PROPUESTAS POR ENCIMA DE LAS PESTES La UTEP de la Argentina hizo punta
“Frente a las enfermedades que genera la miseria, frente a la tristeza,
la angustia y el infortunio social de los pueblos,
los microbios, como causas de enfermedad, son unas pobres causas”
Ramón Carrillo, primer ministro de Salud Pública de la República Argentina.
(1949 / 1954)
En la Argentina, como en la inmensa mayoría de los países de Latinoamérica y el Caribe, la coyuntura sociosanitaria actual se apoya en una situación existente desde mucho antes que el coronavirus desembarcase en sus puertos, aterrizase en sus aeropuertos o cruzase sus fronteras terrestres. Sufría las consecuencias de las políticas económicas impuestas por los sectores de poder concentrado de la economía mundial, administradas por sus ejecutores locales.
Aún no se vislumbra la remisión de una enfermedad de origen económico-sanitario, sin embargo, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), le presentó -en persona y en plena cuarentena- al presidente Alberto Fernández su “Manifiesto Nacional por la Soberanía, el Trabajo y la Producción” que, además de su declaración de principios, incluye un verdadero plan de acción frente a la crisis estructural que vive el país, agravada por el parate económico y productivo al que obligó la pandemia.
Los ejes propuestos por más de 100 organizaciones integrantes del sindicato que reúne a decenas de miles de argentinas y argentinos que generan su propio trabajo y de trabajadoras y trabajadores desocupados, informales o sin derechos, apuntan al diseño de “políticas soberanas” en los planos alimentario, monetario y financiero, productivo, fiscal, energético y marítimo, con un piso de ingresos garantizado y con acceso a la vivienda digna.
El Secretario General de la organización, Esteban "Gringo" Castro, llegó el martes 3 hasta la Casa de Gobierno con las 15 carillas que contienen 35 medidas concretas, de un nivel técnico que sorprendió a los primeros funcionarios que recibieron copias de parte del mandatario argentino. El análisis de las mismas, al que se comprometió Fernández, integrará el repertorio de medidas que distintos sectores intentan que incorpore a las propuestas económicas y productivas que sus equipos están diseñando. Tras los pocos “días de gracia” concedidos a regañadientes a causa de la pandemia, las corporaciones que controlan la vida económica y financiera del país comenzaron a presionar al Ejecutivo Nacional, con la intención de imponer condiciones para el tiempo que llegará, e intentar que la “nueva normalidad” de la que tanto se habla sea la misma de siempre, injusta, desigual, expulsiva, criminal… y con ellos como grandes ganadores.
Respiradores para una economía asfixiada
El modelo neoliberal financiarizado que baila al compás de la batuta de un “Fondo Monetario Internacional” que controla Donald Trump, terminó de instalar la fábrica de hambre del gobierno de Mauricio Macri y los grupos económicos que lo sostuvieron.
En diciembre asumió un gobierno llevado de la mano hasta la Casa Rosada por el más amplio frente multisectorial y multipartidario construido desde los tiempos del general Juan Domingo Perón, tras cuatro años de asfixia para la mayoría de los sectores. En ese tiempo, las calles jamás fueron abandonadas por las organizaciones populares, ni siquiera ante las represiones articuladas desde el ministerio de “Seguridad” de Patricia Bullrich, actual titular del PRO, el partido del titular del grupo SOCMA.
Pocas semanas después, con la economía colapsada, la producción en estado de coma, con una deuda tan impagable como aplastante, sin recursos sanitarios y con cerca de la mitad de la población empobrecida, y hasta en estado de indigencia, el virus obligó a tomar medidas severas, para tratar de salvar la mayor cantidad de vidas que sea posible.
Con la misma lógica de refutación de la vieja excusa liberal de “primero generar la torta (para los ricos), para que después chorree (sobre los pobres)” que jamás se cumple, la Unión considera que no es tiempo de esperar sino de plantear e incorporar sus propuestas a la actual administración, conducida por quien les expresó el día de su creación en diciembre pasado que “Ustedes, como fuerza, son parte de este gobierno y muchos de ustedes ocupan cargos”, les anunció que “hay un Estado que los reconoce” y consideró que “Con unidad van a poder lograr que la sociedad los reconozca como actores de este presente”.
