DELICUENTES INHUMANOS ROBARON A LOS PUEBLOS EN PLENA PANDEMIA Y SAQUEARON AL IESS

De entre todos los crímenes, uno de los más horrendos, es el que cometen los corruptos que se enriquecen con los dineros de los pueblos empobrecidos, con hambre, enfermos y con familias que lloran a sus muertos. Si la corrupción es infame e inhumana por sí misma, más perversa y aborrecible es que los ladrones aprovechen el dolor inmenso de enfermos y muertos con Covid-19 para comprar, con cuantiosos sobreprecios, insumos médicos, respiradores, kits alimenticios, y hasta fundas para cadáveres por miles de unidades. Nada les importa a esos delincuentes, pues, para aumentar las riquezas mal habidas, contratan con empresas fantasmas o con quienes tienen otro tipo de negocios. Una miseria moral absoluta les caracteriza a corruptos y corruptores, sobornados y sobornadores. El IESS va camino a la quiebra ya sea por el atraco permanente de sus fondos o porque distintos gobiernos lo convirtieron en caja chica. En la actualidad, no existe el dinero suficiente para pagar las pensiones a los jubilados ni montepíos que pasarán a la miseria y a la muerte por hambre, inanición o indigencia. Los responsables podrían ser acusados de crímenes de lesa humanidad y genocidio ante la Corte Penal Internacional. El descalabro del IESS comenzó en el Gobierno de Rafael Correa Delgado, cuando decidió que el Estado no entregaría el 40% para garantizar el pago de las pensiones jubilares porque “no tiene sentido”. Con su acostumbrada prepotencia aseguraba que "si no hubiera habido la obligación de dar ese 40% de forma torpe, absurda e innecesaria, no habría esa deuda del Estado con el IESS y el déficit público sería menor". Reconoció que el Estado le debe al IESS 8 mil millones de dólares por la compra de bonos del Estado, pero la deuda supera los 28 mil millones de dólares en estos días. El famoso director del IESS designado por Correa, Richard Espinoza aplaudía las palabras de Correa, pero ni él, ni otros directores de los tiempos del Correato y del actual gobierno, nada han hecho para que Estado pague la deuda. Hombres y mujeres viejos que trabajaron 40, 50 o más años y aportaron al IESS no tienen que pagar las consecuencias y morir por culpa de los tramposos e ineficientes dirigentes del IESS. Esos jamás protestaron por las palabras insultantes y mentirosas del presidente Correa cuando se llevaba la plata del IESS y se negaba a pagar las deudas porque el IERSS es del Estado y el Estado era Rafael Correa porque se había aprendido que “El Estado soy”, como aseguraba el Rey Sol de Francia, Luis XIV. Según Correa, pagar el 40% para las pensiones jubilares de conformidad con la obligación legal dispuesta por el artículo 237 de la Ley de Seguridad Social de 2001 "no tiene sentido", porque el IESS tiene superávit. Tan falso era ese señor que sin vergüenza decía: "Y no solo eso. Le pagamos cerca de mil millones de dólares anuales y como no tiene que hacer con tanta plata, compra bonos del Estado e invierte en nosotros mismos, eso significa una deuda de $ 8.000 millones con el IESS, una deuda ficticia porque es nuestra propia plata". Es decir, era “nuestra propia plata” o sea de él y de sus amigotes, como el Director del IESS Richard Espinosa que llegó a afirmar que el aporte del gobierno será de "lo que se necesite para dar salud óptima y para las pensiones", y que "si se requiere $ 100 millones serán $ 100 millones y si se requiere $ 1.000 millones, será eso. En porcentajes podría ser 20%, 30% o 40% incluso”. En esa misma ley se disponía que la atención de salud de los jubilados y las enfermedades catastróficas de los afiliados no deben ser cubiertas por el Seguro, sino por el Estado. Correa expresaba: "Felizmente esa Ley decía que debe haber un reglamento (para su aplicación) y nunca hubo; ahora los mandos medios del IESS hicieron sus propias cuentas y dijeron que les debemos $ 1.700 millones por cuestión de salud y que por eso no funciona el sistema de salud del IESS. Eso es falso", según reseñas de prensa de esos días. Cabe destacar que el presidente Correa dispuso que el IESS diera atención médica a los hijos de los afiliados hasta los 18 años de edad. Excelente decisión, pero el