Más de 100 mil estudiantes no volvieron al sistema educativo

Para el año lectivo 2019- 2020 se inscribieron 1'926.026 estudiantes de los cuales el 73,48% se encontraba en instituciones fiscales y 26,52% en establecimientos particulares, fiscomisionales, entre otros. Para este año lectivo 2020 -2021, según declaraciones de la ministra de Educación, en la inauguración del año lectivo se registran 1'822.615 estudiantes de todos los sostenimientos. Es decir, 103.411 estudiantes menos de lo que se puede colegir hasta el momento.

Ninguna autoridad educativa ha señalado: ¿Dónde están las niñas, niños, jóvenes que no accedieron a la educación? ¿Cuáles son los porcentajes oficiales de deserción? ¿Qué políticas ha adoptado el Gobierno para frenar la deserción? Aún más, cuando el 11 de agosto, en una entrevista la ministra de Educación, Monserrat Creamer, señaló que a 17.754, estudiantes del régimen Sierra sus docentes les perdieron el rastro.

Así es como se retorna a las aulas: sin saber de sus destinos. Y esa fue la primera impresión y preocupación de varios docentes, pues la educación, en medio de esta pandemia ha dejado de ser un derecho y ha dejado de ser pública. Si un estudiante o docente no cuenta con internet o un equipo tecnológico (celular, computadora), simplemente la educación no llega. Esta realidad es la que el Gobierno y el Ministerio de Educación, no han enfrentado. Las políticas dirigidas al sistema educativo tienen como propósito desnaturalizarlo en su característica de garantizar el derecho a una educación gratuita, de calidad y científica, con el argumento de que las políticas adoptadas son una respuesta inmediata a la crisis generada por la pandemia.

Para sustentar lo señalado, citamos el acuerdo ministerial Nro. MINEDUC-MINEDUC-2020-00038-A. En este documento las medidas adoptadas a propósito de la COVID-19 discriminan y golpean con fuerza a los sectores más empobrecidos, agravadas por una insuficiente capacidad sanitaria del Estado.

Según el acuerdo citado, se procede a reglamentar cómo debe ser la educación en este nuevo año lectivo 2020 – 2021 del régimen Sierra y Amazonia, sin resolver los problemas de fondo. Incluso la Corte Constitucional, mediante Dictamen Nro. 220-EE-20, dispuso al Gobierno Nacional tomar medidas para que la población pueda acceder a la educación por todos los medios de comunicación disponibles durante el confinamiento, para fomentar en la mayor medida posible el acceso a la conectividad y disminuir la brecha digital, así como para difundir información actual sobre la transmisión y la gravedad de la COVID-19, formas de prevención y prácticas de higiene en el sistema educativo.

Mediante dicho acuerdo ministerial, tres opciones se “brindaron” a los padres, madres y a las instituciones educativas:

1. Plan Educativo Aprendemos Juntos en Casa, desarrollado a través de programas de radio, televisión y telefonía, de la plataforma del ministerio, implementados con alta dosis de improvisación, con guías para maestros y maestras, que difícilmente van a generar aprendizajes en el 50% de la población escolar marginada de los recursos tecnológicos.

2. Educación Abierta, entendida de manera reduccionista por el Ministerio como “virtual y en línea”, orientada para los estudiantes de la Básica Superior y el Bachillerato. Está dirigida a los sectores altos de la población que tienen acceso al internet, la telefonía de alta gama y a los aparatos tecnológicos que les permitirá apropiarse de conocimientos complementados con asesoría, tutorías calificadas y recursos bibliográficos de todo tipo. Esta alternativa, que la manejarán los establecimientos privados, cobrará el 65% de las pensiones conforme ha decretado el Ministerio y es por eso que varios padres y madres de familia se vieron obligados a realizar movilizaciones de protesta antes de las matrículas. Algunos sectores socioeconómicamente altos son los únicos que están resolviendo las dificultades educativas de la pandemia, cuestión que está seriamente limitada incluso a los sectores medios de la población que hacían muchos esfuerzos para alcanzar la educación privada o particular.

