La desaparición forzada y la deuda del Estado

Foto El telegráfo

La desaparición forzada corresponde al arresto, detención, secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación; sin embargo este concepto ha cambiado como categoría y dentro del nuevo contexto mundial, por ello en distintas convenciones internacionales, a las cuales el Estado ecuatoriano está adscrito, hablan de la desaparición forzada por particulares sin la aquiescencia del Estado. Esto quiere decir que la desaparición no la ocasionó directamente el Estado, sino alguna persona particular, pero aún sigue siendo forzada, ya que está desaparición es perpetrada por la fuerza como en los casos de trata de personas y tráfico de órganos o desapariciones que concluyen en feminicidios o casos relacionados con terceros que han decidido privarle de su libertad por distintas motivaciones.

En el caso de desapariciones involuntarias, el Estado es responsable por omisión debido a que sus instituciones no cumplen con lo necesario para encontrar a nuestros seres desaparecidos, convirtiéndose en cómplice de sus desapariciones.

El Ministerio de Gobierno registró de enero a mayo de 2020, 2287 denuncias de desapariciones, de ellas 100 casos están en investigación, es decir, que 20 personas desaparecen cada mes y hasta ahora se desconoce su paradero. Cifras que nos causa mucha intriga porque de acuerdo con la información entregada por la Fiscalía General del Estado y Dinased estas difieren considerablemente entre sí. Por ejemplo, en 2018, cuyo reporte corresponde a la última información entregada por la Fiscalía hay una diferencia de 1324 personas de quienes no existe información alguna. ¿Qué les pasó? ¿En dónde están? Esta Información fue obtenida del análisis que realizamos como Asociación en alianza con el Comité Contra la Violencia, Desapariciones y Feminicidios (Covidefem) sobre las inconsistencias en las cifras oficiales presentadas por el Estado ecuatoriano acerca de las personas desaparecidas en el Ecuador en el período 2013-2017.

El Ministerio de Gobierno registró de enero a mayo de 2020, 2287 denuncias de desapariciones, de ellas 100 casos están en investigación, es decir, que 20 personas desaparecen cada mes y hasta ahora se desconoce su paradero.

Este análisis también nos demuestra que el Estado ecuatoriano, a través de la Fiscalía y Dinased han demostrado su incapacidad para investigar la desaparición de personas, ya que no han logrado presentar informes veraces y oportunos sobre éste fenómeno. Tampoco tiene una política clara de comunicación, coordinación y acción interinstitucional, lo que se evidencia en la presentación de las cifras antes mencionadas que son poco confiables y verificables sobre el número total de desaparecidos y de los procesos por resolver. El Estado ecuatoriano tampoco ha logrado desarrollar una base de datos de ADN de los desaparecidos y NN. El Estado desconoce cuantitativa y cualitativamente el alcance de este fenómeno por lo que le resulta difícil asignar suficientes recursos para implementar estrategias idóneas y eficaces de prevención, investigación, sanción y hacer justicia.

A pesar de varias reuniones con diferentes autoridades del Gobierno, durante los ocho años de existencia de ASFADEC, para exponer los problemas a los que nos enfrentamos los familiares de personas desaparecidas no hemos tenido resultados concretos, pese a los compromisos contraídos por las diferentes representantes de las instituciones asignadas para atendernos.

Entre los problemas que más nos afectan es la rotación de fiscales que retrasa los procesos de búsqueda; la falta de capacitación de agentes fiscales en búsqueda de personas desaparecidas, especialmente de los fiscales que vienen de otras dependencias como tránsito, por ejemplo; la interrupción en los procesos de búsqueda por pases a los agentes investigadores y ahora agravada por la pandemia por covid-19. Esperamos que la Fiscalía cumpla su compromiso de hacer seguimiento a “cada fiscal en cada caso” debido a tantas quejas presentadas por la dilación en los procesos, impulsos administrativos repetitivos y archivo de casos sin explicación legal válida.

Igualmente esperamos que la aplicación de la normativa, para que la Ley Orgánica de Actuación en Casos de Personas Desaparecidas y Extraviadas que fue publicada en el Registro Oficial el 28 de enero de 2020, tras ser aprobada en el pleno de la Asamblea Nacional el 19 de diciembre de 2019, no se quede en papel y así prevenir que este fenómeno social continúe.

