El caso andino: el fin de la defensa de los derechos humanos

En junio 2017 estalló una bomba dentro de un baño público en el centro comercial Andino en el norte de Bogotá, matando a tres personas. El atentado era chocante, traía a mente otros momentos de violencia contra instalaciones civiles. El repudio era natural, y el Estado aprovechó ese repudio para demostrar resultados “rápidos y eficaces”, mientras ante el horror de los hechos la gente y las organizaciones de derechos humanos miraban por el otro lado. Aceptaron que los detenidos eran culpables y como tal decidieron ignorar no solo la presunción de inocencia sino toda una serie de violaciones al debido proceso y amenazas contra los abogados que algunos ingenuos creían ya eran del pasado. El proceso contra los sindicados, debe preocuparnos a todos, tiene todos los elementos que antes provocaba la ira, la preocupación y la consternación de organizaciones internacionales de derechos humanos, como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y un sin fin de organizaciones colombianas que dicen dedicarse a la defensa de presos políticos y la defensa de los derechos humanos.

El entonces, presidente, Juan Manuel Santos declaró el día después del atentado que “no vamos a descansar hasta capturar a los responsables, y los vamos a capturar y llevar ante la justicia”[1] y no era la mera retórica de siempre luego de un atentado. Además ordenó abrir el centro comercial al público, una medida que viola y altera la escena de un crimen atroz. Iban a capturar a una gente que sería acusada de ser los responsables, conservar la escena del crimen solo tiene importancia si lo que le preocupa a uno es capturar a los verdaderos responsables. Eso era lo de menos, lo importante era capturar a alguien y Santos ofreció $100 millones en recompensa por información sobre los responsables.[2] El 24 de junio, se produjeron las detenciones de las personas hoy detenidas y vinculadas al proceso penal.

Su detención era un hecho anunciado. En menos de 24 horas luego del atentado El Tiempo afirmó lo siguiente:

“La primera hipótesis que se manejaba este sábado en fuentes del Gobierno y de inteligencia era que el atentado pudo haber sido cometido por el denominado Movimiento Revolucionario Popular (MRP). Este un grupo que ha venido haciendo presencia en Bogotá desde hace poco tiempo con actos terroristas. En agosto del año pasado, por ejemplo, se atribuyó algunos petardos colocados contra instalaciones de Cafesalud.

La inteligencia ha conocido de algunos nexos de este grupo con miembros del Eln y con extremistas que se mueven dentro de las universidades públicas.”[3]

Llama la atención que demoran el mismo tiempo en identificar al grupo responsable y la procedencia estudiantil de los autores, tan rápido, como pudieron identificar a las tres muertas y ocho heridos. Efectivamente, todos aquellos detenidos el 24 de junio eran o fueron estudiantes recién egresados de universidades públicas. En la rueda de prensa, como se suele hacer en Colombia, se saltó las normas de presunción de inocencia y además de la responsabilidad de cada funcionario. En ningún momento cae de los labios de corruptos como el Fiscal General Martínez, palabras como creemos, confiamos, tenemos razones por… sino son culpables. El general Jorge Hernando Nieto de la Policía Nacional, funcionario que no tiene ninguna función judicial en el proceso declaró que “Las evidencias en poder de los investigadores señalan que los cuatro hombres y las cuatro mujeres pertenecerían al autodenominado Movimiento Revolucionario del Pueblo (Mrp)”[4] y desde la Alcaldía, el Secretario de Seguridad también dijo que “‘este resultado operacional en tiempo récord es muestra de trabajo articulado” de la Policía, la Fiscalía y los gobiernos nacional y distrital.”[5] Tampoco tiene funciones judiciales, aunque no fue la primera vez que la Alcaldía se pronunciara así sobre atentados. En el gobierno de Gustavo Petro, su Secretaria de Gobierno, Gloria Flórez hizo declaraciones parecidas sobre un grupo de estudiantes y egresados de universidades públicas detenidos en 2015 por unos atentados en la ciudad de Bogotá. Flórez no sólo aceptó que los contratistas de la Alcaldía eran infiltrados de la insurgencia sino declaró con regocijo que su captura…

“…es una muy buena noticia para Bogotá, que muestra la capacidad y los resultados operacionales, pero también de inteligencia y de investigación judicial, que le da un parte de tranquilidad a la ciudad y al país con relación a la coordinación entre el distrito y los entes nacionales.”[6]

No sólo eso, Flórez no pudo contenerse ante los medios y fue efusiva en afirmar que:

