¡Eran niñas!: el doble infanticidio en Paraguay

Frente al asesinato de las niñas, la primera respuesta del gobierno paraguayo fue como se ve el encubrimiento, y el intento de presentación del mismo al modo de los “falsos positivos” colombianos. Sus cuerpos fueron fotografiados con uniformes militares –que luego fueron rápidamente quemados con la excusa del COVID- y ellas fueron enterradas. Los medios de comunicación informaron que eran líderes guerrilleras abatidas, después que eran jóvenes entre 15 y 17 años partícipes del grupo armado.

A partir de los numerosos reclamos nacionales e internacionales para que se esclarecieran esos hechos, se autorizó la exhumación de los cuerpos, negándose de todos modos la participación tanto de sus familiares, como de Daisy Irala, abogada de la defensa, y del representante del consulado argentino en Paraguay.

Miriam Villalba, madre de Lilian Maria (12 años), una de las niñas asesinadas, y tía de María del Carmen (11 años), manifestó que “las niñas habían viajado a Paraguay a visitar a sus parientes, pero no pudieron regresar a la Argentina por las restricciones sanitarias impuestas por la cuarentena”. En Conferencia de Prensa realizada en Posadas, Misiones, Miriam expresó: “Nosotras no vamos a dejar impune la sangre derramada por nuestras hijitas, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Ellos ejecutaron a mi hija y a mi sobrina de 11 y 12 años”. Miram Villalba, hermana de Carmen, acusó al Ejército paraguayo de capturar con vida y torturar a una de las niñas. “Peleamos mucho para que nos entreguen los cuerpitos. Estamos seguros como familia que fueron torturadas, porque a Lílian la agarraron viva, la torturaron, la ejecutaron y la vistieron con ropa camuflada posterior a eso para cubrir todas las atrocidades que cometieron. Trataron de deshacerse de todas las evidencias, le quemaron todas las ropitas. A mi hijita, luego de la autopsia que le hicieron, la enterraron en una fosa común en una caja de cartón”.

La Cancillería Argentina, la CIDH, y otras instancias internacionales exigieron al Estado paraguayo una investigación creíble sobre las circunstancias en que se produjeron estos crímenes de lesa humanidad. El gobierno argentino rechazó por absurdas las expresiones del general paraguayo Héctor Grau, jefe de las FTC, que acusó a la Argentina de “convertirse en una guardería de soldados del EPP”, tratando de involucrar al gobierno argentino en las acciones del EPP, y de presentar a las niñas como peligrosas guerrilleras. Las FTC fueron creadas en el año 2013, con un presupuesto de 14 millones de dólares anuales, para dedicarse exclusivamente a desarticular al EPP. De modo que este tipo de actuación escandalosa no es improvisada, ni se debe a falta de recursos. Las fuerzas represivas operan en complicidad con los ganaderos, los sojeros, los narcotraficantes del país, que se benefician de la absoluta impunidad.

En otra declaración absurda y violenta, el Ministro de Educación y Ciencias de Paraguay, Eduardo Petta, realizó afirmaciones criminales, ironizando sobre el reclamo del gobierno argentino, preguntando si éste se refería a la muerte de niños en la Batalla de Acosta Ñu durante la Guerra de la Triple Alianza. Entre los primeros en responder al comentario de Petta estuvo el historiador paraguayo Fabián Chamorro, quien cuestionó sus conocimientos sobre los hechos acontecido en 1869, ya que específicamente en la batalla de Acosta Ñu, participó el ejército brasileño. De todos modos, más allá de la expuesta ignorancia del Ministro de Educación, queda en evidencia que su intervención tenía como objetivo distraer la atención de las demandas de justicia. También se busca distraer de la denuncia de estos hechos, el escándalo generado por la acción solidaria de un grupo de jóvenes feministas, que se manifestaron y pintaron el panteón de la patria. Además de ser judicializadas, distintos grupos nacionalistas amenazaron con salir a cazar feministas. La xenofobia, la mentira, la misoginia, la hostilización de las relaciones internacionales, fueron las respuestas del gobierno fascista y de sus grupos afines.

La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) alertó ayer que el enfrentamiento informado por el Gobierno presenta características inquietantes de un "crimen de Estado". La indignación que produce este infanticidio de Estado, se nutre del reconocimiento que no es el primer crimen producido por estas fuerzas militares y policiales. La pena de muerte, sin juicio, sin investigación, por parte de los aparatos militares del terrorismo estatal, a activistas del EPP, y también a líderes campesinos, campesinas y a sus familias, son moneda corriente en Paraguay. La investigación deberá abarcar estos crímenes y también las violaciones sistemáticas de los derechos humanos, así como las múltiples complicidades que sostienen la impunidad.

[1] De la redacción de NODAL

https://www.pagina12.com.ar/291213-eran-ninas-el-doble-infanticidio-en-paraguay