problema fue y es que el Estado jamás pagó un solo centavo por esos servicios de salud por lo que el fondo de salud tuvo que ser reprogramado y financiado con el fondo de pensiones. Las consecuencias de esos actos de la falsa “revolución ciudadana” las sufren los jubilados y pensionistas. Henry Llanes Suárez, dirigente de los jubilados en un comunicado sobre la falta de fondos para pagar las pensiones jubilares, sostenía: “Dejar de pagar las pensiones jubilares causaría una grave conmoción social en el país; este es el resultado de haber manejado al Instituto de los afiliados como un botín político; se trata de un grave daño económico causado a las finanzas del IESS. ¿Por qué renunció de manera irrevocable el Gerente General del BIESS? ¿acaso fue porque ya no existen los suficientes fondos para pagar las pensiones jubilares? Para lo que resta el año 2020, el IESS apenas dispone de activos líquidos por un monto de USD 485 millones y estirando un poco las sábanas obtendría un adicional de USD 309 millones, por lo que en total dispondría de un monto de USD 790 millones. En el año 2018, el monto que se presupuestó para pagar las pensiones jubilares fue de USD 4.019 millones, pero los ingresos fueron de USD 2.141 millones, con lo cual se produjo un déficit de USD 1.878 millones (Ing. Felipe Pezo Zúñiga, ex delegado de los empleadores ante el Consejo Directivo del IESS). “Los activos líquidos de la seguridad social sólo suman los fondos disponibles US$ 485 millones más los certificados de inversión en corto plazo en Instituciones Financieras US $309 millones, dando un total de US$ 790 millones, lo que limita la capacidad de gestión de inversión del banco, así como la imposibilidad de realizar procesos de desinversión a corto plazo para conseguir la liquidez requerida” “En los últimos 13 años se ha descapitalizado al seguro social en USD 28.000 millones” (Mgs. Carlos Vinicio Troncoso Garrido, ex Gerente General del BIESS). La liquidez del Banco del IESS se encuentra en situación muy crítica, al 20 de abril de 2020, apenas disponía de un monto de USD 485 millones para pagar las pensiones jubilares. Actualmente para pagar las pensiones jubilares se requiere de un presupuesto que comprende varios miles de millones de dólares, por ejemplo, en el año 2019 se definió un presupuesto de USD 4.220 millones, el cual tuvo un déficit de USD 575 millones (Ing. Felipe Pezo Zúñiga, enero de 2020). En dicho año, la nómina de pensionistas del seguro social obligatorio fue de 520.265 personas, más 13.979 pensionistas del seguro de riesgos del trabajo, total pensionistas del Fondo de Jubilación del IESS: 534.244 personas (Ibídem). Así mismo, a diciembre de 2019, la población afiliada al seguro social obligatorio fue de 2.840.384 afiliados activos, de esta nómina: 2.015.375 personas correspondían al sector privado bajo relación de dependencia laboral, 645.823 al sector público y 179.823 afiliados voluntarios (Ibídem). A la nómina de afiliados activos hay que añadir 534.244 jubilados pasivos, total población afiliada al seguro social obligatorio en el año 2019 fue de 3.374.628 personas (Ibídem). El 20 de abril de 2020, el Mgs. Carlos Vinicio Troncoso Garrido, Gerente General del Banco del IESS, mediante Oficio N.º BIESS-OF-GGEN-0321-2020 presentó su “Informe Trimestral” de 33 páginas a la señora Ruth Arregui Solano, Superintendenta de Bancos; al doctor Victor Paúl Granda López, Presidente del Directorio del BIESS y a los miembros del directorio del banco, entre otras personas que se mencionan en este documento. En el citado informe, el Gerente General del Banco del BIESS menciona lo siguiente: “Sin embargo, hemos sido testigos como la intervención Gubernamental permanentemente a través de decisiones estructurales sin financiamiento, han mermado la liquidez y el rendimiento de los fondos del sistema de Seguridad Social, solo en los últimos 13 años se ha provocado una descapitalización de $ 28.000 millones del sistema, dejando a los fondos de los afiliados en una situación “crítica”, de cara a su sostenibilidad” (Informe Trimestral, 20 de abril de 2020). “Los activos líquidos de la seguridad social sólo suman los fondos disponibles US$ 485 millones más los certificados