Medidas cautelares contra el etnocidio: Alianzas estratégicas en protección de los pueblos indígenas
El 7 de abril, un catastrófico derrame de petróleo en Ecuador contaminó los ríos Coca y Napo, de los cuales dependen 27 mil indígenas y 90 mil mestizos para proveerse de agua y la pesca. Fue un desastre previsible sobre el que geólogos y ambientalistas advirtieron durante mucho tiempo: la planta hidroeléctrica Coca Codo Sinclair estaba generando una fuerte erosión cerca de las viejas tuberías propiedad del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE). Ahora, cerca de tres meses después, las personas que viven a orillas del río todavía esperan que el gobierno de Ecuador tome medidas para proteger y brindar atención directa a los afectados, así como también generar procedimientos de remediación, de manera transparente y eficiente.
Miembros de múltiples organizaciones nacionales indígenas y la Alianza por los Derechos Humanos en Ecuador lanzaron una campaña coordinada para monitorear la situación y han tomado acciones civiles y legales contra la negligencia del gobierno ecuatoriano. Presentaron una demanda contra el estado pidiendo medidas precauterales para proteger a las personas que ahora se enfrentan a una doble pandemia: COVID y la contaminación de sus hogares y el entorno natural del que dependen. Una audiencia que comenzó el 26 de mayo fue suspendida el 1 de junio citando la enfermedad del juez y el Consejo Judicial se ha negado en restablecer un nuevo proceso.
Una demanda similar lanzada para proteger a los pueblos Waorani, Tagaeri y Taromenane tuvo éxito recientemente, al proporcionar medidas precautelares y una orden judicial para obligar al Ministerio de Salud y al Ministerio de Inclusión Social a mejorar las pruebas de COVID-19 y proporcionar alimentos y otras necesidades en coordinación directa con las comunidades indígenas. Si bien el tribunal no falló a favor de una moratoria de las industrias extractivas en la región, sí requirió al gobierno ecuatoriano un informe detallado sobre “actividades ilegales de minería, tala y tráfico de drogas en la región”.
“Nosotros hemos luchado por miles de años para defender nuestro territorio y nuestras vidas contra diversas amenazas: los conquistadores, los caucheros, los madereros, los petroleros. Ahora, estamos enfrentando la amenaza de Covid-19 con nuestra sabiduría ancestral, nuestro conocimiento de las plantas medicinales y también con nuestros propios protocolos de salud. Pero el Estado está poniendo en riesgo a nuestros Pikenani (abuelos Waorani) y a los Taromenane y Tagaeri. No han respetado nuestra exigencia por una moratorio en las operaciones petroleras. Esto quiere decir que al Estado le importa más sacar petróleo de nuestro territorio, que nuestras propias vidas,” dijo Nemonte Nenquimo, presidente de la Organización Waorani de Pastaza, en un comunicado de prensa. Desafortunadamente, Nemonte presenta síntomas iniciales de COVID, aunque la comunidad ha estado tomando medidas preventivas para permanecer aislada y estimular el sistema inmunológico de las personas.
El éxito de la demanda de Waorani tiene sus raíces en un poderoso movimiento social histórico en Ecuador que se fusionó en la última década para resistir la represión estatal bajo los gobiernos de Correa y Lenin. Han estado luchando por los derechos humanos y civiles, así como contra políticas extractivas consideradas como un proyecto de producción de riqueza de corto alcance e insostenible que beneficia una pequeña clase privilegiada y corporaciones transnacionales a expensas de la vida.
La Alianza por los Derechos Humanos Ecuador, es sólo un ejemplo de este movimiento más amplio, y comenzó como un esfuerzo de varias organizaciones de derechos humanos para exponer la represión policial promovida desde el estado durante las protestas lideradas por el movimiento indígena en octubre de 2019. Ahora compuesto por 18 organizaciones con una experiencia legal, política, social, de comunicación y de investigación acumulada, esta coalición proporciona respuestas coordinadas a diferentes problemas que afectan a la población. La Alianza trabaja de cerca con coaliciones indígenas ya existentes bajo CONAIE, ECUARUNARI, CONFENIAE, CONAICE, entre otras, que han estado luchando por cambios estructurales desde la década de 1990. Múltiples personas detrás de estas organizaciones son parte de un amplio movimiento que hizo posible la nueva Constitución de 2008 de Ecuador y han presionado por un cambio radical, independientemente del partido político gobernante.
Para nombrar unos pocos ejemplos, Acción Ecológica es una organización ambiental que ha resistido varias reiteraciones políticas que gobiernan el país, a menudo bajo coacción. Geografía Crítica del Ecuador es un colectivo de investigadores que proporciona experiencia en mapeo y contenido visual para varias campañas y casos legales, incluso en el caso del derrame de petróleo de SOTE. CEDHU e INREDH se remontan a 1978 y 1993, respectivamente, y han demostrado ser clave en la documentación y denuncia de violaciones de derechos humanos. A ellos se unen varias organizaciones y aliados nacionales e internacionales.
Graphic: geografiacriticaecuador.org
Estas coaliciones extendidas no se han juntado de manera fácil ni sin controversia, han tenido que soportar la vigilancia extrema, la infiltración patrocinada por el estado y han luchado en múltiples batallas legales para mantener a sus líderes fuera de la cárcel y sus puertas abiertas. Pero sus esfuerzos coordinados son indudablemente más fuertes, como lo muestra una queja pública reciente de la campaña #SOSDerrameAmazonia:
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“Desde el 7 de abril, las comunidades ribereñas enfrentan graves vulneraciones a sus derechos a VIDA ÍNTEGRA, AGUA, ALIMENTACIÓN, MEDIO AMBIENTE SANO Y SALUD y viven enfrentadas a que estos hechos se repitan como ha sucedido en estos días. El caso es que las vulneraciones por contaminación a derechos colectivos y de la naturaleza se están convirtiendo en vulneraciones sistemáticas y sistemáticamente IMPUNES con consecuencias irreversibles e irreparables…
EXIGIMOS al CONSEJO DE LA JUDICATURA cumplir con su obligación de protección y tutela judicial a través de la emisión URGENTE de las MEDIDAS CAUTELARES que hemos solicitado insistente y motivadamente desde el 29 de abril. Exigimos, a la vez, que activen los mecanismos necesarios para que se reanude la audiencia de la acción de protección, suspendida desde hace YA CASI UN MES. SOLICITAMOS que la Corte Constitucional se PRONUNCIE. No es ético que se guarde silencio cuando la vida de al menos 27 mil personas corre grave riesgo…
Las organizaciones firmantes denunciamos la sistemática violación de derechos de esta población que hoy enfrentaría, además, los impactos del brote de dengue y del covid-19; así como, la impunidad tras 75 días del derrame ocurrido el 7 de abril de 2020.”
PARA MAS INFORMACION:
https://greennetworkproject.org/es/2020/06/28/medidas-cautelares-contra-el-etnocidio-alianzas-estrategicas-en-proteccion-de-los-pueblos-indigenas/
