La disputa por la izquierda en el Ecuador: el conflicto UNES-Pachakutik

Pablo Dávalos / Ecuador Today

Foto:cromaclic tv

Existe una intensa campaña en contra del movimiento indígena ecuatoriano y su movimiento político Pachakutik que, curiosamente, tiene en sectores que se autodenominan como “progresistas” a sus más tenaces propagandistas, entre ellos, militantes, adherentes y simpatizantes del ex presidente ecuatoriano Rafael Correa y que son partidarios del proceso político de su gobierno al que han denominado “Revolución Ciudadana”.

En la trayectoria histórica reciente del Ecuador, el movimiento indígena ecuatoriano representa la organización social y política antisistema más importante y cuya referencia es fundamental tanto para el país como para la región. No se pueden entender las luchas antisistema y en contra del neoliberalismo y las serias derrotas infligidas al proyecto neoliberal sin referirse específicamente al movimiento indígena ecuatoriano y su organización CONAIE. Conjuntamente con los zapatistas de México son, sin duda alguna, el mascarón de proa de la resistencia social al neoliberalismo en América Latina.

Uno de los eventos claves en la ontología política del movimiento indígena es el levantamiento de junio de 1990, conocido como el Levantamiento del Inti Raymi. En esa oportunidad, fue la derecha política la que rompió lanzas en contra de un movimiento que proponía algo diferente para la política del país: el Estado Plurinacional. Si se revisan las tesis de la derecha en contra del movimiento indígena, puede apreciarse una coincidencia no solo en los términos sino también a nivel epistemológico con las críticas que se harán tres décadas después por sectores denominados “progresistas”. La idea de fondo de la derecha de ese entonces y de los progresistas de ahora, es negar capacidad de interlocución al movimiento indígena y transformarlo de sujeto político en objeto susceptible de manipulación y sin ningún criterio político.

Así por ejemplo el periódico El Universo, de la ciudad de Guayaquil, en 1990 editorializa de la siguiente manera con respecto al levantamiento indígena de junio de ese año: «Los últimos alzamientos y las formas de protesta de los grupos indígenas merecen varias acotaciones. Entre otras cosas coinciden con la proximidad de las elecciones y de allí la sospecha … de que hay de por medio maniobras procedentes de elementos políticos» (El Universo, 06-06-90). El Director Nacional de la Izquierda Democrática, partido de gobierno de ese entonces, manifiesta por su parte que «algunas comunidades indígenas son manipuladas políticamente por conocidos agitadores … que buscan a toda costa, desestabilizar la democracia en el país a través de un manto de violencia»(El Expreso, 06-06-90).

El presidente de aquel entonces, el socialdemócrata Rodrigo Borja, no podía creer que los indígenas se hayan levantado justamente durante su periodo de gobierno. «Quiero decirles a los campesinos de mi Patria, expresó Borja a la prensa oficial, a los comuneros de todo el país, que en 500 años ningún gobierno en la época republicana, ni en la Colonia, ha hecho tanto por resolver los problemas de las comunidades indígenas, como lo ha hecho mi gobierno» (“Agitadores pretenden dividir la Patria: Borja en Santo Domingo», El Universo, 07-06-90).

Vistas las cosas con la perspectiva del tiempo, la hipérbole utilizada por el ex Presidente Borja expresaba ese doble juego dentro del discurso del poder: párrafos anteriores había denunciado a los dirigentes que organizaron el levantamiento indígena de 1990, como «agitadores irresponsables» a quienes «les pondremos en vereda», porque «nadie tiene derecho a perturbar la paz en el país y soliviantar a los indígenas y campesinos» (ibid), para momentos después declararse a sí mismo como el pater familis de los indígenas. Una posición que recuerda al patrón de hacienda. En efecto, el patrón de hacienda vela por la vida, por los intereses de todos los miembros de la hacienda, les ha dado generosamente tierras y ha permitido que los indios (así los llaman) sobrevivan. Entonces, aparece como justa la ira, la indignación, la desazón frente a la falta de gratitud de los indios que protestan, que se levantan y reclaman.