de inversión en corto plazo en Instituciones Financieras US$309 millones, dando un total de US$ 790 millones, lo que limita la capacidad de gestión de inversión del banco, así como la imposibilidad de realizar procesos de desinversión a corto plazo para conseguir la liquidez requerida” (Ibídem). “Del lado del aporte obligatorio del 40% al fondo de Jubilación por parte del Gobierno Central, a pesar de los esfuerzos de este y dada la situación económica del país, no se han podido consignar los valores mensuales desde octubre del 2019, lo que ha llevado a la Seguridad Social a cubrir con sus propios ingresos corrientes: aportes de los afiliados y la recuperación normal de la cartera, el gasto corriente en la operación de salud y el pago a tiempo a los afiliados jubilados del sistema” (Ibídem). “En el simple análisis de las medidas tomadas por la Junta de Regulación Bancaria, podemos observar que no se consideró a la Seguridad Social pues se establecen medidas de gracia a los deudores incluidos de la Seguridad Social, ya sea como patronos o como beneficiarios de créditos otorgados por el Banco (…); en la Seguridad Social no contamos con un paliativo para la inminente crisis de liquidez. La decisión ni siquiera observó la solicitud de comentarios peor de una corrida financiera objetiva que proyecta la necesidad de flujos en efectivo para atender a más de quinientos mil jubilados y de la salud de todos” (Ibídem). “Por lo expuesto, es de suma urgencia advertir de la existencia inminente de problemas de liquidez en los meses venideros y que el Directorio demuestre la unidad necesaria para promover hacia afuera los acuerdos mínimos nacionales entre los grupos de interés y las autoridades para” (Ibídem). “El gerente del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS), Vinicio Troncoso, mencionó el pasado 19 de mayo del 2020, que el Estado no ha pagado desde octubre del 2019 el 40% que debe aportar al fondo de jubilaciones. El vocero del BIESS precisó que entre octubre del 2019 y julio del 2020, la deuda del Estado, del 40% para las jubilaciones, ascendería a USD 1.336 millones” (Diario El Comercio, 26 de mayo de 2020). CAUSAS DE ILIQUIDEZ DEL SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO 1) Los gobiernos de turno manejaron al IESS como una entidad pública de carácter estatal, jamás lograron diferenciar el significado del seguro social obligatorio del que corresponde a la seguridad social, todo lo pusieron en el mismo saco. En la “Ley de Seguridad Social”, puesta en vigencia en el año 2001, con la que erróneamente se sustituyó a la “Ley Reformatoria de la Ley del Seguro Social Obligatorio” de enero de 1990, equivocadamente, se incluyó en el mismo cuerpo legal del seguro social obligatorio (definido como seguro general obligatorio) a los seguros especiales, los cuales requieren de un tratamiento distinto, especialmente en materia de financiamiento; por consiguiente debieron ser incorporados en otro cuerpo de ley, diferente del que rige para el seguro social obligatorio al que están afiliados los trabajadores bajo relación de dependencia laboral y los afiliados por cuenta propia3, sin embargo, no se lo hizo; por lo tanto, la raíz del problema de la ILIQUIDEZ del seguro social obligatorio radica en esta contradicción legal, la cual, sumada a los incumplimientos del Estado en materia de contribuciones, “han mermado la liquidez y el rendimiento de los fondos del sistema de Seguridad Social, solo en los últimos 13 años se ha provocado una descapitalización de $ 28.000 millones del sistema, dejando a los fondos de los afiliados en una situación “crítica”, de cara a su sostenibilidad”. El Estado, al no cumplir con sus contribuciones que están determinadas por ley, quienes lo representan inconstitucionalmente en la gestión del IESS se toman el dinero del seguro social obligatorio para financiar otras prestaciones, como, por ejemplo, la atención médica de personas que no son afiliadas al IESS: jefas de hogar, personas que sufren discapacidades y enfermedades catastróficas e hijos de los afiliados hasta la edad de 18 años. Según versión del doctor Ángel Loja Llanos, ex Director General del IESS, en su comparecencia que realizó a inicios del presente año a la Asamblea Nacional, “Comisión Ocasional que Vigilará el Cumplimiento de las Obligaciones del Estado con los Jubilados” que la preside el Asambleísta Homero Castanier Jaramillo manifestó: a la fecha existen 9 millones de personas que son beneficiarias de la atención médica en los hospitales del IESS, de las cuales, únicamente 3 millones realizan sus aportes y 6 millones no aportan, es decir, reciben la atención médica sin ningún costo. 