Masacre histórica en Bogotá por Agentes del Estado
Foto. Redes sociales
Absolutamente aterrador resulta pensar que en nuestra maltratada Colombia, que viene caracterizándose en los últimos años por el asesinato sistemático de líderes sociales, reclamantes de tierras, impulsores del proceso de paz, ambientalistas y defensores de derechos humanos, por cuenta de fuerzas oscuras al margen de la ley; como si fuera poco, el pasado 10 de septiembre se inauguró una nueva modalidad de asesinatos colectivos de civiles inermes, por cuenta de la acción de presuntos agentes del Estado, actuando también al margen de la ley.
Este hecho inédito en la historia reciente de Colombia, comparable quizás con la indignación que produjo en 1948, el magnicidio del caudillo liberal JORGE ELIECER GAITÁN. Ahora fue desencadenado por el evidente abuso policial que terminó con la vida del ciudadano JAVIER ORDOÑEZ, producto de la repetida aplicación de corriente eléctrica y golpes propinados por agentes de la policía en la ciudad de Bogotá. Fenómeno similar al producido durante la pandemia el pasado 25 de mayo en la ciudad de Minneapolis (EEUU) cuando el afroamericano GEORGE FLOYD fue muerto asfixiado en un hecho de brutalidad policial, que al igual que la muerte de JAVIER ORDOÑEZ, fue grabado por ciudadanos que lo subieron a las redes sociales y generó tal indignación que desencadenó en hechos de violencia contra los agentes de policía y los CAIs, y contra bienes públicos (buses de Transmilenio) y establecimientos de comercio. Estos no son hechos aislados, algo similar ha pasado en épocas recientes en Francia con el movimiento de los chalecos amarillos, y en Chile, con el incremento de la tarifa del transporte público, que terminó en la convocatoria a una asamblea nacional constituyente.
Desde los sectores democráticos y progresistas, quienes defendemos el Estado de derecho, tampoco podemos justificar el daño de la infraestructura y los bienes públicos, y tampoco la agresión o el linchamiento de funcionarios públicos. El legítimo derecho a la protesta no puede amparar o legitimar el uso de la violencia y la destrucción de bienes públicos.
Resulta curioso, que quienes cometieron esos mismos hechos de violencia contra los bienes públicos y los funcionarios estatales en el vecino país de Venezuela, el gobierno del presidente Iván Duque los califica como “héroes de la oposición” al gobierno de Nicolás Maduro, y a los nacionales en cambio, por los mismos hechos les da el calificativo de “vándalos” y guerrilleros. Es evidente el doble racero, para valorar esas conductas de violencia colectiva.
Un gobierno nacional autista.
Como ya fue planteado en esta Revista el pasado 16 de diciembre de 2019, no hay que buscar la causa de la fiebre en las sábanas, al analizar el multitudinario Paro Nacional del 21 de Noviembre de 2019 y sus subsiguientes expresiones de protesta social, planteamos que ellas son apenas los síntomas, y no la enfermedad, como lo viene sosteniendo el Ministro de Defensa, al intentar hacernos creer que los hechos ocurridos el pasado 10 de septiembre son el resultado de un complot planeado por las milicias urbanas del ELN y las disidencias de las FARC.
Sin embargo no se pueden minimizar los hechos, pues resultaron en la destrucción de 72 CAIs, 216 uniformados heridos (4 por arma de fuego), 9 civiles muertos y 75 civiles heridos por arma de fuego, presuntamente por el uso indiscriminado de armas por parte de uniformados de la policía nacional. Es increíble la desconexión del gobierno nacional con la realidad que vive nuestro país, tanto que resulta pueril, pensar que pretendan continuar estigmatizando o rotulando a todos los ciudadanos que se encuentran inconformes con el gobierno, con la corrupción, con la impunidad, con el tratamiento gubernamental de la pandemia, y que salen a ejercer el legítimo derecho a la protesta, al tildarlos de “idiotas útiles de las guerrillas” que quieren convertir a Colombia en una segunda Venezuela.
