Eludir la responsabilidad política la estrategia del gobierno ante los desmanes de la Fuerza Pública

Pedro Santana Rodríguez / Revista Sur

Foto: latinidad

La protesta ciudadana en el marco del Paro Nacional que este viernes cumplirá un mes no cesa. Es cierto que ha disminuido la cantidad diaria de protestantes en las calles, pero, sigue siendo masiva y cada vez se extiende más por el territorio nacional y todo ello pese a la brutalidad de la Fuerza Pública que no ha menguado en su represión. Con corte al 26 de mayo Indepaz había documentado el asesinato de 54 personas relacionadas con la represión a la protesta y tenía en verificación seis asesinatos más en la ciudad de Cali que aparecen sin identificar. En derecho de petición dirigido al fiscal general, Francisco Barbosa, para que responda por las personas desaparecidas, Indepaz lista el nombre de 346 personas presuntamente desaparecidas también en hechos relacionados con el Paro Nacional, mientras que se han documentado 38 casos de disparos en los ojos de manifestantes y violencia sexual contra al menos 20 mujeres en el marco de las protestas así como más de un millar de civiles heridos además de 800 agentes de la Policía también heridos en el marco de las confrontaciones con los manifestantes y son cerca de 1500 detenidos.

En relación con la protesta además de las confrontaciones con este saldo dantesco se han registrado dos hechos que vale la pena mencionar y analizar para ver hacia dónde nos dirigimos. El primero el acuerdo parcial, sobre las garantías a la protesta, alcanzado este martes 25, entre el Comité del Paro y el Gobierno nacional que esta a la espera de la refrendación por parte del gobierno pues ya fue refrenado por las instancias del Paro Nacional y el segundo el debate de moción de censura realizado contra el ministro de defensa nacional, Diego Molano, el día lunes 24 de mayo en el senado de la República y el martes 25 en la Cámara de representantes.

Acuerdos parciales

El acuerdo alcanzado entre el Comité del Paro y el gobierno que aún no ha sido hecho público refiere a las garantías de que debe gozar la protesta ciudadana y según ha trascendido se refiere a las investigaciones por los crímenes cometidos, a las necesarias reformas a la Fuerza Pública y principalmente al Escuadrón Móvil Antidisturbios, ESMAD, así como a la no estigmatización de la protesta así como el no acudir a la figura de la Conmoción Interior para hacer frente al paro y a las movilizaciones ciudadanas. El gobierno ha pedido tiempo para socializar y consultar a los organismos que adquieren obligaciones y responsabilidades para el cumplimiento de los acuerdos. Típico de este gobierno que sigue comprando tiempo para que la protesta se debilite, a eso sigue jugando. No obstante, no se puede minimizar que se haya logrado un acuerdo pese a las constancias y salvedades que se registraron en este punto considerado como preliminar para entrar en la negociación del pliego de emergencia presentado a consideración del gobierno desde el mes de junio del año 2020.

El Comité Nacional del paro ha considerado que le negociación debe comenzar por el tema de la renta básica y por el subsidio a las nominas principalmente de las pequeñas y medianas empresas, así como al plan público de empleo. Es lo justo toda vez que el primer problema que hay que enfrentar es el del hambre y la falta de ingresos de la población. La pobreza se ha extendido al 42.5% del total de la población que tiene ingresos por debajo de los 330.800 pesos mensuales, unos 91 dólares. Mientras que cerca de 500 mil empresas pequeñas, medianas y famiempresas han cerrado como producto de la errática y clasista política del gobierno que solo acudió a financiar parte de la nomina de las grandes empresas a quienes dedico el 80% de los recursos públicos mientras dejo quebrar a pequeñas y medianas que no contaron con recursos y que además son las que proveen el 80% del empleo productivo en el país. El resultado ha sido catastrófico, las tasas de desempleo han llegado al 16% siendo superior al 23% para las mujeres y 30% para los jóvenes, teniendo en cuenta además que la informalidad cubre al menos al 50% del total de la población económicamente activa.