3. Y, la última opción, es la Educación en Casa, en la cual los padres y madres de familia serán los que asuman la responsabilidad de la educación de sus hijos e hijas. Obviamente, solo las familias con recursos altos podrán pagar tutores para reemplazarlos en esa actividad que será supervisada por las instituciones particulares que asuman esta responsabilidad, a las cuales se deberá cancelar el 35% del valor autorizado de las pensiones. Quienes deben salir a buscar el pan de cada día y exponerse la COVID, muy difícil que puedan optar por esta opción.

Así es como se retorna a las aulas: sin saber de sus destinos. Y esa fue la primera impresión y preocupación de varios docentes, pues la educación, en medio de esta pandemia ha dejado de ser un derecho y ha dejado de ser pública.

Las tres opciones demandan de recursos materiales, tecnológicos e internet. Pero nada de esto se ha concretado. De acuerdo a la encuesta del INEC, ENEMDU de 2017, la mitad de las niñas, niños y adolescentes que viven en Ecuador (52%) tienen acceso a internet en su hogar. Sin embargo, se aprecian diferencias significativas al desagregar esta información de acuerdo con la región, la autoidentificación étnica y la situación socioeconómica. Así, en el área urbana el 62% tiene acceso al internet y en el área rural el 31%. Por otra parte, el 57% de la niñez y adolescencia mestiza tiene este verdadero privilegio; el 40% de la afrodescendiente, el 39% de la montubia y el 15% de la indígena. Y dentro de la población indígena, el acceso a internet cae al 7% en el área rural. Además, en el caso de la población no pobre llega al 61%, mientras que en la población empobrecida del Ecuador es del 26%. Como podemos apreciar, no todos tienen conectividad a internet y tampoco tienen acceso a los recursos tecnológicos indispensables para articularse a la educación virtual o Educación en Casa que el Gobierno promueve pero no garantiza.

Las cosas no se quedan allí. Meses atrás, a propósito de la COVID-19 y del recorte de más de 900 millones de dólares a la educación general, el Ministerio de Educación decretó la eliminación del Servicio para la Atención Familiar para la Primera Infancia (SAFPI) que se desarrollaba en 89 distritos educativos a escala nacional con 738 docentes que ahora están sin trabajo, y que atendía a 19.975 niños y niñas de 3 y 4 años casa por casa; una oferta educativa necesaria en tiempos de pandemia. La oferta Educativa de Alfabetización, Post alfabetización, Básica Superior y Bachillerato intensivo, que servía a 146.576 personas también fue afectada. En estos dos casos, tampoco se conoce qué ha sucedido con los niños, niñas, jóvenes y adultos que formaban parte de estos programas. ¿Será que retornaron a clases en este nuevo año lectivo?

Es fácil deducir que la política del Gobierno se ha encargado de excluir del derecho a la educación a niños, niñas y jóvenes. Además, se ha consagrado la sobrecarga laboral, la disminución del sueldo y el retraso en los pagos a los maestros y maestras de la educación general y superior.

Así está el retorno al nuevo año lectivo en el régimen Sierra y Amazonia, sin resolver los problemas centrales y emergentes: falta de conectividad, internet, equipos tecnológicos, déficit de docentes en un número aproximado de 70.000, según base de datos de la Unión Nacional de Educadores, y que son indispensables para garantizar la cobertura en todas las provincias del país y principalmente en los sectores rurales y comunitarios, por el contrario, se ha desvinculado a 6.000 maestros y maestras que laboraban en los distintos niveles educativos.

Las decisiones del régimen están encaminadas a disminuir el gasto social e incluso a buscar nuevas formas de privatización de los colegios y escuelas públicas a través de fundaciones y fideicomisos que son contextualizados desde varios planteamientos presentados como “innovadores” y desde donde el Gobierno busca aprovechar la actual circunstancia dolorosa y así garantizar las tasas de ganancia que las grandes empresas demandan de los fondos del Estado. Sobre este tópico recomendamos leer la entrevista a la Ministra de Educación en Diario El Universo.

a propósito de la COVID-19 y del recorte de más de 900 millones de dólares a la educación general, el Ministerio de Educación decretó la eliminación del Servicio para la Atención Familiar para la Primera Infancia (SAFPI), que estaba en 89 distritos.