El documento señala que, la “lucha inter-imperialista” y el freno de la tendencia expansiva del capital transnacional generada por la pandemia ofrecen la oportunidad de “retomar una agenda de desarrollo nacional en los países periféricos, como Argentina”, apoyada en la soberanía, el trabajo y la producción y con una apuesta al papel del Estado para “salvar a la humanidad de la desintegración social”.
Soberanía sin tapabocas
La UTEP expresa en su Manifiesto que es necesario el ejercicio pleno de la soberanía política en defensa del interés nacional, tanto desde la gestión estatal como desde los sectores de la producción y el trabajo y rechaza que, superada la crisis de la pandemia, la economía mundial vuelva a funcionar como hasta ahora. Reclama la incorporación de “nuevos criterios sociales que consoliden la integración nacional”.
SOBERANÍA ALIMENTARIA
Con la mirada puesta en “los últimos de la fila”, frase con la que el conductor del Movimiento Evita, Emilio Pérsico -uno de los mentores de la Unión-, alude a los sectores más empobrecidos del país, la propuesta instala en el centro de sus postulados a la problemática alimentaria y nutricional, regida en la Argentina por un sector tan concentrado que, hasta los funcionarios del Fondo Monetario Internacional, reconocieron que constituyen un factor inflacionario de la economía local.
En ese plano, plantea independizar a la producción, el transporte y la comercialización de alimentos de las cadenas globales de especulación financiera, para lo que enarbola una de las banderas que forman parte de las políticas del “buen vivir” que apoya el Papa Francisco y llevó a cabo el derrocado presidente boliviano, Evo Morales. En este caso se refiere a la creación de un millón de chacras mixtas, combinadas con una industrialización del campo planificada y federal.
El planteo de trazabilidad y producción artesanal, está en consonancia con las cada vez más exigentes condiciones de sanidad, naturaleza y responsabilidad social y medioambiental en el proceso de producción de productos agrícolas por parte del mercado mundial.
Apunta hacia el reemplazo del capital concentrado extranjero preponderante en los supermercados y defiende la idea de declarar de interés y utilidad pública a los sectores económicos esenciales para enfrentar la crisis alimentaria, junto a la creación de una empresa estatal con capacidad reguladora de los precios internos.
SOBERANÍA MONETARIA Y FINANCIERA
Para “romper con la dependencia monetaria y financiera de los mercados especulativos de crédito”, el Manifiesto aspira a una “definición nacional” del destino del crédito interno, rompiendo con la actual tutela “del poder discrecional de bancos privados y extranjeros regulados desde el exterior”, además de declarar al sistema bancario como servicio público que tenga como prioridad la reconstrucción del capital de trabajo en los sectores más débiles de la producción.
El capítulo incluye el diseño de dos instancias que ya rondan las carpetas presidenciales: un “fondo para promoción de la economía popular”, que contemple créditos y subsidios para el sector, y un Banco Federal de Desarrollo que impulse el crecimiento en los sectores estratégicos.
SOBERANÍA FISCAL
Los trabajadores de la Economía Popular explican que, para recuperar autonomía impositiva y definir el destino del gasto público, es necesario liberar al Estado de cualquier compromiso relacionado con una deuda externa espuria por 5 años, auditar la totalidad del endeudamiento público contraído y verificar las emisiones en la que actuaron funcionarios públicos relacionados con los fondos buitres o la banca internacional.
Se suman a los defensores de un “Impuesto Solidario” a las riquezas, que lleve a “el 5% más rico de nuestra comunidad” a “atender la situación de pobreza estructural (agravada por la pandemia) en la que vive el 40 % de nuestra comunidad (y 60 % de nuestros niños y niñas)”. Incluyen una reforma tributaria integral progresiva, que incremente los gravámenes sobre los sectores de mayores ingresos, como propuso Néstor Kirchner ya en 2005, aunque sin llegar a concretar la presentación de un proyecto concreto.
Agregan un reclamo de vieja data de las pequeñas y medianas empresas y las cooperativas, como es su incorporación al “compre estatal”, que obligue a las empresas públicas, los proveedores del Estado y los concesionarios de servicio públicos a incluirlas en sus protocolos de compras, del mismo modo que la obra pública.
SOBERANÍA PRODUCTIVA
Recomponer salarios, jubilaciones e ingresos de la economía popular es el eje básico de la demanda en referencia a la recuperación de empresas pymes y cooperativas. La extiende al conjunto de la sociedad argentina, “plagada hoy de trabajadores pobres”, tras la “pandemia de pobreza e indigencia” macrista.
