¿Qué esconde el recorte al presupuesto de la educación?
El 1 de mayo docentes, estudiantes, trabajadores y empleados del sistema nacional de educación y organizaciones como la Unión Nacional de Educadores (UNE), Federación de Profesores Universitarios y Politécnicos del Ecuador (FEPUPE), Federación de Estudiantes Secundarios (FESE), Federación de Estudiantes Universitarios (FEUE), Federación Nacional de Empleados y Trabajadores Universitarios y Politécnicos del Ecuador (FENATUPE), Asamblea del Sistema de Educación Superior Ecuatoriana (ASESEC) y rectores de varias universidades, denunciaron inesperados recortes en sus presupuestos. Todos coinciden que esa medida afectaría, entre varias situaciones, al derecho que miles de estudiantes tienen para acceder a la educación, así como el derecho al trabajo de cientos de docentes y empleados, en plena emergencia sanitaria.
La Constitución de la República, en su Sección Cuarta, sobre estados de excepción, Art. 164, establece que el estado de excepción permite al Ejecutivo, asumir facultades y limitar derechos para enfrentar determinada situación crítica siempre bajo principios de proporcionalidad, legalidad, temporalidad, territorialidad y razonabilidad. Sin embargo, el Gobierno viene actuando bajo mecanismos ordinarios, para notificar facultades que podrían anular el ejercicio de derechos en este caso el de la educación. No debemos olvidar que, cuando se declaró el estado de excepción en todo el país mediante Decreto 1017, de 16 de marzo de 2020, se estableció los derechos que se suspenden y las facultades que el Ejecutivo tendrá durante demore dicha situación.
¿Quiénes serían los afectados por las medidas tomadas?
Oferta Educativa SAFPI
Mediante Memorando Nro. MINEDUC- DNTH -2020-01956-M, del 30 de abril de 2020, se señala algunas disposiciones, entre estas las correspondientes al personal docente de los proyectos SAFPI, Alfabetización y post alfabetización que corresponden al grupo 71 de la LOSEP donde se establece que: ”El Ministerio de Economía y Finanzas realizó la suspensión y por tanto el recorte del presupuesto correspondiente a los proyectos SAFPI, Alfabetización y post alfabetización, por lo que, al no disponer de recursos en la partida, se debe notificar la desvinculación del personal con fecha 30 de abril de 2020 (…)”.
El Servicio para Atención Familiar para la Primera Infancia (SAFPI), es una oferta educativa para trabajar con las familias de niños y niñas de 3 a 4 años de edad, correspondientes al subnivel 2 de Educación Inicial que, por circunstancias económicas, ubicación geográfica, no pueden asistir a una institución educativa. Según datos oficiales para el 2020 son 19.344 niños, niñas los beneficiarios con el Servicio de Atención Familiar para la Primera Infancia.
SAFPI nació como un proyecto en el año 2017 y fue conocido como un proyecto en el año lectivo 2018-2019. Pero gracias al trabajo de sus maestras y aceptación de la comunidad fue institucionalizado como una oferta educativa en el presente año lectivo. Esta oferta funcionaba con fondo de inversión y ayuda internacional, contaba con presupuesto para 4 años, es decir hasta el 2021.
Cada docente trabajaba con un grupo de 35 niños/as. Se organizó bajo horarios de acuerdo a la realidad de cada niño o niña inscrita, las maestras laboraban de 8 a 10 horas diarias con el objetivo de brindar el acompañamiento a todos los niños y niñas en sus clases individuales, las mismas que tenían la duración de 1 hora y se realizaba de lunes a jueves; la actividad grupal se realizaba los días viernes con dos horas de duración, primero con el grupo de 4 años y luego dos horas con el grupo de 3 años. (criterio de la maestra). Al finalizar las clases de los días viernes, las maestras se trasladaban a sus distritos a continuar sus actividades en planificación y elaboración de material para la siguiente semana.
Eliminar SAFPI es atentar al interés superior del niño establecido en cuerpos jurídicos nacionales e internacionales. “(…) se debe entender por interés superior del niño o niña todo aquello que favorezca su desarrollo físico, psicológico, moral y social, para lograr el pleno y armonioso desenvolvimiento de su personalidad.” (O´Donnell 2009). El bienestar de los niños y niñas debe prevalecer sobre cualquier otra circunstancia paralela por la cual se tenga que decidir.