Este estallido violento puede entenderse como la consecuencia de no haber atendido y encausado el clamor popular que se expresó en las multitudinarias marchas del 21 de noviembre de 2019, a cuyos líderes el gobierno no quiso atender, y les tomó del pelo con un supuesto dialogo nacional, que como ya es su impronta, no terminó en nada. Por otra parte, el estallido social de la juventud puede explicarse, por la política del actual gobierno de poner a la policía a cuidar los parques y a perseguir a los jóvenes que presuntamente son consumidores de estupefacientes, quienes al parecer han sido víctimas de abusos de autoridad por parte de policiales. Una evidencia de esta realidad es que en Bogotá en lo corrido del año 2020 la alcaldía, la personería y la defensoría del pueblo han documentado 141 casos de presuntos abusos policiales, de los cuales a la fecha apenas se han iniciado investigaciones sobre 38, es decir que existe impunidad en la investigación de las acciones abusivas de los policiales, siendo sus víctimas los jóvenes en la ciudad.
Es admirable la sintonía que ha tenido la alcaldesa Claudia López para enfrentar este complejo fenómeno de violencia social e institucional, y el valor civil con que se ha parado para defender los principios democráticos y los derechos de las víctimas, frente al inepto reduccionismo y cómodo argumento según el cual, lo que sucedió en Bogotá fue un hecho de vandalismo, planeado por la guerrillas. Gracias a la acción oportuna y acertada de la administración distrital, se ha contribuido a calmar los ánimos y se volvió rápidamente a la normalidad.
Actuando al margen de la ley.
Tenemos que decir que el artículo 11 de nuestra constitución, establece que “en Colombia no habrá pena de muerte y que el derecho a la vida es inviolable”.
Así como que el artículo 2 constitucional establece que “las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su VIDA, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, …”. Por lo que resulta a todas luces ilegal e injustificable que algunos policiales, abrieran fuego de manera indiscriminada contra los manifestantes, como se aprecia en algunos videos. Eso equivale a ejercer la pena de muerte contra civiles inermes, lo que está penalizado incluso en el Derecho Internacional Humanitario, que proscribe el homicidio fuera de combate o el ultimar a un contendiente desarmado.
Según la hipótesis del Ministro de Defensa, avalada por el Presidente Iván Duque, los 75 civiles heridos y los 9 muertos con proyectiles presuntamente detonados por integrantes de la policía, eran integrantes de las milicias del ELN o de las disidencias de las FARC. Situación que no se ajusta a la realidad y que aun hipotéticamente siendo cierta, no justifica la utilización de armas de fuego contra civiles desarmados. Pero conociendo los antecedentes de las investigaciones exhaustivas en estos casos, seguramente los investigadores “probarán” ante un tribunal de justicia penal militar que los heridos y muertos estaban armados y que tenían antecedentes como guerrilleros, y por consiguiente el resultado será la absolución de los involucrados en estos lamentables hechos, constituyéndose en un hecho más de impunidad; que a la vuelta de 5 o 6 años llegará a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien valorando las pruebas declarará culpable al Estado colombiano, quien tendrá que indemnizar con nuestros impuestos a las víctimas de estos hechos a todas luces ilegales.
Reformar para fortalecer la institucionalidad.
Es evidente que se requiere una reforma a la institución policial, no para debilitarla como insinúa el gobierno nacional, sino para todo lo contrario, cualificarla, fortalecerla, volverla garante de los derechos de los ciudadanos, legítima al estar ajustada a las normas, y por lo tanto querida y con la autoridad y el aprecio de todos los colombianos. No conozco una sociedad que no requiera de una policía, en ella los ciudadanos delegamos el uso legítimo de la fuerza, para la defensa y garantía de nuestros derechos.
Ante el inmovilismo del gobierno nacional, le corresponderá a las fuerzas políticas declaradas en independencia o en oposición, en el Congreso de la República, animar la realización de una reforma que modernice a la policía, que la cualifique, que le dé mejores medios para su actuación en contra de la delincuencia, que la haga más transparente en sus actuaciones; y que la sujete al poder civil y no al Ministerio de la Defensa Nacional, que tiene otra misión. Si no se atiende estos síntomas la enfermedad puede llevar a que la policía se debilite en su legitimidad y por lo tanto su autoridad.
Miguel Antonio Galvis, Consultor Social y Político independiente.
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