Plantea una estrategia de sustitución y control estricto de importaciones, incorpora uno de los aspectos que menos abundan en un plan de estas características y de ese origen, como es la articulación entre la ciencia y el sector productivo, con aportes sobre las formas de
Innovación, con inclusión de saberes de científicos, obreros, populares y estatales y prohibición de remisión de utilidades al exterior por parte del capital extranjero durante los 5 años que, calculan, requerirá la reversión de la actual crisis económica y social.
El documento se adentra en el complejo esquema de la “renta tecnológica”, consecuencia del
nuevo paradigma productivo de menor uso de la fuerza de trabajo por unidad de producto o
servicio, con la consecuencia de mayores índices de desempleo y sobreexplotación laboral.
Plantea la socialización de dicha renta, en beneficio de un nuevo reparto del tiempo de trabajo
entre empleo y formación.
Incluye el registro y formalización productiva de la Economía Popular, ya añosa exigencia del
sector, impulsada desde la creación de la Central de la Economía Popular (CTEP),
antecedente inmediato de la actual Unión. Del mismo modo que se incluyen a las tareas de
cuidado como prácticas “laborales”, con resarcimiento económico dentro del piso de
reconocimiento único universal.
SOBERANÍA ENERGÉTICA
La problemática energética, tema históricamente valorado por el peronismo en particular y por los sectores nacionales en general, también es considerada esencial a cualquier esquema sustentable de desarrollo productivo. Plantea la salida del extractivismo de los recursos naturales, “que toma al complejo energético como un commoditie de exportación a través enclaves extranjeros”, y el desarrollo de una estrategia de “reapropiación y control estatal de los mismos”.
El punto se direcciona hacia la recuperación del control sobre YPF y del proceso de distribución
energética, medidas que podrían permitir la vuelta a un sistema centralizado, “fundamental para
pensar en un proyecto centrado en el desarrollo productivo nacional”.
En paralelo considera que una estatización de las empresas de servicios públicos permitiría el “acceso democrático a la energía como derecho humano e insumo productivo estratégico”.
SOBERANÍA MARÍTIMA
En ese plano, la carpeta que está en manos presidenciales, de sus principales colaboradores y de algunos de los responsables de las áreas implicadas en la misma, expresa el interés en reconstruir la flota mercante de bandera nacional con el objeto de disminuir los costos por servicios de fletes que se pagan en la actualidad para transportar los productos de exportación y nacionalizar los puertos como forma de que el Estado promueva las exportaciones de las pequeñas y medianas empresas y controle con precisión las importaciones, una herramienta que, actualmente, es deficiente y permite a los agroexportadores, en especial de soja, eludir el pago de miles de millones de dólares por retenciones, a través de maniobras de contrabando y subfacturación.
También apunta a la regeneración de los astilleros nacionales -a los que consideran clave para la industrialización del país-, la recuperación de la industria de defensa marítima y de la flota mercante de bandera nacional.
PISO DE INGRESOS Y ACCESO A LA VIVIENDA
Por último, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular reclamó un “Salario social de Empleo y Formación”, en línea con la propuesta de creación de un “salario universal para los trabajadores más humildes y sin derechos” que planteó el pasado 14 de abril el Pontífice argentino a los propios movimientos y organizaciones populares. El mensaje de Francisco les recalcó que "Los males que aquejan a todos, a ustedes los golpean doblemente", y explicó en plena pandemia que las dificultades del aislamiento preventivo son mayores "cuando la vivienda es precaria" o se "carece de un techo", se vive "el día a día sin ningún tipo de garantías legales que los proteja", como lo sufren los trabajadores y las trabajadores "independientes o de la economía popular".
La organización sindical pidió la construcción de un piso de ingresos y garantías para el conjunto de la población que, además de aliviar situaciones familiares y garantizar que ningún hogar caiga por debajo de la línea de la pobreza, supondría un “shock distributivo en la economía”. El interés en el punto quedó reflejado en el detalle de los componentes del mismo, que incluye la “universalización de un Salario social de Empleo y Formación para todos los jefes y jefas de hogar desocupados o con ocupaciones de Subsistencia” y de la Asignación Universal por Hijo, teniendo en cuenta que, en la actualidad, existen aproximadamente 4 millones de niños y niñas que no son alcanzadas por esa cobertura, junto a una “jubilación universal” para la población adulta mayor equivalente al 82% del Salario Social de Empleo y Formación.
