La violencia en los territorios no se supera con políticas de “orden público”
El trato gubernamental a la persistencia y acentuación de la violencia en los territorios es cuando menos indolente. Las noticias que se reciben desde la Colombia profunda gracias a la acción comunicativa de las comunidades campesinas y de los pueblos étnicos y de sus organizaciones -por cierto con poca recepción en los medios de comunicación del establecimiento- informan sobre procesos de desplazamiento forzado, confinamiento, asesinatos de líderes y lideresas sociales, el exterminio de exintegrantes de las FARC-EP y sus familias, militarización, represión de la fuerza pública y erradicación forzada de cultivos, entre otros. Las noticias también hablan de luchas, resistencias y movilizaciones de las comunidades rurales. Frente a esas noticias, la respuesta gubernamental da cuenta del talante de gobiernos que se mueven en las arenas de la derecha extrema, aunque con un discurso que parece moderno y moderado, dado que lo incendiario queda para las jaurías que se encuentran en el Congreso de la República o en las redes sociales: se trata de una evidente distribución del trabajo.
La desatención o minimización de la compleja problemática en los territorios por parte del Gobierno nacional, vista desde una perspectiva cultural, es expresiva del racismo y la segregación que históricamente han caracterizado la dominación de clase. Al final, se trata de que esos "indios" y "guaches" se están matando entre ellos. Pero más allá de esto, que no se puede ni se debe evidenciar por razones de conveniencia política, llama particularmente la atención la línea de argumentación que se busca posicionar para explicar lo que viene ocurriendo. "Son asuntos de narcotráfico", o de "economías ilegales", para utilizar una expresión que incorpora "otros negocios". Las explicaciones se extienden con poca sutileza a los problemas personales, las riñas y hasta los "líos de faldas", propios de los pobres, que culturalmente poseerían inclinaciones al accionar violento y delictivo. Esencialmente se trata de sustentar una exculpación sistémica y despojar al Estado de toda responsabilidad, llegando al extremo de mostrarlo incluso como otra víctima de la situación.
Elementos para la compresión de la violencia en los territorios
Desde luego que no se puede desconocer la existencia de diversas estructuras de criminalidad que se disputan el acceso a los recursos y el control del territorio; que existe el fenómeno de las "economías ilegales", particularmente del narcotráfico y de la minería ilegal. Empero, estas economías y, sobre todo, las relaciones sociales (de producción) que de ellas se derivan y sobre las que ellas se sustentan, deben ser concebidas en sus verdaderas dimensiones:
a)Como relaciones esencialmente capitalistas, incluso con alcances corporativos transnacionales, como en el caso del narcotráfico, que desarrollan articulaciones con las economías legales.
b)Como relaciones de las cuales, además del negocio capitalista propiamente dicho, se generan procesos de acumulación por despojo que se valen del desplazamiento forzado, de la destrucción de procesos organizativos de las comunidades y del asesinato de sus líderes y lideresas.
c)Como relaciones de articulación y coordinación con poderes políticos y económicos regionales y locales existentes, con poderes del Estado y su institucionalidad, incluida la fuerza pública, el aparato de justicia y gobiernos locales, acrecentando su poder político y social, dándole nuevos contenidos al orden social y a la forma Estado, en la cual este se sustenta.
d)Como relaciones que devienen, en consecuencia, en estructuras complejas de dominación, las cuales -sin responder necesariamente a un centro de dirección y coordinación, pero sin excluirlo tampoco- desempeñan funciones de preservación y reproducción sistémica; en ese sentido, de contrainsurgencia. Y que incorporan el uso sistemático de la violencia y el terror, para lo cual promueven, financian y organizan cuerpos mercenarios de carácter paramilitar.
e)Por tanto, como relaciones constitutivas de un bloque de poder contrainsurgente, que en este caso, según el concepto desarrollado por la investigadora Vilma Franco, ejerce poder y control territorial, en absoluto ajeno al orden social vigente, mediante el cual se sustenta y propicia la producción de nuevas espacialidades del capital, la conquista y colonización de territorios que poseen un valor estratégico, entre otras causas, por la riqueza y los recursos que en ellos se encuentran.