“Tras los sucesos de la semana pasada hicimos un Consejo de seguridad de inmediato y al otro día se realizó el Consejo Nacional de Seguridad, donde se acordó fortalecer las acciones de inteligencia valorando hipótesis con mayores probabilidades de los hechos que tenían relación con el Ejército de Liberación Nacional, se dieron instrucciones precisas para avances inmediatos de operaciones de la Policía Metropolitana y la Fiscalía General de la Nación que hoy dan como resultado estas capturas…

Deben ser recibidas por la ciudadanía como una respuesta oportuna e inmediata de las entidades del Estado que estamos trabajando de manera coordinada, mancomunada por la seguridad de los ciudadanos. Estas son 14 capturas que se hicieron en distintas localidades de la ciudad donde se han capturado personas vinculadas con la universidad Nacional, Pedagógica y las 3 relacionadas con el Distrito.”[7]

Valga recordar que la funcionaria intentó unos días después dar marcha atrás a medias y que el general encargado del operativo, Guatibonza luego fue detenido y sindicado de

“…concierto para delinquir agravado, utilización ilícita de redes de comunicaciones, acceso abusivo a un sistema informático agravado, interceptación de datos informáticos agravado, uso de software malicioso agravado y violación de datos personales agravado…”[8]

Es con semejante clase de persona que Flórez colaboraba. Con eso, lo que se pretende decir es que las irregularidades en el Caso Andino, no son un problema de determinados funcionarios, son estructurales, institucionales y políticos. Lo que vemos en este caso lo hemos visto muchas veces en otros casos. No es nuevo, lo que es nuevo es el silencio de las organizaciones de derechos humanos y la la izquierda legal frente al caso. La Fiscalía colombiana es una institución altamente politizada donde las apariencias son más importantes que las realidades, es más importante mostrar resultados, que tener resultados reales. Un artículo reciente de El Tiempo señaló que la Fiscalía pierde seis de cada diez casos que presenta.

…la mayoría de casos terminaron en el congelador, con un 74,2 % de procesos que fueron archivados. Además, de los 18.467 casos que llegaron a un juicio, el 57 % terminó en una absolución, es decir, la Fiscalía perdió casi 6 de cada 10 casos.

Solo en el 43 % de los procesos hubo condenas, de las cuales casi la mitad (48 %) se lograron por negociaciones o acuerdos.[9]

Es un resultado pobre para la Fiscalía, demuestra una falta de preparación de los funcionarios, son ineptos e incompetentes, dedicados no a encontrar culpables sino a cumplir con metas, caiga quien caiga, sean inocentes o no. Como explican en el mismo artículo:

“Para Julio Sampedro, exdecano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Javeriana, estos resultados muestran que hay una falencia en la investigación, y añadió que en un proceso penal, la Fiscalía debe llenarse de razones para ganar los casos, “si la Fiscalía presenta una acusación y no gana, es un fracaso, la Fiscalía actúa como abogado de la sociedad”.

Para Sampedro, la razón detrás del alto número de absoluciones es que el ente acusador se ha dedicado a mostrar resultados en capturas y privaciones de libertad antes de realizar una investigación que le permita ganar un juicio.

En el mismo sentido opinó el penalista Camilo Burbano, quien indicó que por la forma en que hoy el ente acusador califica a sus fiscales, exigiéndoles una cantidad fija de resultados, “los fiscales están más preocupados por tener que cumplir una cantidad de imputaciones que por hacer procesos consistentes y armados de manera adecuada”.[10]

Si la Fiscalía actúa así en casos comunes, de hurto de celulares etc., ya pueden imaginar su poca capacidad en casos tan emotivos como el Caso Andino. Si hay que mostrar resultados con un hurto callejero más afán tendría en demostrar resultados en casos como este. Cualquier persona conocedora del sistema judicial colombiano y el tratamiento que reciben los presos políticos sabrá que esto es pan de cada día y existe desde tiempo atrás. La gran diferencia es que antes podíamos confiar en que las organizaciones de derechos humanos se preocuparan por el caso. Pero por lo general lo han ignorado. En el contexto del mal llamado posconflicto luego del acuerdo firmado con las FARC, estos grupos de derechos humanos no quieren tocar para nada casos como este, y no es por que el atentado cometido sea particularmente sangriento, sino no quieren asumir casos del conflicto armado. El Estado y sus instituciones y funcionarios saben que a la hora de hacer un montaje judicial sólo tienen que dejar bien salpicados de sangre a los sindicados, pues los quiere bien sucios y las ONG de derechos humanos quieren a sus presos políticos bien limpios, no sólo que no tengan sus manos manchadas de sangre, sino que el Estado les haga el favorcito de no acusarles de delitos de sangre. Para silenciar a esas ONG el Estado sólo tiene que acusar a alguien de un delito de sangre, por absurdo que sea y pocas pruebas que tenga en su contra. Como si fueran monjas católicas colombianas les gusta el lema que es más importante aparentar que ser.