Mutatis mutandis, pero ahora también se utiliza la misma trama conceptual y epistemológica en contra del movimiento indígena: los indígenas son manipulados, esta vez por la CIA (agencia de inteligencia norteamericana), por la embajada de Estados Unidos, y por la derecha internacional en contra del candidato progresista, para evitar que gobiernos progresistas retornen al poder.

Más allá de la teoría de la conspiración pero es evidente que el movimiento indígena ecuatoriano, por estar en el centro del debate político, ahora está en la intersección tanto de la derecha como de los “progresistas”, que no escatiman en lanzar dardos envenenados en contra del movimiento indígena con el objetivo evidente de acotar sus posibilidades políticas. En los años noventa se entendían las razones por las cuales el sistema hacienda y las oligarquías del país intentaban asumir cómo había sido posible un levantamiento indígena tan organizado, potente y trascendente que los rebasaba por todos los lados. Su primera reacción fue inscribirlo dentro de sus propias coordenadas epistemológicas: era imposible, para ellos, que los indígenas, permanentes menores de edad como los consideraban, hayan sido capaces de organizar un levantamiento tan organizado y tan fuerte como aquel de junio de 1990, y era aún más imposible que hayan propuesto algo para ese entonces tan incomprensible para las elites como el Estado Plurinacional. Para las oligarquías, era obvio que los indígenas eran manipulados por “oscuros intereses” que los utilizaban en función de sus propias agendas.

Ahora se repite el mismo argumento, pero esta vez los “oscuros intereses”, y de acuerdo con la teoría de la conspiración, son la embajada americana, y sus agencias de inteligencia (Ver por ejemplo: “Cómo EEUU cultivó a grupos indígenas y ambientalistas en Ecuador para derrotar al Correísmo”, de Ben Norton, y publicado el 15 de mayo de 2021 en thegrayzone.com). Lo de fondo es restar el espacio político al movimiento indígena y convertirlo en un objeto de manipulación, en esta ocasión por parte de la derecha y del gobierno de los Estados Unidos.

Aníbal Quijano lo denominó colonialidad del poder a esta forma de pensar que racializa las relaciones de poder. Rodolfo Stavenhagen lo denominaba “diferencia colonial” a esa manera de concebir a los indígenas como seres inferiores incapaces de pensar por sí mismos y siempre al servicio de “oscuros intereses”. Pero se entiende la estrategia: acotar el espacio político del movimiento indígena, porque luego de las elecciones del año 2021 en Ecuador, son el

movimiento político más importante no solo de la resistencia social, sino por primera vez del sistema político ecuatoriano.

La Revolución Ciudadana es el nombre del proyecto político que gobernó al Ecuador durante el ciclo 2007-2017, y que tiene en el ex Presidente Rafael Correa su principal líder y referencia. En las últimas elecciones, y bajo el paraguas de una alianza denominada UNES (Unión por la Esperanza), a pesar de llegar al balotaje no pudieron derrotar al banquero conservador y neoliberal Guillermo Lasso. En vez de adoptar una posición coherente de autocrítica y mirar hacia dentro sobre las causas de su derrota electoral, los principales líderes de este partido político, así como su militancia, se dedicaron a buscar culpables y chivos expiatorios. La culpa de su derrota, según ellos, no puede provenir de sus propios errores sino que obedece a todo lo que hicieron en su contra otros sectores políticos. En esa búsqueda de víctimas propiciatorias han encontrado al movimiento indígena como la catarsis que les permita excluirse a sí mismos de todo proceso autocrítico y encontrar a los supuestos y verdaderos responsables de su derrota electoral.