1.1) Así mismo, en la Ley de Seguridad Social del 2001 se incluyó al seguro social campesino, en la que se hizo constar los siguientes beneficios para la población afiliada y sus familiares: “Art. 5.- Recursos del seguro social campesino. - Los servicios de salud y las prestaciones del Seguro Social Campesino se financiarán con los siguientes recursos: a. El aporte solidario sobre la materia gravada que pagarán los empleadores, los afiliados al Seguro General Obligatorio, con relación de dependencia o sin ella, y los afiliados voluntarios4; b. La contribución obligatoria de los seguros públicos y privados que forman parte del Sistema Nacional de Seguridad Social; c. El aporte diferenciado de las familias protegidas por el Seguro Social Campesino5; d. La contribución financiera obligatoria del Estado sobre la materia gravada de los afiliados con relación de dependencia al Seguro General Obligatorio; y, e. Las demás asignaciones que entregue la Función Ejecutiva para el financiamiento de las prestaciones solidarias de este Seguro, de conformidad con el Reglamento General de esta Ley”. “Art. 9.- (…) Para los efectos del Seguro Social Campesino, es campesino el trabajador que se dedica a la pesca artesanal y el habitante rural que labora habitualmente en el campo por cuenta propia o de la comunidad a la que pertenece, no recibe remuneraciones de un empleador público o privado y tampoco contrata a personas extrañas a la comunidad o a terceros para que realicen actividades económicas bajo su dependencia”. Art. 9, literal “c. Todos los afiliados al Seguro Social Campesino recibirán prestaciones de salud, incluida maternidad. El jefe de familia estará protegido contra las contingencias de vejez, muerte, e invalidez que incluye discapacidad”; A diciembre de 2019, los jefes de familia afiliados al seguro social campesino fueron de 386.309 personas; esto significa, que los afiliados y empleadores del seguro social obligatorio tienen que aportar mensualmente para este número de afiliados del seguro social campesino. Actualmente, el aporte del afiliado y del empleador del seguro social obligatorio es del 20.6% de la remuneración mensual, el cual es producto de un cálculo actuarial, destinado exclusivamente para cubrir en sentido individual el costo de las prestaciones del afiliado de este seguro, ni siquiera es para cubrir la atención médica de la familia del afiliado (versión de la Dirección Actuarial del IESS). El funcionamiento de los seguros especiales, en la que se incluye el seguro social campesino, requieren del financiamiento total del Estado, y para el efecto, el Estado debe definir con fundamento y responsabilidad sus fuentes de financiamiento, sostenibles en el corto, mediano y largo plazo. En estas condiciones, es imposible sostener financieramente al seguro social obligatorio; por lo tanto, -LA ILIQUIDEZ- por lo que atraviesa actualmente el seguro social obligatorio tiene su origen en los hechos mencionados, situación que ha puesto en grave riesgo la sostenibilidad financiera del Fondo de Pensiones, es decir, el pago de las pensiones jubilares de 534.244 personas6 -AL QUE APORTARON EN SU CONDICIÓN DE AFILIADOS POR MÁS DE 30 AÑOS- con el objetivo de recibir en su vejez el pago de la pensión jubilar. En el año 2015, a través de la Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el hogar, se incluyó en la Ley de Seguridad Social a las personas que realizan trabajo no remunerado en el hogar, prestación que requiere de la contribución del Estado para que pueda ser sostenible en el mediano y largo plazo. 