Proyecto EBJA
Proyecto de Educación Básica de Jóvenes y Adultos “EBJA”, está compuesto por la oferta educativa de Alfabetización, Post-alfabetización, Básica Superior y Bachillerato intensivo. El número de beneficiarios para el 2020 es de 146.576 personas. A esta oferta educativa asisten jóvenes y adultos que por varios motivos no lograron culminar sus estudios y también personas en condición de analfabetismo funcional. (PPT, Proforma del Presupuesto General del Estado 2020, MINEDUC)
El número de docentes en oferta de educación extraordinaria es de un total de 6.219 docentes. 4.417 docentes corresponden a las Ofertas Educativas Extraordinarias Jóvenes y Adultos- EBJA¸ 893 corresponden a la oferta educativa SAFPI y Rezago Educativo Inclusión Educativa, y 909 corresponde al área de Pedagogos de Apoyo (Gerencia del Proyecto EBJA, 2018)
Como podemos ver, el recorte presupuestario en este sector de educación tiene un impacto frente a los más débiles y pobres que, por distintos motivos, no pueden acudir a la educación ordinaria, Son niños, niñas, jóvenes o adultos de hogares compuestos por trabajadores por cuenta propia, obreros…, quienes se benefician de estas opciones educativas y que, de la noche a la mañana, han sido excluidos del derecho a la educación, así como cientos de docentes que se quedarían sin trabajo.
Si sumamos la eliminación de estas dos ofertas el número de afectados sería de 165.920 niños, niñas, jóvenes que se quedarán sin estudiar por el recorte en educación general.
Sobre el recorte a educación superior
La Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, mediante su Presidente Nacional, Mauricio Chiluisa, señaló, bajo comunicado, que: “El 30 de abril el Ministerio de Finanzas, de manera unilateral, retiró de las cuentas de las Instituciones de Educación Superior publicas recursos económicos para el pago de sueldos y salarios de docentes, trabajadores y empleados, justificando que esos recursos son necesarios para enfrentar la emergencia sanitaria, acción que violenta la Constitución en su art 165, que establece que durante el estado de excepción no se podrá tocar los presupuestos para salud y educación”.
Es menester señalar que desde el 2015 no se ha entregado el presupuesto adecuado a las universidades, como ejemplo se puede anotar que en el 2019 se redujo 90 millones de dólares, en el 2020, 37 millones de dólares y ahora con esta decisión el Gobierno retiraría del gasto corriente de 32 universidades, un monto de USD 98.210.190 ,78. Con cuya medida se estaría poniendo en riesgo la educación superior, el aporte social, científico y académico que varias universidades buscan desarrollar con sus estudiantes en medio de la pandemia, sin duda alguna también afectaría la calidad del proceso de enseñanza, aprendizaje, se elitizaría aún más el acceso e incidiría en la estabilidad de docentes, trabajadores y empleados a contrato.
Frente a las denuncias, argumentos y propuestas vertidas por las universidades y sus representantes, el Gobierno ha recurrido al chantaje y desprestigio de la Alma Mater. Entre uno de los argumentos utilizados por el Gobierno es señalar que la educación superior debe entender la actual situación ya que años atrás el Estado cumplió con entregarle el presupuesto necesario.
El presente cuadro expresa la comparación de presupuestos entre las instituciones de educación superior en los años 2015, 2016, 2017. Tomamos estos años como referencia ya que la Asamblea de la Educación Superior tienen razón al señalar que desde el 2015 la Universidad Pública sufre un recorte en su presupuesto por lo que es fácil colegir que el Gobierno miente.
Fuente: Proforma Presupuestaria 2015, 2016, 2017
El recorte constante de presupuesto afectó durante estos tres años a 25 universidades de las 32 públicas. En su momento la Universidad señaló que la disminución de sus recursos económicos pondría en riesgo la apertura de los cursos de nivelación de Carrera, oferta académica, áreas de investigación, etcétera. Ya que no se tendría para pagar la remuneración a los docentes. Y dichos efectos no demoraron en aparecer, siempre es la juventud estudiosa la afectada. Miremos este cuadro que detalla la oferta de cupos en universidades públicas solo del régimen Sierra, se podrá identificar cómo va disminuyendo o estancándose la oferta académica durante cada semestre del año en curso.
Fuente: Registros administrativos SAES
Elaboración: Dirección de Admisión
Oferta de cupos Periodos: I sem 2012-II sem 2019
Imagen 1
Fuente: Registros administrativos SAES
Elaboración: Dirección de Admisión
Para entender la imagen 1 es preciso señalar que, a partir del primer semestre de 2019, las universidades financian con sus propios recursos nivelación de Carrera, lo que demanda más recursos e influye en la oferta académica. Nivelación de Carrera, antes del 2019, fue financiada por la SENESCYT.
