CIEGOS, SORDOS Y MUDOS
¿A alguien le queda duda que el problema son las élites? Sí, esas oligarquías que no dejan de robar, que arrebatan derechos a las mayorías empobrecidas y son hasta capaces de fingir condiciones médicas para seguir en el festín de sus privilegios.
Hay corruptos que se declaran amnésicos, asambleístas que dicen no oír, burgueses que no ven y tantos otros que apenas balbucean. Una suma de incapaces, no discapacitados, a quienes les pertenece el Estado, ellos son sus patronos o gerentes, porque subordinan los asuntos públicos a sus intereses privados.
No se trata de criminalizar la discapacidad física o mental que sufre cualquier persona, sino de reprochar la forma deliberada con la que se tramitaban y conseguían carnés del Estado para lograr exenciones tributarias en la importación de lujosísimos vehículos, tramitación de jubilaciones tempranas, puntuación extra en los concursos de oposición y méritos, además de varios otros beneficios de ley.
Tan miserables son que no reparan en traficar y mercantilizar con los derechos de grupos vulnerables. Para ellos los negociados están sobre la vida, el lucro es la fuerza motriz de la sociedad, por eso convierten en mercancía todo lo imaginable y eternizan a la impunidad como su carta de presentación.
Con esa lógica han gobernado siempre: en pandemia o crisis, en normalidad o bonanza, durante el feriado bancario o en la administración de los gastos reservados, durante el terremoto del año 2016 o ahora con el coronavirus. Cualquier momento les es oportuno para delinquir y enriquecerse, esa es la degradación del sistema.
Este nuevo escándalo forma parte de la vorágine desatada. La metástasis de la corrupción, que es la sombra detrás del poder, mal usó la Ley de Discapacidades al permitir ciegos, sordos y mudos a conveniencia, mientras miles de ecuatorianos honestos con reales limitaciones físicas o mentales ni siquiera fueron atendidos por los organismos pertinentes.
El gobierno de Moreno ofreció investigar para sancionar a los responsables, prometió una auditoría para analizar caso a caso, mientras tanto suspende la entrega de los carnés que implica la negación de derechos a la población vulnerable que busca dignidad y exige derechos, más no misericordia.
A los corruptos no sólo se les debe confiscar sus carritos de lujo, deben encarcelarlos por defraudación. Es el pueblo quien debe vigilar y exigir.