La culpa de haber perdido las elecciones, entonces, provendría del movimiento indígena que habría, según ellos, respaldado electoralmente al banquero Guillermo Lasso, básicamente porque sus líderes han sido cooptados por ONG que tienen lazos directos con la CIA y la embajada americana. De otra parte, si no hubieran hecho campaña por el voto nulo seguramente su candidato habría ganado las elecciones. Se trata, por supuesto, de una posición ingenua e inmadura, pero que por el momento les permite disputar el espacio de la izquierda con el movimiento indígena, en la única plaza que poseen que es aquella de la institucionalidad del sistema político, vale decir, la Asamblea Nacional, sin necesidad de asumir errores y culpas, porque, de hacerlo, se podría advertir que, en realidad, son una organización política más bien centrista y, en algunas agendas, bastante conservadora y, evidentemente, muy lejos del proyecto político del movimiento indígena. El movimiento UNES es la primera minoría de la Asamblea Nacional del Ecuador (48 asambleístas de un total de 137), pero a pesar de esos números no es la organización política más importante del sistema político. Ese rol le corresponde al movimiento indígena y a su brazo político Pachakutik. La agenda de la política del Ecuador se define ahora desde el movimiento Pachakutik que es, de hecho, el fiel de la balanza. Para una organización política como la revolución ciudadana, que durante el ciclo político de 2007-2017, mantuvo una hegemonía absoluta sobre el sistema político, estar relegado a posiciones secundarias, a pesar de su importante presencia legislativa, debe ser difícil de asumir. Ellos necesitan desalojar del espacio de izquierda al movimiento indígena para reclamarse como la única y coherente oposición al gobierno neoliberal de Guillermo Lasso.

Se trata, en realidad, de puro cálculo electoral y político de esta organización, porque saben que las posibilidades del gobierno de Lasso son escasas y que puede convertirse en un gran desencanto para la población, y quieren estar ahí para el momento de la cosecha. Su intención es retornar al poder pero esta vez tienen un obstáculo en el movimiento Pachakutik. Para la revolución ciudadana es relativamente fácil confrontarse, al menos ideológicamente, con la derecha pero en cambio es todo un reto hacerlo con Pachakutik. Durante el ciclo político 2007-2017, cuando estuvieron en el gobierno,

trataron de destruir a la organización indígena porque era irreductible a integrarse y formar parte de la Revolución Ciudadana. Es cierto que lograron cooptar algunos dirigentes y cuadros indígenas, pero la organización indígena resistió quizá el embate más fuerte en su contra de los últimos treinta años. Las organizaciones indígenas sufrieron la persecución, el acoso, la intervención directa y el desalojo de sus territorios ancestrales que fueron subastados en la deriva más extractivista de la historia contemporánea del país. Pero resistieron y pudieron reinventarse. En las elecciones de 2021 emergen con una fuerza jamás vista en toda su historia política. Pueden asumirse, y el momento histórico aparentemente les da la razón, como posibilidad de llegar al gobierno de forma directa y sin intermediarios y en el mediano plazo.

Es eso lo que más teme la revolución ciudadana y sus aliados y su militancia, que el movimiento indígena se resista a ser desalojado de su espacio político natural, es decir la izquierda, y que pueda convertirse en el movimiento político con más opciones de llegar al gobierno en las próximas elecciones. Por eso apuntan a su fracaso y quieren orillarlo a fortiori a la derecha. Por eso acuden al expediente racial, patriarcal y conservador de negarle capacidad política y obligarlo a que se pliegue a sus propias prerrogativas bajo la lógica que todo aquel que no está con nosotros, necesariamente está contra nosotros. Utilizan el más mínimo error de una organización tan compleja y tan diversa como Pachakutik, que por supuesto que está atravesado y constituido por intereses contradictorios, para amplificarlo y demostrar la supuesta razón de sus tesis de ubicar a Pachakutik como marioneta de la derecha.

Pero el momento político apenas empieza. El gobierno de Lasso tiene un entorno político complicado y una situación económica más ardua aún. Será difícil que pueda cumplir con su propia agenda, peor aún que pueda resolver los graves problemas del país. Es más que probable que Lasso se empeñe en llevar incluso a la fuerza su agenda neoliberal y lo demuestra su adscripción al programa de ajuste del FMI. Ante ello solo cabe una respuesta: movilización social. La futura resistencia pasará primero por las calles antes de entrar a definirse en el sistema político. Pero las calles le pertenecen por entero a la organización indígena y a los movimientos sociales. En ese espacio nada tiene que hacer la revolución ciudadana salvo acompañarla, si desea y si el movimiento social lo permite. Y ese es el otro temor que tiene la revolución ciudadana con respecto al movimiento indígena, esa relación directa entre la capacidad de movilización social y esta vez la entrada directa al sistema político, porque Pachakutik es el único partido del sistema político con base social, con democracia interna, y con vinculación directa a la movilización social.