Mientras tanto seguiremos luchando y visibilizando que Ecuador no está completo que nos faltan nuestros seres queridos que fueron desaparecidos. Seguiremos exigiendo verdad, justicia y memoria. Porque nos sigue faltando:

• Alexander Adrián Romo Basantes

• Alex Juan Abad Troya

• Alex Smith Muñoz

• Ángel Risueño

• Angélica Laz Zambrano

• August Reiger

• Álvaro Nazareno Angulo

• Byron Eduardo Rocano Ocampo

• Camilo Carlos Antonio Tobar Abril

• Carlos Giovanny Hualca Ochoa

• Carmen Alicia Cazar Villegas

• Christian Antonio Acevedo

• Celso Naula González

• Dadier Cano Roldán

• Dayan Hernández

• Dayana Guevara Castillo

• Edwin José Portilla

• Edwin Ullco

• Esteban Paúl Utreras Ramírez

• Fausto Witt Baquerizo

• Gabriel Albuja Morales

• Galo Gerardo Andrade

• Gilberto Montenegro

• Giovanna Paulina Pérez Constante

• Giovanny Francisco Castellanos Aguaiza

• Gladys Estefanía Rengel Acosta

• Gustavo Garzón Guzmán

• Isabel Tamara Aguirre

• Héctor Arturo Pérez Trujillo

• Holguer Fernando Montenegro

• Hugo Samuel Chiriboga

• Hugo Florencio Chito

• Humberto Guandinango

• Isaac Aristizabal

• Isabel Tamara Aguirre

• Ismael Alencastro López

• Isolina del Carmen León

• Iván Jiménez Torres

• Iván Rodríguez León

• Jamilet Arroyo Montalvan

• Janeth Soraya Guis Herrera

• Jhoann A López. Ferrer

• Jonathan Quintero

• Jorge Rafael Chafla

• José Luis Valencia

• Josué Washintong Yaselga Alvarado

• Juan Vinicio Huanca

• Juan Carlos Caizaguano Guanotuña

• Juan Carlos Calapi

• Juan Carlos Ortiz

• Juan Vicente Torres Quezada

• Juliana Lizbeth Campoverde Rodríguez

• Leonor María Ramírez López

• Luis Alfonso Pastrano Loachamín

• Luis Alfredo Velásquez Cevallos

• Luis Daniel Sigcho Ñacato

• Luis Eduardo Guachalá Chimbo

• Luis Marcelo Avilés Cerda

• Luzmila Ramírez

• Magaly Mireya Jiménez Pinzón

• Manuel Mero Anchundía

• Marco Antonio Ávalos Londoño

• Marco Antonio Aranda Calderón

• Marcos Mendez Moreno

• María del Cisne Yanza Saritama

• María Elena Dobronsky

• María Julia Vinueza Morales

• María Luisa Sellán Salazar

• Medardo Maximiño Córdova Córdova

• Michelle Alejandra Montenegro

• Miguel Vega Torres

• Mario Eduardo Quillupangui

• Nahomy Vivar Zambrano

• Natalia Elizabeth Subía Molina

• Nathaly Aguirre

• Nelly de Jesús Oviedo Valdez

• Óscar Wladimir Suárez Shiguango

• Patricia Maribel Moreno Sánchez

• Pedro Alberto León Ruíz

• Ramón Artemio Vinces Menéndez

• Ricardo Tapia

• Ricardo Vásconez

• Roy Pascual Gordillo Vito

• Santiago David Romo Córdova

• Segundo Abel Arias

• Sergio Roniel Zambrano Moreira

• Shasha Cristina Tonzo

• Stalin Conchambay Lema

• Stephany Carolina Garzón Ardila

• Telmo Orlando Pacheco Aguilar

• Thalita Sarahí Altamirano Cajilema

• Vicente René Valenzuela Sánchez

• Vicente René Iñiguez Vicuña

• Vicente Unapuche

• Víctor Orlando Pizarro

• Viviana Patricia Yanza Freire

• Vladimir Araujo Carrasco

• Walter Eugenio Tumbaco Pilay

• Walter Junior Tumbaco Villa

• Wilson Cauja

• Ximena de los Angeles Quinga

https://asfadec.org/la-desaparicion-forzada-y-la-deuda-del-estado/