La organización MRP emitió un comunicado negando la militancia de los detenidos y negando su participación en los hechos. No sería la primera vez en la historia que una organización negara su responsabilidad en hechos viles, práctica común en las FARC, por ejemplo. También muchas veces aceptan su responsabilidad y lamentan lo sucedido, como la muerte de civiles. Tampoco sería la primera vez en Colombia que se hiciera operaciones de bandera falsa. Todos recordamos que la campaña electoral de Uribe en 2002 se hizo a punto de falsos atentados que subieron la popularidad del entonces candidato presidencial. También en su presidencia militares colombianos hicieron auto-atentados en la ciudad de Bogotá como fue el atentado contra el centro comercial Caracas en el sur de Bogotá. En un caso la Fiscalía terminó vinculando a dos militares en 2006.[11] No hicieron un atentado, sino varios, como explicó Caracol en 2008, luego de la destitución de los militares.

Los hechos ocurrieron entre el 14 de julio y el 28 de agosto de 2006, antes y después de la posesión del Presidente Álvaro Uribe Vélez, concretándose en cinco situaciones: La ubicación de un carro bomba en el Barrio Gaitán que explotó causando heridas a varios militares y la muerte a un particular, colocación de un carro bomba en el Centro Comercial Caracas, ubicación de material explosivo cerca de la Escuela de Artillería y entre los barrios Danubio y La Fiscala, e intento de colocar un automotor con explosivos en el Centro Comercial Gran San.[12]

El atentado contra el Centro Comercial Andino huele igual. Tiene varios elementos de operación de bandera falsa, incluyendo la prontitud con que ubicaron y detuvieron a los supuestos responsables y el hecho que ese día era el día de la entrega final de armas de las FARC y que el Centro Democrático aprovechó la ocasión para afirmar que se había entregado el país a las FARC.

Desde el primer momento violaron el debido proceso, la legislación, la cadena de custodia de supuestas pruebas etc. En los días después de las detenciones, filtraron a los medios las supuestas pruebas en contra de ellos, desde mapas supuestamente encontrados en su poder o en sus casas, videos y computadores etc.,. Las supuestas pruebas electrónicas en su contra no sólo carecen de validez por la forma en que se filtran a la prensa sino también por el manejo que se dio a ellas. En el caso de las pruebas electrónicas se debe hacer una copia de cada aparato, bien sea USB, disco duro externo, archivo de video o el mismo computador. Se trabaja sobre la copia, no el aparato original y la copia debe ser una copia exacta de cada aparato, no se puede mezclar documentos etc., de varios aparatos electrónicos en un solo disco sin posibilidad de distinguir entre uno y lo otro. Esto es un punto básico de criminalística electrónica, pero los incompetentes de la Fiscalía ni siquiera pudieron cumplir con eso. Valga señalar que fabricar un USB que mancha a uno es relativamente fácil y no requiere mayor destreza. Frente a este punto, de los aparatos electrónicos uno de los detenidos señaló en entrevista con Contagio Radio que:

“A mi particularmente, no me quitaron ni computadores ni USB, es decir, ningún elemento de almacenamiento electrónico, sin embargo, la Fiscalía sustenta que a mi me quitaron 2 computadores y varias USB que no sabemos de dónde salieron porque como le digo, en muchos casos las actas de allanamiento ni siquiera se las dejaron leer a las personas que estaban presentes, en muchos casos las actas de allanamiento ni siquiera se elaboraron en los lugares de los hechos y en otro casos no había nadie en las casas que pudiera verificar el procedimiento.”[13]

Además del engañoso manejo de supuestas pruebas, la Fiscalía argumenta la transversalidad de la pruebas, es decir, lo que se encuentra en la casa o sobre la persona de uno, se puede usar en contra de otro, aun en el caso que la prueba fue desestimada en primer lugar. Pero en este caso no sólo se ve el manejo torpe, poco profesional e ilegal de las supuestas pruebas, el Estado pretende lograr una condena mediante la intimidación de los familiares y los abogados defensores.

