La gran farsa de la anulación de las firmas de la consulta por el Yasuní
Manolo Sarmiento / GK /
Foto: Edu León
En 2014, el Consejo Nacional Electoral del Ecuador (CNE) anuló en dos semanas algo más de 400 mil firmas de la petición de consulta popular propuesta por el colectivo Yasunidos que buscaba dejar bajo tierra el petróleo del bloque ITT en el parque nacional Yasuní, en la Amazonía ecuatoriana. Seis años después de la anulación, esta investigación revela cómo el CNE organizó un mecanismo que propició la eliminación arbitraria de cientos de miles de firmas para cumplir el propósito de impedir, a como diera lugar, que la consulta popular se hiciera.
Manolo Sarmiento · 4 de enero del 2021
De las 750 mil firmas que el colectivo Yasunidos presentó en 2014 para convocar a una consulta popular sobre la explotación del campo petrolero Yasuní ITT, en la Amazonía ecuatoriana, el Consejo Nacional Electoral del Ecuador (CNE) anuló más de cuatrocientas mil en solo catorce días. Hasta ahora había resultado imposible conocer qué firmas en concreto fueron rechazadas ni quién las rechazó, pues en 2014 el CNE, presidido por Domingo Paredes, no entregó la lista de los registros anulados y los nombres de los verificadores que los anularon.
Al no realizarse la consulta, el gobierno nacional tuvo vía libre para explotar el polémico campo petrolero que fue inaugurado el 7 de septiembre de 2016.
Pero la historia no había terminado. En 2018, cuando Gustavo Vega presidía el CNE de transición, el organismo que sustituyó a las autoridades de la época correísta que habían sido destituidas, se formó una comisión independiente que recibió el encargo de auditar el proceso. La comisión auditora, presidida por la docente de la Universidad Andina Simón Bolívar, Claudia Storini, concluyó que Yasunidos debía recibir el “certificado de legitimidad democrática” (es decir, el reconocimiento de que cumplió con el requisito de las firmas) en vista de los “serios indicios de arbitrariedad” encontrados. La nueva administración del CNE, que entró en funciones para reemplazar al consejo de transición y que está presidida desde 2019 por Diana Atamaint, desoyó la recomendación de la comisión auditora y ratificó lo actuado en 2014. Poco después, el Tribunal Contencioso Electoral confirmó esa decisión. Los Yasunidos recurrieron entonces a la Corte Constitucional, que admitió a trámite el caso el 16 de octubre de 2020.
En base a la información que entregó el CNE a la comisión auditora y a casi cuarenta entrevistas hechas en los últimos ocho meses a verificadores, grafotécnicos y exfuncionarios del organismo electoral, ahora es posible entender lo que efectivamente pasó en el Consejo Nacional Electoral entre el 17 de abril y el 4 de mayo de 2014.
Durante esas dos semanas, el CNE montó un proceso de verificación que tuvo desde un inicio el propósito de descalificar la mayor cantidad de firmas en el menor tiempo posible y negar a los peticionarios toda posibilidad de apelación.
Para lograrlo, los altos mandos del CNE se aseguraron de contar con un grupo de verificadores y peritos incondicionales. También se cercioraron de que el proceso fuese fulminante: más de trescientos funcionarios trabajaron en jornadas sin descanso, incluidos sábados, domingos y los feriados de Viernes Santo y Primero de Mayo, de modo que los Yasunidos no tuvieron capacidad de supervisión, ni tiempo ni posibilidad de reaccionar. No fue barato y su legalidad es cuestionable: según declaró el mismo CNE en la época, se gastaron 800 mil dólares en el proceso y según la documentación oficial nueve de las personas que anularon firmas no constan en la lista de los verificadores contratados para ese fin.
Quienes dirigían esta gran estructura ejecutaron de modo diligente la orden impartida. En el último día, el 4 de mayo de 2014, entre las nueve de la mañana y las tres de la tarde, un grupo de 131 verificadores examinó 107 mil firmas que habían sido consideradas dudosas: 816 cada uno, 3 cada minuto —suponiendo que no pararon ni para almorzar.
Este promedio, sin embargo, es engañoso. El mismo documento revela que no todos anularon la misma cantidad de firmas, sino que hubo un top ten de verificadores ultrarrápidos que anularon tres y hasta cuatro veces más que los demás: entre ellos constan personas de confianza de los consejeros del CNE o que tenían vínculos o afinidades con el gobierno del entonces presidente de la República, Rafael Correa.
“Esas personas hicieron ‘tac, tac, tac’… dieron ‘enter’ sin parar”, me dijo un exfuncionario del CNE que trabajó de cerca en el proceso, a quien me referiré como Juan en este reportaje, pues me pidió mantener su nombre en reserva. La anulación de firmas fue tan abrumadora que, según Juan, el consejero del CNE Paúl Salazar ordenó en el último momento que el sistema informático del Consejo fuese intervenido para aumentar el número de firmas aprobadas. “Si saco esto me matan”, dice Juan que fueron las palabras que pronunció Salazar delante de algunos de sus asesores, “hay que subirles un poco.” Según esta fuente, la cifra de firmas válidas a la que habían llegado los obsecuentes verificadores era tan baja que habría resultado inverosímil para la opinión pública. El consejero Paúl Salazar, quien era en la época el Vicepresidente del CNE, rechazó esta acusación. “No hubo ningún tipo de intervención en el sistema, así lo demostraron las auditorías de la Contraloría General del Estado que se hicieron en su momento”, me dijo. Salazar considera que estas denuncias tienen una motivación política.
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