En ese marco, las comunidades que se hallan allí asentadas constituyen el "eslabón más débil". Es así como en la búsqueda de salidas a su precaria situación socioeconómica terminan incorporadas y subordinadas a las dinámicas descritas, o intentan desplegar formas propias, autónomas, de la producción del territorio, que pretenden ser doblegadas mediante el ejercicio de la violencia, y despliegan diversas modalidades de la resistencia.
La investigación académica, el conocimiento ofrecido por las propias comunidades y numerosos fallos judiciales han demostrado, con el debido sustento, el carácter complejo de la violencia -y, especialmente, de la violencia política- en los territorios. Pero, sobre todo, ha demostrado que las comunidades rurales y sus habitantes, antes que desarrollar actividades delictivas o tener una inclinación a realizarlas, son víctimas del orden de dominación -esencialmente capitalista- que se ha impuesto en los territorios.
El gobierno Duque y la "cuestión territorial" como problema de "seguridad nacional"
Dada esa lectura de la problemática, y en consonancia con la argumentación descrita, la solución propuesta por el gobierno se encuentra muy distante de un abordaje estructural que esté efectivamente orientado a la transformación de la "cuestión territorial" y a la superación de la violencia -en particular de la violencia política-. En realidad, ella se mueve en los contornos de las políticas de "orden público" y de "seguridad", entendidas como necesidad de control político y social y de imperio de la "legalidad", para lo cual es preciso exhibir y utilizar la fuerza del Estado, particularmente de sus aparatos represivos. La cuestión deviene en problema de "seguridad nacional", concebida desde la doctrina conocida con el mismo nombre, cuyo propósito consiste en combatir el "enemigo interno", entendido este -en sentido amplio- como toda amenaza sistémica, sea esta reivindicativa, reformista o revolucionaria. Esa perspectiva deriva en un tratamiento esencialmente militar, combinado con acciones civiles, subordinadas todas ellas a la estrategia mayor, que no es otra que la búsqueda de una solución de fuerza y violenta del conflicto social y de clase, que se desconoce y oculta. Las comunidades que habitan los territorios terminan siendo estigmatizadas, catalogadas como corresponsables de la situación existente y definidas por su presunta inclinación al crimen. Sobe ellas termina descansando la responsabilidad de una producción del territorio que, en sentido estricto, se explica por el tipo de relaciones capitalistas que allí se imponen. Esa ha sido la práctica estatal y gubernamental que ha persistido y predominado a lo largo de las últimas décadas.
El enfoque aquí descrito encuentra su expresión actual en el entendimiento de la "cuestión territorial" contenido en la política de estabilización Paz con Legalidad, el Plan Nacional de Desarrollo y, específicamente, en las Zonas Especiales Estratégicas de Intervención Integral (ZEII), conocidas como "Zonas Futuro", y en los Planes para tales zonas, tal y como se encuentra consagrado en el Decreto 2278 de 2019.
Esas zonas comprenden 44 municipios y 995 veredas de cinco regiones del país: Pacífico nariñense, Catatumbo, Bajo Cauca y sur de Córdoba, Arauca, Chiribiquete y Parques Nacionales Naturales aledaños, y deben entenderse como parte de la reedición de la política de "seguridad democrática", que, en 2007, puso en marcha el llamado Plan Nacional de la Consolidación Territorial con sustento y acciones similares a las de las "Zonas Futuro", con la diferencia sustantiva de que entonces se estaba en una fase de intensificación de la guerra y no frente a la obligación de la implementación con perspectiva territorial del Acuerdo de paz firmado con la guerrilla de las FARC-EP. En un hecho cuando menos insólito, las "Zonas Futuro" se traslapan con los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y son concebidas como manera muy peculiar de "impulsarlos". En realidad, se trata de otra modalidad de la política de la simulación y del incumplimiento del Acuerdo por parte del gobierno de Duque, así este afirme reiteradamente lo contrario.