En junio 2018, casi un año después de las detenciones, los familiares de los presos hicieron pública una denuncia por los seguimientos y hostigamientos que estaban sometidos por parte de los organismos de inteligencia del Estado. Explicaron en su carta pública que no les quedó más remedio que hacer la denuncia públicamente pues los organismos del Estado a donde deberían poner la denuncia son los mismos que los persiguen. No tienen amparo. Algo parecido pasa con los abogados. A los abogados les han hecho seguimientos, robaron información de sus oficinas, robaron computadores de varios de los abogados. El Estado pretende impedir el derecho a la defensa para que cuando salgan con la condena, no habrá quien públicamente discrepe con el fallo. Estas clases de prácticas no son nuevas y en el pasado merecían la solidaridad de todas las organizaciones de derechos humanos. Por ejemplo, en 2001, para conmemorar el asesinato del abogado Eduardo Umaña Mendoza, Amnistía Internacional lanzó una acción internacional de solidaridad en que pedía a la gente escribir al gobierno de Pastrana para expresar su …preocupación debido a que muchos otros abogados defensores de los derechos humanos continúan siendo hostigados y amenazados y que muchos se han visto obligados a exiliarse por temor a perder la vida a causa de su labor… señalando que las medidas de protección individuales, como los guardaespaldas y los chalecos antibalas, no bastan para disuadir a los perpetradores de que actúen contra los miembros de las organizaciones de derechos humanos, y subrayando que sólo serán efectivos los esfuerzos de protección que establezcan como prioridad la investigación tanto de las muertes ocurridas como de las amenazas y hostigamientos, dentro de un programa general de prevención de nuevos ataques.[14]

Sin embargo, en este caso la protección a los abogados no parece ser prioridad para esas organizaciones. Como en los viejos tiempos funcionarios de la Fiscalía han insinuado que los abogados de la defensa tenían vínculos con el ELN, sabiendo que en Colombia ser acusado de nexos con la guerrilla es como llevar una lápida encima o en el mejor de los casos, un proceso abierto por la misma Fiscalía en contra de uno. Nada de eso ha valido la intervención de los supuestos adalides de la defensa de los derechos humanos.

En Colombia si un proceso no avanza ni supera ciertas etapas en lapsos de tiempo estipulados, los procesados tienen derecho a la libertad, el llamado vencimiento de términos. No quiere decir que el imputado no siga vinculado al proceso, ni que sea inocente, ni nada por el estilo, simplemente se pone en libertad pues por las demoras ya no se puede justificar la medida de aseguramiento intramuros. Es común, tanto que en 2019, 5.088 personas recuperaron su libertad por esa vía, incluyendo al general Guatibonza.[15] Los detenidos del Caso Andino también tenían derecho a la libertad por la misma razón, pero no se les concedió. En agosto 2018, vencidos los términos, algunos detenidos fueron liberados brevemente, otros ni siquiera eso, y detenidos de nuevo e imputados por los mismos hechos con una leve variación en los cargos. Es improcedente, pues los cargos realmente no son nuevos, y nos recuerda a las viejas prácticas de mantener alguien encarcelado bajo un cargo, para luego después de varios años de prisión retirar los cargos para imputarle nuevos delitos, o la costumbre de esperar hasta que alguien esté llegando al final de su condena y presentar nuevos cargos al último momento para prolongar su detención de forma arbitraria. Esas viejas prácticas siempre fueron denunciadas por organizaciones de derechos humanos, sindicatos, entidades internacionales, pero en el Caso Andino, todos hicieron la vista gorda.

En el proceso aparecen testigos falsos, violación de las normas, producen enseguida retratos de los sospechosos que coinciden con algunos de los eventualmente detenidos pero no con las descripciones dadas por los testigos, filtración a la prensa y manipulación de supuestas pruebas. Se salta toda norma jurídica y está claro que a juicio de la Fiscalía hay que condenarlos pues se requieren culpables que no sean de las fuerzas militares del Estado o del Centro Democrático. Tanto que dos años después del atentado, El Espectador lamentó la falta de una condena en el caso. Uno de los presos, Boris Rojas, les respondió.

“El editorial de El Espectador bien lo subraya, pero a la vez parece quejarse o por lo menos preocuparse de que “los procesos contra los capturados por la Fiscalía siguen sin dar la primera condena”. La pregunta necesaria es: ¿la acción rápida y eficaz de la justicia hace obligatoria una condena?

No es dable en pos de la celeridad y la eficiencia pasar por encima de principios como la presunción de inocencia, el debido proceso, la responsabilidad penal individual, el pro homine, la búsqueda de la justicia y la verdad que merece toda la sociedad colombiana, en este y en otros casos.”[16]

Y señala que dos personas imputadas por cargos relacionados con el MRP, Stiven Buitrago y Mateo Gutiérrez fueron absueltos luego de pasar 12 meses y 21 meses presos, respectivamente.