Retornamos a clases sin entender que el uso de recursos tecnológico-virtuales está supeditado a condiciones socioeconómicas de las familias. Hacen caso omiso de las limitaciones de acceso de la mayoría de los niños, niñas y jóvenes a la cobertura de internet, teléfonos celulares, tabletas, computadoras y en los hogares que han podido resolver lo han hecho mediante préstamos y más deudas.

Volvemos a las aulas mediante un planteamiento educativo que se presenta como: “transformador”, curricular, pedagógico y didáctico. Pero que en los hechos sigue promoviendo la repetición mecánica del mismo esquema tradicionalista de la educación presencial, ejecutado ahora por medios virtuales.

En pocas palabras la vieja escuela llevada a la pantalla, donde la comunidad educativa, al final de cuentas, no sabe si debe trabajar con el currículo Priorizado o el Priorizado por Emergencia, lo que no es cuestión de una “respuesta” lógica. Los docentes están en ese dilema frente a la vigilancia y control de el ministerio, que no entiende que la tecnología, incluso en épocas de emergencia, es una herramienta de mediación entre estudiante y docente.

Torpe decisión adaptar guías y textos completos del Currículo Nacional a documentos portátiles o a plataformas con esquemas, proyectos, políticas del pasado, que no hacen otra cosa que demostrar precisamente el menosprecio a la educación pública y la incompetencia para enfrentar los retos que exige las urgentes necesidades de la educación pública y sobrecargando de actividades a los docentes.

Varios expertos señalan que, de seguir la situación como esta en la educación, podemos retroceder años en lo referente a tasa neta de asistencia, rezago escolar, entre otros, y es obvio frente a un Gobierno neoliberal que ha hecho trizas los derechos de los ecuatorianos y ecuatorianas a los que se está condenando a la ignorancia y la ignominia en plena emergencia sanitaria.

Los docentes están en un dilema frente a la vigilancia y control de el ministerio, que no entiende que la tecnología, incluso en épocas de emergencia, es una herramienta de mediación entre estudiante y docente.

¿Qué hacer frente a esta realidad? Enfrentar los problemas de raíz, entender que la educación y salud en estos momentos no son un gasto y que no podemos enfrentar esta realidad mediante la implantación de políticas segregativas, que a crecentan nuestra realidad inequitativa como lo está haciendo la política del Ministerio de Educación y del Gobierno que, de paso, son también los responsables de que no existan condiciones para retornar a las aulas de manera semipresencial o presencial, al recortar el presupuesto, hacinar estudiantes en plataformas que luego deberán trasladarse a sus aulas. Solo para el mantenimiento en infraestructura educativa se recortó $135.811,21, en plena emergencia sanitaria, dejando sin recursos a los establecimientos educativos para su mantenimiento en medio de la pandemia.

La propuesta que establece la modalidad virtual, en línea y la educación en casa es un contexto de sálvense como puedan, pues los docentes han demostrado que no estamos en contra de los recursos tecnológicos si no de su desigual distribución y de la forma como estos están siendo utilizados desde el poder. Maestros y maestras han desarrollado todo lo que está a su alcance para no dejar de contactarse con sus estudiantes y brindar su conocimiento y contingente de apoyo emocional, el Gobierno y la Ministra de Educación les han dado la espalda al no dotarles de todos los materiales y garantías básicas para su trabajo, al recortar su sueldo que lleva congelado más de cinco años, y donde de los más de 169 mil docentes el 73,43% se encontraba ganando un sueldo de $ 817,00. Frente a una canasta básica que para el mes de enero del 2020 sobrepasaba los USD 700.

En salud y educación no podemos afectar a nadie, menos a las familias más pobres que son quienes están sufriendo recortes en sus haberes, despidos, fallecimiento de familiares. El Gobierno debe dotar de manera urgente de recursos tecnológicos e internet gratuito a estudiantes y profesores/as, solo así podemos garantizar el acceso en el actual contexto y en el fin de superar esta pandemia en condiciones básicamente dignas para quienes están sometidos a la pobreza. Es menester devolver el presupuesto que se recortó a educación, y garantizar las condiciones necesarias para cuando sea necesario y estemos verdaderamente preparados retornar a las aulas, ya que está demostrado que el aula y el docente no pueden ser remplazados ni por la mejor plataforma virtual del mundo.

https://www.planv.com.ec/historias/sociedad/mas-100-mil-estudiantes-no-volvieron-al-sistema-educativo