La llegada de las fuerzas especiales del ejército de los Estado Unidos, adscritas a la Brigada de Asistencia de Fuerza de Seguridad (SFAB), para asesorar y apoyar acciones en las "Zonas Futuro" (también territorios PDET) en la lucha contra el narcotráfico le agrega un ingrediente aún más preocupante, pues representa, por una parte, otra evidencia del retorno a la "guerra contra las drogas" adelantada por los Estados Unidos, a la cual se ha plegado por completo el gobierno de Duque. Y, por la otra, en cuanto deviene en amenaza contra la paz regional, por el hecho de que dos de las "Zonas Futuro" (Catatumbo y Arauca) se encuentran en la frontera con Venezuela y que el accionar de la SFAB es parte de la "Operación Antidrogas de Mayores Esfuerzos", anunciada por el presidente Trump el pasado primero de abril, y en la que el gobierno Venezuela es uno de los principales objetivos. Resulta cuando menos paradójico que aspectos de la implementación territorial del Acuerdo de paz terminen sometidos a la supervisión y asesoría de las señaladas fuerzas especiales, conocidas por su responsabilidad en la intensificación de la guerra y la violencia en Afganistán.
El camino ofrecido por el Acuerdo de paz
Toda esa lectura de la problemática y de la política territorial desconoce lo preceptuado en el Acuerdo de paz en su visión integral, pero particularmente en su enfoque territorial y su contribución a la habilitación de condiciones para la superación de la violencia -en particular de la violencia política-. Precisamente la tarea emprendida en La Habana consistió en ofrecer un entendimiento de la "cuestión territorial", con el que se buscó aportar a las dinámicas, iniciativas y experiencias de una producción del territorio "desde abajo", considerando lo vivido y proyectado programáticamente por las comunidades campesinas y de los pueblos étnicos. En ese aspecto, se pretende una transformación de la vida en los territorios mediante la realización de reformas, que sin trascender completamente la naturaleza capitalista de la relaciones existentes, posibiliten avances hacia relaciones "modernas", sustentadas en la superación de la violencia estructural, el impulso de procesos de democratización política, económica, social y cultural, y el reconocimiento de la autonomía y de las capacidades de las comunidades para adelantar y consolidar procesos propios.
A ello apuntan, entre otros, primero, la perspectiva de la Reforma Rural Integral y, particularmente, los 16 PDET. Acceso a la tierra, formalización de la pequeña y mediana propiedad, planes nacionales de la RRI, catastro multipropósitos, entro otros, son las partes de un todo integral e integrado; segundo, la compensación a la subrepresentación política de los territorios mediante las 16 circunscripciones especiales territoriales de paz, así como el reconocimiento y estímulo a la participación social y ciudadana y de las comunidades en la definición de diferentes asuntos de la vida social, y, tercero, la puesta en marcha de un sistema de garantías de seguridad para las comunidades en los territorios, de medidas y acciones para los exguerrilleros y exguerrilleras de las FARC-EP y, en general, para el ejercicio de la política y la acción política.
En este último aspecto se proyectó un concepto de "seguridad humana", integral, cercano a las elaboraciones de las Naciones Unidas, que trasciende los enfoques de la "seguridad nacional" y del "enemigo interno". El punto 3.4 del Acuerdo fue explícito en señalar que las "garantías de seguridad" iban de la mano de la "lucha contra las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres, que atentan contra defensores/as de derechos, movimientos sociales o movimientos políticos o que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz, incluyendo organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo". Aunque evidentemente se trata de una "redacción de compromiso", en lo que aquí con seguridad se estaba pensando era en una acción estatal para el desmonte de estructuras de contrainsurgencia, como las que conforman lo que aquí llamamos el "bloque de poder contrainsurgente".
Toda esa concepción de lo territorial, vista de manera articulada, tiene igualmente el propósito de desarrollar, de cara a las víctimas del conflicto, una visión de justicia territorial, reparativa, y sobre todo prospectiva.
La persistencia de la situación de violencia en los territorios, dibujada en los dramáticos y horrorosos episodios sobre los que somos informados diariamente, encuentra una fuerte explicación, no exclusiva desde luego, en la perfidia gubernamental. Lo política del gobierno de Duque, tal y como está concebida y se viene desarrollando, antes que avanzar en la solución de la "cuestión territorial" agudizará las problemáticas aquí descritas. El Acuerdo de paz ofreció un camino, cuya trayectoria no se encuentra cerrada, pues persiste la disputa, pero también, la tozudez de hombres y mujeres por abrirle paso a la noble tarea de la construcción de la paz democrática con justicia social. Condición indiscutible de esos propósitos es la búsqueda de una solución política con las organizaciones guerrilleras que persisten en el alzamiento armado y el diseño de alternativas para el sometimiento de las organizaciones criminales vinculadas con las llamadas economías ilegales.
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