Aun así, este caso no amerita la atención de los organizaciones de defensa de los derechos humanos. Se quedaron callados, es el fin de la defensa de derechos humanos, de los presos políticos. Petro, por ejemplo, nunca respondió a la carta dirigida a él por los presos. Ni lo va a hacer. De aquí en adelante todo sindicado tiene que ser acusado de delito bonito para merecer la ayuda de esas organizaciones y personajes, todo sindicado tiene que tener un discurso conciliatorio ante el Estado, el capitalismo y la injusticia. Los revoltosos, bien sean armados, desarmados, a favor o en contra de la violencia, no aplican. Quieren casos de sumisos no más, acusados de lo más bonito. Desafortunadamente los estados represivos en el mundo no suelen hacer montajes por recoger flores ilegalmente, sino por hechos de violencia, pues la larga experiencia de los estados es que muchos supuestos opositores y defensores de derechos humanos dudan de su propio compromiso con la oposición y la defensa ante un crimen atroz.

[1] El Tiempo (18/06/2017) ‘Les puedo asegurar que los responsables caerán’: Santos https://www.eltiempo.com/bogota/juan-manuel-santos-habla-sobre-el-atentado-en-el-centro-comercial-andino-100176

[2] El Tiempo (18/06/2017) Ofrecen $100 millones de recompensa por información sobre atentado. https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/hipotesis-y-recompensa-por-atentado-en-centro-comercial-andino-100260

[3] El Tiempo (18/06/2017) Tres muertas y ocho heridos por atentado en le centro comercial Andino. https://www.eltiempo.com/bogota/explosion-en-centro-comercial-andino-de-bogota-100084

[4] El Tiempo ( 24/06/2017) Ocho capturados por atentado al Andino pertenecerían al Mrp. https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/capturados-por-atentado-al-centro-comercial-andino-102442

[5] Ibíd.,

[6] El Espectador (08/06/2015) No es la primera vez que personas vinculadas a grupos ilegales se infiltran: Distrito. https://www.elespectador.com/noticias/bogota/no-primera-vez-personas-vinculadas-grupos-ilegales-se-i-articulo-571279

[7] Ibíd.,

[8] El Tiempo (12/09/2018) Capturan al general Humberto Guatibonza por caso de chuzadas. https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/capturan-al-general-humberto-guatibonza-por-caso-de-chuzadas-267550

[9] El Tiempo (06/04/2020) En 2019, Fiscalía perdió casi 6 de cada 10 casos que llegaron a juicio. https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/sentencias-en-juicio-en-colombia-fiscalia-pierde-la-mayoria-de-casos-481348?fbclid=IwAR3fc3XGKQILz8801o1uKeSV9dcx_kQc39z2jBdilOb6qxF4lReV6AL9Vv0

[10] Ibíd.,

[11] Semana (21/11/2006) Fiscalía: “Militares sí fabricaron falsos atentados en Bogotá” https://www.semana.com/on-line/articulo/fiscalia-militares-si-fabricaron-falsos-atentados-bogota/82178-3

[12] Semana (19/12/2008) Destituyen a dos militares por falsos atentados en Bogotá. https://caracol.com.co/radio/2008/12/19/judicial/1229711940_734143.html

[13] Contagio Radio (02/02/2018) La versión de los jóvenes capturados por el atentado en el Centro Comercial Andino. https://www.contagioradio.com/entrevista-a-boris-rojas-y-lizeth-rodriguez-capturados-por-atentado-a-centro-comercial-andino/?fbclid=IwAR3PB3NUNxjQz7_vzYaDWecYFeclPancXkwbs0w5SaSFrDiZNYOgvqt0K9g

[14] Amnistía Internacional (11/04/2001) Acción de la red de defensores de los humanos COLOMBIA: Acción de solidaridad en contra de la persecución de defensores de derechos humanos y sindicalistas Índice de AI: AMR23/038/2001/s https://www.amnesty.org/download/Documents/124000/amr230382001es.pdf

[15] El Tiempo (06/04/2020) Op. Cit.

[16] El Espectador (17/06/2019) Sobre el caso Andino. https://www.elespectador.com/opinion/sobre-el-caso-andino-columna-866245?fbclid=IwAR33rJEaTvC0Z_Z0SmQRibiMndtCpNL9LlVwiyy7sz9vWShk6Rq_s2Ho76Y

https://www.equipopueblos.com/el-caso-andino-el-fin-de-la-defensa-de-los-derechos-humanos/