Este tema será muy duro en las negociaciones toda vez que el gobierno en la propuesta de reforma tributaria que está consensuando busca recursos principalmente para garantizar el pago de la abultada deuda externa que ya compromete al 61% del PIB, busca cerca de 15 billones de pesos los cuales espera obtener primero de aplazar la entrada en vigencia de la reforma que entregó recursos por 10 billones de pesos como regalo a los grandes conglomerados económicos y financieros, aumentar al 15% el impuesto a los dividendos de las empresas y personas naturales y quizás si logra convencer a su socio Vargas Lleras mantener el impuesto a los patrimonios superiores a los cinco mil millones de pesos mensuales. El resto de recursos los obtendría de la venta de la participación del Estado en la empresa eléctrica ISA lo cual le dejaría unos 14 billones de pesos. Esa es la reforma en sus trazos esenciales. El grueso de los recursos ira como ya dije al pago de la deuda y marginalmente se aumentará mínimamente el programa de ingreso solidario que actualmente entrega 160 mil pesos o sea unos 45 dólares por familia a unos 2.5 millones de familias. Si acaso este subsidio subiría a unos 200 mil pesos mensuales por familia muy lejos de la propuesta de la Cumbre Social y Política que tasa en un promedio de 415 mil pesos mensuales por familia para 7 millones cuatrocientas sesenta mil familias. O sea, la distancia es muy ancha entre las propuestas. El programa de la Cumbre Social y política tiene un costo de 3.7 del PIB. Juntando todos los programas actuales requeriría unos 2.3 adicionales del PIB lo cual supone ingresos nuevos que han sido presentados y que son viables sin tocar a la clase media y menos a los sectores populares. La disputa será muy ardua y sin resultados previsibles. Dependerá de la calle, de la movilización. Igual sucederá con las propuestas relacionadas con el empleo y con el subsidio a las nóminas de las pequeñas y medianas empresas. Todo ello requeriría una reforma tributaria estructural para obtener los recursos necesarios. Pero el eje de esa reforma estructural que ha sido presentada desde la sociedad civil y que impactaría principalmente a los super ricos no está en los intereses de este gobierno. Ya veremos.

Las narrativas en disputa

Los debates de Moción de Censura a Diego Molano, ministro de la defensa Nacional, permitieron ver de manera nítida la disputa entre los relatos que se disputan la opinión pública. Molano y los partidos que constituyen el régimen político mostraron un relato que hace énfasis en primero la supuesta defensa y respeto por la protesta pacífica. Esto que no ha sido claro ni ha sido un discurso del régimen, tuvo que ser esgrimido en el Congreso para desde allí apuntalar la defensa de Molano quien además cimentó su discurso en este argumento. Luego trataron de justificar la represión y la muerte de los manifestantes en la existencia de actores armados que infiltrarían la protesta para producir hechos de violencia y vandalismo. Estos actores armados serían las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional, ELN, las Disidencias de las FARC y las bandas ligadas al narcotráfico. En tercer lugar trataron de mostrar que la actuación de la fuerza pública se ciñe al uso preventivo y proporcional de la fuerza, pero, ante la evidencia presentada por los citantes de los debates de Moción de Censura, adujeron que los excesos son excepcionales, no hay un uso sistemático de la fuerza para reprimir las manifestaciones y para cerrar este relato justificatorio de la brutalidad policial, señalaron que los excesos serían castigados por los organismos judiciales la Procuraduría en materia disciplinaria y la Fiscalía en materia penal.