2) Al entender al seguro social como una entidad estatal, se ha manejado a esta institución como un botín político, nutrida de ofertas electorales y de demagogia política, como ha ocurrido en los últimos 13 años del gobierno de Alianza País. “El Biess, como botín político, “se fraguó desde sus inicios”. Vinicio Troncoso, el gerente general del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) desnuda la situación actual de la entidad. Una inminente iliquidez, a corto plazo, urge una transformación” (Diario Expreso, 2020-05-17). 3) Al manejarse al seguro social como un baratillo de ofertas electorales, se crearon prestaciones sociales sin el debido financiamiento, especialmente en el área médica. 4) Se responsabilizó al seguro social obligatorio (leer afiliados) el sostenimiento financiero de políticas sociales que no corresponden a este seguro; además, ante la falta de contribuciones que debe realizar el Estado, estas han sido asumidas por este seguro, es decir, se cubre esta falta de financiamiento con los fondos de los afiliados del seguro social obligatorio. Por lo tanto, es de suma urgencia reformar la Ley de Seguridad Social, para que los aportes al seguro social obligatorio sirvan exclusivamente para financiar las prestaciones de sus afiliados. La corrupción política se refiere a los actos delictivos cometidos por funcionarios y autoridades públicas que abusan de su poder e influencian a realizar un mal uso intencional de los recursos las formas de corrupción varían, pero las más comunes son el uso ilegítimo de información Privilegiada y el patrocinio; además de los sobornos, el tráfico de influencias, la evasión fiscal, las extorsiones, los fraudes, la malversación, la prevaricación, el caciquismo, el compadrazgo, la cooptación, el nepotismo, la impunidad y el despotismo”. Pero hay anuncios más depravados, criminales e infames. Por ejemplo, las ideas expresadas por un alto directivo del IESS que propone privatizar los hospitales del IESS y rebajar las pensiones de los jubilados hasta en un 30%. No faltan los que ansían comprar el IESS a precio de “gallina con mal”. Esos miserables quieren seguir el ejemplo de Chile que ocasionó la miseria y muerte de miles de seres humanos. “La corrupción facilita a menudo otro tipo de hechos criminales como el narcotráfico, el lavado de dinero, la prostitución ilegal y la trata de personas, aunque por cierto no se restringe a estos crímenes organizados y no siempre apoya o protege otros crímenes”, pero la corrupción que saquea los fondos del IESS, la politiquería, la demagogia, el autoritarismo, el populismo son, también formas de corrupción que se usa en este país en el ejercicio de la política. Sería muy positivo recordar a Sayéd y Bruce (1999) que definen la corrupción como «el mal uso o el abuso del poder público para beneficio personal y privado», entendiendo que este fenómeno no se limita a los funcionarios públicos. También se define como el "conjunto de actitudes y actividades mediante las cuales una persona transgrede compromisos adquiridos consigo mismo, utilizando los privilegios otorgados, esos acuerdos tomados, con el objetivo de obtener un beneficio ajeno al bien común". Por lo general se apunta a los gobernantes o los funcionarios elegidos o nombrados, que se dedican a aprovechar los recursos del Estado para de una u otra forma enriquecerse o beneficiar a parientes o amigos” (fuente de este párrafo; Wilkipedia) La corrupción en el Ecuador se practica en todos los niveles: Juntas parroquiales, alcaldías, prefecturas, movilidad aérea, terrestre y marítima; pero también y en forma horripilante, la corrupción se enseñorea en ministerios, viceministerios, subsecretarías, secretaría, direcciones…en todos los estratos del Estado, en todos los niveles del Gobierno hasta llegar a los más altos cargos, naturalmente con honrosas excepciones. Hay corrupción en la Asamblea Nacional, en la Justicia, en el Consejo Nacional Electoral, en miembros de la Policía y Fuerzas Armadas, en los servicios de salud, hasta en ciertas funerarias y algunos cementerios. En el sistema capitalista neoliberal, los dólares son millones de veces más importantes que la vida humana. Todo parece que está podrido en este Ecuador heroico con un pueblo calmado, silencioso, paciente, hasta cuando estalla con toda la fuerza telúrica de esta parte del mundo.

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