El acceso a una vivienda digna y la planificación territorial, otra de las demandas del sector en el marco de sus campañas y movilizaciones multitudinarias por “Techo, Tierra y Trabajo”, implica la puesta en marcha un plan de construcción de un millón de viviendas populares en un año.
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Plantea una regulación estatal de los precios y condiciones de los alquileres, que termine
con los contratos cortos, para llevarlos a un plazo mínimo legal de 7 años; acabe con el libre
precio y recupere un índice estatal de ajuste basado en un promedio entre precios al
consumidor y variación salarial y el final de las exigencias abusivas y el negocio de las garantías.
El documento, firmado por más de un centenar de organizaciones gremiales y movimientos
sociales, incluye la demanda de integración social y urbana de los 4.416 barrios populares de
Argentina y la creación de 200.000 lotes con servicios para familias humildes jóvenes.
El pedido de un reordenamiento del territorio nacional, con nuevas ciudades creadas alrededor
de nuevas unidades productivas, con el que cierra el documento, constituye otro de los
componentes de una visión integral del mundo, la comunidad y la producción, con la tierra
como sujeto de derechos. Recuerdan casos internacionales de combinación del esfuerzo privado y
público, con descentralización de la producción en ciudades pequeñas y descongestionamiento de
megalópolis como la Ciudad de Buenos Aires y su conurbano, hoy transformado en el epicentro
de la pandemia, con una concentración de casos en el AMBA que llega a superar el 90% del total
nacional.
La pandemia que nos dejaron
El vector inicial de la pandemia –no importa el animalito que fuese- no es más que el eslabón más pequeño de una cadena en la que confluyen el uso de transgénicos, la deforestación a escala destructiva, la ampliación de las fronteras agrícolas -con expulsión de culturas, personas, plantaciones y especies animales autóctonas-, el cambio climático… y tantas otras variables, en su mayoría paridas por el sistema de producción mundial vigente.
El documento que junto al Presidente, también recibieron el martes su Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el Secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, no elude esa problemática de fondo. Sostiene que es fundamental “cambiar las condiciones de extrema exclusión en las que vive el sector más empobrecido de nuestro pueblo: sin agua potable ni cloacas, sin recolección de residuos, aislados de los centros urbanos donde se concentra el trabajo, la salud y la educación”. Para cambiar la situación apela a “la capacidad transformadora de la realidad que tiene el campo nacional cuando está unido detrás de un destino común”.
Mientras “El Gringo” Castro plantaba los reales de los pareceres y exigencias de las trabajadoras y trabajadores de la Economía Popular, seguramente, decenas de miles de ellas y ellos, preparaban viandas en los miles de comedores populares que se pusieron al hombro esa tarea cuando nadie, ni siquiera el Estado, estuvo en condiciones de abarcar semejante dimensión de la crisis.
En medio de la muerte, cuando desde los recolectores de basura hasta los más sofisticados especialistas de salud, desde las cocineras hasta los epidemiólogos, desde los camilleros hasta
los sepultureros, resisten sin descanso al coronavirus, los grupos concentrados de la economía y su formidable sistema privado de presión mediática, no paran de presionar a las autoridades, de la Nación, de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, de los municipios más poblados. Exigen su renta, quieren su ganancia y, lo que es peor, con el mismo descaro con que fugan la riqueza producida por quienes trabajan y ellos explotan, aspiran a que el mundo que viene sea igual, o aún peor, al que les permitió el saqueo del país, a costa de la pobreza y la miseria de las mayorías.
Tal vez, las calles alumbradas de multitudes, organizadas y conscientes, cuando la peste -la del virus, porque la otra tardará años en irse- sea un recuerdo doloroso de lo que fue, les expliquen,
que la carpetita que Esteban Castro dejó en la Rosada, es mucho más que 15 hojitas de papel.
* Periodista. Investigador asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (http://estrategia.la/). Miembro de La Usina del Pensamiento Nacional y Popular (http://www.usinadelpensamientonacional.com.ar
Carlos A Villalba: Covid19 en la Argentina: LA FRUTILLA DE LA PESTE http://estrategia.la/2020/05/02/covid19-en-la-argentina-la-frutilla-de-la-peste/
