la protección de la vida y el bienestar de los ciudadanos, no define una política clara y soberana en salud, educación e inversión preferente a la producción solidaria en perspectiva de la soberanía alimentaria. Por lo expuesto, exigimos y demandamos tanto al Gobierno como a la Asamblea Nacional lo siguiente: 1. El archivo inmediato de los proyectos de Ley presentados por el ejecutivo 2. Legislar de manera urgente para definir políticas públicas que incentiven economía social y solidaria entre los ecuatorianos, promoviendo y fortaleciendo las cadenas de producción y consumo familiar y comunitaria, controlando las cadenas de intermediación y comercialización, en especial en estos momentos de emergencia brindar, a través de las fuerzas armadas y policiales, brindar la logística necesaria para que la producción campesina, indígena, familiar y de pequeños productores circule y se distribuya directamente hacia las ciudades, los mercados de las parroquias, cantones, provincias. 3. Legislar de manera urgente para definir políticas públicas de conectividad, regulación de los costos y calidad del servicio público de internet, proteger y garantizar los derechos ciudadanos a la teleeducación, teletrabajo y telerecreación.

4. Que la función Judicial, así como la de Transparencia, Participación y Control Social, asuman éticamente sus competencias y desistan de persecuciones políticas con fines electoreros, es inadmisible que se aproveche la emergencia sanitaria para perseguir a opositores políticos, dirigentes comunitarios y sociales, así como autoridades indígenas. Ante la emergencia deben estas entidades velar por la justicia de los miles de ciudadanos a quienes se les han negado sus derechos básicos a la salud, alimentación, educación y trabajo, los escándalos de sobreprecios y corrupción en la adquisición de insumos y medicinas; la negligencia criminal y el ocultamiento de información; el despido del talento humano tanto en el sector público como privado; las limitaciones y trabas que se han dado al funcionamiento e implementación de mecanismos e instrumentos de participación y control social por parte de la ciudadanía, etc. 5. Promover una política progresiva y sostenible de cambio tanto, del modelo de desarrollo como, de la matriz energética y productiva, fomentando la inversión nacional e internacional en la sustitución de energías fósiles por energías limpias, así como fortalecer el modelo de democracia participativa real y comunitaria; definir los lineamientos para una seguridad social y de salud universal para todos los ciudadanos, definir mecanismos; definir los mecanismos para fortalecer y transformar de manera radical e integral el sistema de salud y educación 6. Que el peso de la crisis económica y sanitaria, bajo los principios de sostenibilidad y solidaridad, la asuman quienes han amasado grandes fortunas a costa del Estado y la redistribución inequitativa de los recursos económicos, por ello, se debe promover una política económica de redistribución de la riqueza que prevea ingresos básicos universales para todos los trabajadores, redistribución justa y equitativa de las utilidades y rentabilidad, incremento del impuesto sobre la renta, beneficios y capital que quienes más tengan más aporten al desarrollo del país y su gente; así como también prever la desinversión y explotación laboral so pretexto del teletrabajo. 7. La suspensión inmediata del pago de deuda, en capital e intereses, y generar una comisión negociadora de nuevas condiciones favorables para su pago en medida que el Estado vaya recuperado su capacidad económica y social; así mismo la Asamblea debe normar la inmediata remisión de las deudas de los pequeños productores, pymes, empresas de economía popular, familiar y comunitaria que tienen deudas con instituciones financieras del Estado, y, la suspensión del pago de interés sobre las deudas en el sector privado hasta por un año con posibilidades de adquirir nuevos créditos para la reinversión, capitalización, equipamiento y redireccionamiento de sus líneas de negocios. Finalmente rechazamos la intención del gobierno nacional de levantar la cuarentena cuando el número de contagios está lejos de disminuir, todo lo contrario. Permitir la circulación de la gente, pasando a una etapa de distanciamiento social, no solo es irresponsable, puede ser incluso criminal. Como fue de conocimiento público, un comité empresarial lanza una “propuesta” de salida de la cuarentena, donde se prioriza la apertura de actividades laborales, a renglón seguido el gobierno anuncia su plan de desescalada del confinamiento social a partir del 4 de mayo; es decir, manda a los trabajadores a un seguro contagio masivo mientras que los empresarios y banqueros hacen caridad repartiendo mascarillas en los hospitales.

Hacemos un llamado a todas las organizaciones sociales, a las organizaciones del movimiento indígena en generar mecanismos acción y de propuestas consensuadas para enfrentar esta doble crisis e impedir que el neoliberalismo, modelo caduco y empobrecedor de las grandes mayorías, sea impuesto por el gobierno y las cámaras empresariales y financieras. Debemos, hoy mas que nunca estar atentos a los acuerdos que la asamblea nacional en contubernio con el Gobierno pudieran tomar para perjudicar no solo a los ciudadanos del país y poner en riesgo su pleno desarrollo, sino también a la desinstitucionalización sistemática del Estado y la norma constitucional.

Por el Consejo de Gobierno

Fernando Cabascango Collaguazo

PRESIDENTE