Fue la movilización social de octubre de 2019 la que proyectó con tanta fuerza al movimiento Pachakutik al sistema político en las elecciones de 2021, y será esta vez la movilización la que acote, defina y decida las posibilidades de la agenda neoliberal de Lasso. Es necesario indicar que en la movilización social de octubre de 2019, lo único que quería la revolución ciudadana es sacar del poder a Lenin Moreno y convocar nuevamente a elecciones por la vía de la muerte cruzada. No perdonan que no se haya destituido a Lenin Moreno, quien además, cabe recordar, ganó con el sello de su partido político.

La derrota a la agenda neoliberal del FMI, para ellos, era solo una cuestión episódica y circunstancial, al extremo que nunca han reivindicado el rol crucial que tuvieron sus propios asambleístas para

negar las leyes neoliberales de Lenin Moreno en el mes de octubre-noviembre de 2019 y que dieron al traste todas las negociaciones con el FMI, al extremo que el mismo FMI tuvo que cancelar su programa macroeconómico con el Ecuador bajo el pretexto de “notificación errónea”, un hecho sin precedentes en la historia reciente de América Latina. Haber derrotado al FMI por supuesto que vale mucho más que destituir a un presidente de la república, porque sitúa las resistencias sociales en un plano geopolítico. Pero, con toda la importancia que ello tiene, para la militancia de la revolución ciudadana, octubre de 2019 fue una traición.

Ahora bien, en un escenario de movilización social, el movimiento Pachakutik tiene todo a su favor. Y quizá ese sea otro de los temores que tiene la revolución ciudadana con respecto a Pachakutik, porque en caso de movilización social, quien ahora puede cosechar es, justamente, el movimiento indígena. En ese contexto, el retorno al poder de la revolución ciudadana puede convertirse casi en imposible. Ese es su dilema y eso explicaría la saña con la cual atacan al movimiento indígena. Empero, hay otra posibilidad, lejana aún pero plausible. Que el proceso político de la revolución ciudadana madure y que comprenda que el movimiento indígena tiene toda la legitimidad para asumir sus propias decisiones y que, por tanto, debe respetarlas. Que el voto nulo era una opción legítima de un movimiento de izquierda con la madurez suficiente para tomar decisiones por sí mismo, y que ahora asume con mucha responsabilidad el reto de organizar la resistencia social ante las decisiones de un gobierno neoliberal, como lo hizo cuando la revolución ciudadana fue gobierno. Que nunca es tarde para disculparse ante el país, ante el mundo, y ante su propio pueblo, por las derivas autoritarias, corruptas y violentas contra su propia sociedad cuando ellos fueron gobierno. Que las derrotas políticas y electorales obedecen a fallas propias y que asignar culpas a los demás por decisiones propias no habla bien de un movimiento político que tiene la pretensión de volver a ser gobierno. Quizá comprendan que es una contradicción y un oxímoron tener posiciones racistas, machistas, sexistas, patriarcales y extractivistas y, al mismo tiempo, reclamarse progresistas y de izquierda. Que la izquierda necesita reinventarse en el mundo de la post-pandemia, y que el discurso desarrollista, estatalista y extractivista no es un discurso de izquierda. Que entiendan que acusar a sus compañeros de ruta (indígenas, ecologistas, jóvenes, sindicalistas, movimientos feministas y GLBTIQ, entre otros) de ser agentes de la CIA, no permite construir sinergias, convergencias y acuerdos para abrir el diálogo y crear acuerdos de largo plazo. Quizá sea soñar demasiado pero puede existir la posibilidad que alguna vez hagan eso. Mientras tanto y por lo pronto, solamente serán una maquinaria electoral sedienta de retornar al poder a cualquier costo, y no les importa, para llegar, incluso denigrar a sus compañeros de ruta.

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