Para el segundo semestre del 2018, se implementó la educación en línea en la oferta pública y, debido a esto, se produce un salto en la oferta de cupos. Pero para el primer semestre del 2019, vuelve a bajar la cantidad cupos como podemos ver en el gráfico, entre algunos factores por el recorte presupuestario y por la deserción en la modalidad de educación en línea que varias instituciones ofertaron. El presente artículo no tiene como fin analizar esta modalidad. Sin embargo, uno de los factores que influyeron en la deserción masiva de estudiantes de la oferta en línea, según varios estudios, es el contexto en el cual se vieron obligados a estudiar – (aulas virtuales) donde se sentían solos, luego de venir de más de 12 años de educación presencial – ordinaria.
El grafico numero 2 permite identificar que no existe entre el año 2012 y el año 2019, un incremento de oferta de cupos significativa, y esto es lógico ya que eso demanda, entre algunas cosas, mayor planta docente, infraestructura en todos sus niveles y eso se alcanza solo con un presupuesto económico suficiente. Quien piense que el actual recorte es un golpe a un grupo de burócratas en las universidades como señala el Gobierno, se equivoca, el golpe lo seguirán recibiendo nuestros jóvenes, quienes para el año 2019, fueron 311.654 personas que solicitaron un cupo para acceder a la educación superior, mientras que el sistema ofertó 178.846 cupos, es decir que 4 de cada 10 personas se quedaron fuera de la educación superior.
Grafico 2
Fuente: (PPT, ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR, ASAMBLEA NACIONAL 29-01-2020, SENESCYT)
Los datos señalados corresponden a cifras oficiales de la Senescyt, presentadas a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional, en los cuales también se identificó que desde el II semestre del 2012 hasta el II semestre 2019, 2’241.732 jóvenes bachilleres demandaron un cupo para el acceso a la educación superior, a nivel nacional. De esta cantidad de postulantes, se asignó un cupo a 1’197.451 durante el periodo 2012-2019. Mientras 1’044,281 no accedió a la educación superior.
El recorte, sin duda alguna, se ensaña frente a los anhelos de los más pobres, anhelos que no han desaparecido durante esta cuarentena, hay quienes miran el acceso a la educación superior como un camino a seguir para enfrentar el presente y futuro una vez esté superada la cuarentena.
Recorte presupuestario mayo- abril 2020 por Institución de Educación Superior
En la siguiente tabla podemos encontrar los actuales rubros descontados a las 32 universidades públicas del país.
Información al 02 de mayo de 2020/
Fuente: Ministerio de Finanzas,
Elaboración: Julio Jaramillo Monge
Si revisamos la base de datos de SCOPUS, aproximadamente el 93% de la producción científica total del Ecuador de los últimos 40 años, se concentra en 20 universidades con mayor número de publicaciones. De estas, 13 instituciones son públicas y dependen significativamente del presupuesto que el Estado entrega a cada institución la reducción presupuestaria traerá sin duda alguna un efecto desfavorable al desarrollo científico del país en momentos donde la universidad debería ser incentivada, por parte del Estado, a investigar en la perspectiva de que la actual situación y sus retos sean superados mediante la generación de conocimiento, desarrollo tecnológico e innovación. ( (Ecuador 2020)
Las alternativas no pasan por el recorte presupuestario, mucho menos en afectar derechos de docentes y estudiantes. La generación de conocimiento, ciencia y una educación de calidad requieren de recursos económicos y de un equilibrio entre la dedicación de las y los docentes universitarios a la cátedra, a la investigación y vinculación con la sociedad. Resulta reprochable que los organismos de control de la educación superior agachen la cabeza y aprueben políticas alejadas de la actual realidad como sucede con la resolución RPC-SO-012-No.238-2020, aprobada por el Consejo de Educación Superior (CES), donde el excesivo incremento en horas de docencia hará imposible que las y los docentes puedan dedicar tiempo a la investigación científica.