Es de anotar que allí no esgrimieron los burdos argumentos sin pruebas por supuesto que las manifestaciones están siendo conducidos por Petro que además algunos intelectuales y medios de comunicación recogen sin entender del todo la movilización que se ha desencadenado en el país o que es conducida por Maduro desde Venezuela, o por los Rusos, como desvergonzadamente lo dijo Molano a medios de comunicación. No, allí en el Congreso la narrativa fue la ya señalada quizás con un señalamiento también sin fundamento como lo dijo Duque en su monologo en inglés que es Petro quien ha desencadenado la protesta o la locuaz senadora María Fernanda Cabal que señaló que esto era una acción de la oposición y de los citantes al debate. Nadie medianamente enterado cree semejantes embustes.

Las victimas que nueve senadores uribistas quisieron que no fueran escuchadas en la plenaria del Senado, mostraron, como el caso del joven Juan Fonseca que de manera valiente y con las huellas físicas en su rostro, dejaron en evidencia la brutalidad policial, así como lo hizo una de las hermanas de Lucas Villa asesinado en las protestas en Pereira también lo hicieron padres y madres de jóvenes inmolados en estas manifestaciones. La realidad desmiente los discursos de las manzanas podridas en la institución policial como el respeto por las manifestaciones ciudadanas. Los citantes basaron su relato en que las causas de las protestas están relacionadas con el hambre, el deterioro de las condiciones sociales. Hay hoy en Colombia 3 millones de jóvenes entre los 18 y los 28 años que no tienen futuro, que sobran para el modelo neoliberal vigente. No estudian no tienen trabajo la sociedad no les brinda alternativas dignas de vida. Muchos de ellos son la primera línea en las movilizaciones. Reclaman un lugar en la sociedad.

También los citantes mostraron cómo en el caso de Cali hay fenómenos de paramilitarismo urbano que no son investigados y reclamaron que, la Fiscalía, tiene la obligación de hacerlo. 12 indígenas fueron heridos a bala por esos grupos paramilitares en Cali que se ven en los videos al lado de la policía y no pasa nada. Otros hechos muestran que la Fuerza Pública permite los desmanes como el caso de los incendios de sedes públicas en Jamundi o en Yumbo en el Valle del Cauca. Múltiples son las pruebas y la inacción de Molano y de Duque. Solo vienen ahora a reconocer desmanes y actuaciones irregulares por la presión de los manifestantes y/o por la presión de la comunidad internacional. Aquí no hay conjura ni nacional ni internacional.

Es cierto que las guerrillas y el narcotráfico pueden infiltrar las protestas y pueden estar detrás de algunos actos vandálicos como puede haber ocurrido en Tuluá o en Yumbo o Jamundi, pero, tanto las guerrillas como los grupos paramilitares o de narcotraficantes tienen capacidad muy limitada en el conjunto del territorio. Estas supuestas infiltraciones son esgrimidas además sin prueba alguna.

El desenlace de la Moción de Censura esta muy claro. Duque decidió enfrentar la crisis fortaleciendo la presencia burocrática de los partidos del régimen en el Congreso. Su principal socio hoy es Cambio Radical del extremo derechista exvicepresidente de Santos, Germán Vargas Lleras, quien ya cuenta con cuatro ministros, pero también decidió aumentar la cuota del Partido de la U que cuenta ahora con tres ministros y a los conservadores les dio ahora además la cancillería con Martha Lucia Ramírez. Con esa repartija burocrática estos partidos votarán negativamente la moción de censura tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes. El Congreso lo exonerará de responsabilidad política pero no la sociedad o por lo menos la mayoría de ella. Pero esta indignación tiene que ser proyectada hacia las elecciones del Congreso del próximo año y hacia las elecciones presidenciales. Es allí donde se resolverá el futuro del país.

En medio de toda esta situación es importante que finalmente y pareciera ser que por la presión del gobierno de Joe Biden, el gobierno haya autorizado la presencia de una Misión en el terreno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, para que investigue los desmanes y la brutalidad policial. Bienvenida sea esta Comisión que podrá ayudar a esclarecer estos crímenes y que presionara a los organismos nacionales para que actúen, estos organismos que hoy están en manos del régimen uribista.

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