El estándar internacional de dedicación de las y los profesores universitarios es de 40% a docencia, 40% investigación y 20% a actividades administrativas. Dicho estándar se sigue respetando en la mayoría de estados del mundo a excepción del Ecuador. En varios países la motivación e inversión dirigida a su planta docente universitaria es importante en miras de impulsar la investigación sobre las distintas necesidades que surgen frente al COVID- 19. Con la normativa aprobada por el CES, si un profesor a tiempo completo dicta 20 horas de clases, siendo este el punto medio del rango de horas aprobado (14-26), y utiliza el mismo tiempo para la preparación de sus clases, sería equivalente al 100% de dedicación (40 horas) sólo a la docencia con lo cual se abre la puerta de que los profesores universitarios del país no puedan dedicar tiempo a la investigación científica. (Ecuador 2020)
El Gobierno debe identificar que, si frena actividades indispensables como la innovación tecnológica, investigación científica que provienen desde las universidades el desarrollo económico del país se vuelve complejo. Tampoco olvidemos que la mayoría de los internos rotativos (estudiantes de medicina, enfermería…) que ahora están ayudando en los hospitales públicos provienen de la Universidad pública, así como los médicos, docentes de educación inicial, básica, bachillerato y otros profesionales que se encuentran desarrollando importantes labores en esta emergencia. Entrar a la vieja campaña de satanizar a la Universidad y sus docentes por su postura en demandar se respete su presupuesto, es la misma fórmula que años atrás los gobiernos neoliberales utilizaron para desprestigiar a los maestros y maestras de primaria y secundaria cuando levantaban su voz de lucha. Dichos guiones han servido para justificar los recortes en la educación pública, quien caiga en esta trampa del Gobierno luego no podrá defender sus derechos ante los despidos y sobrecarga laboral que el magisterio nacional ya lo vive y el profesorado universitario se apresta a enfrentarlo.
De igual forma, el COVID – 19 obliga a profundas transformaciones y la educación no puede ser la excepción. La emergencia exige constituir una educación para la prevención y para este propósito también es necesario garantizar recursos económicos, procesos de revalorización docente, brindar estabilidad y recursos emocionales, mentales, materiales a estudiantes y docentes. La educación y salud tienen que ser vistas de manera estratégica como inversión y no como un gasto.
Está claro que al Gobierno le ha molestado que la comunidad educativa señale que el recorte es un golpe a toda la educación y constituye una grave afectación al derecho a la misma, ya que se transgrede la Constitución en su artículo 165 inciso 2. “Utilizar fondos públicos destinados a otros fines, excepto los correspondientes a salud y educación”. Presidente y Ministros NO se puede hacer recortes de presupuesto en educación por prohibición expresa de la norma constitucional.
Es importante también recordar que la Constitución, en su artículo 355, inciso 5, determina: “La Función Ejecutiva no podrá privar de sus rentas o asignaciones presupuestarias o retardar las transferencias a ninguna institución del sistema, ni clausurarlas o reorganizarlas de forma total o parcial” que significa esto que las políticas públicas y asignaciones presupuestarias en materia de educación son prioritarias y revestidas de protección a nivel constitucional.
El Gobierno, de igual manera, ignora que la educación es un deber del Estado en todo momento y circunstancia. El Gobierno debería tener en cuenta también el Art. 26 – CRE que concibe a la educación como: “(…) La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. (…)” es decir, se debe garantizar las condiciones para que la población ejerza dicho derecho que insistimos no está limitado en esta cuarentena.
El Gobierno, y su Ministerio de Finanzas, deben explicar al país las razones para atentar contra el Derecho a la Educación de niños, niñas, adolescentes, jóvenes. Los gremios y organizaciones en educación, coinciden en señalar que existen alternativas para enfrentar la actual crisis, tales como: declarar la Moratoria a la deuda externa; cobrar los 1500 millones de dólares de impuestos a las 500 empresas morosas; implementar un impuesto del 2% al patrimonio a las 265 familias más adineradas del país; impuesto del 5% a las empresas que ganaron más de un millón de dólares.
Para cerrar el presente artículo observe la siguiente tabla sobre el recorte a educación durante el 2018, 2019, 2020 y determine, si es o no justo, el reclamo y movilización generada por distintos sectores que demanda respeto al presupuesto de educación que por prohibición expresa de la norma constitucional no puede ser recortado a eso sumado sus miles de necesidades y demandas en el momento actual.
Fuente: Ministerio de Finanzas, Ministerio de Educación, Alumni EPN
Referencias
Circular Nro. MEF-VGF-2020-0003-C, de fecha Quito D.M. 16 de abril del 2020, suscrito por el Señor Fabián Aníbal Carrillo Jaramillo, Viceministro de Finanzas
Ecuador, Academia de Ciencias del. Academia de Ciencias del Ecuador . 4 de 5 de 2020. https://www.facebook.com/Academia-de-Ciencias-Del-Ecuador
Informe de la Secretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. Distribución de Recursos PGE 2017.
https://revistarupturas.com/que-esconde-el-recorte-al-presupuesto-de-la-educacion/
