LICENCIA PARA MATAR + $400 + NI UNA MENOS
Francisco Escandon Guevara / vía correo electrónico
Foto. El Universo
Licencia Para matar
Francisco Escandon Guevara / vía correo electrónico
A propósito de una seguidilla de delitos publicitados en los grandes medios de comunicación, el debate de la legalización del uso de armas polariza posiciones en el Ecuador. La polémica rebasa los límites constitucionales y se entrelaza con las posiciones políticas de los aspirantes a suceder a Lenin Moreno en Carondelet.
Particularmente Guillermo Lasso, auspiciado por su socio electoral Nebot, reivindica el uso civil de las armas de fuego como solución perfecta para enfrentar los delitos comunes y así colaborar con la acción policial. En otras palabras, quieren una licencia para matar.
Esa manipulación proselitista de la inseguridad ciudadana pretende constituirse en una boya de salvación del banquero, más aún cuando es evidente su descenso en las encuestas de intención del voto. Apelar al populismo jurídico, para lograr notoriedad, es un recurso demagógico maquiavélico que tiene por fin capitalizar votos apelando al sensacionalismo de la prensa amarillista.
Lo cierto es que la desregularización de la tenencia y el porte de armas no resuelve el problema, más bien lo agudiza hasta el punto de la anarquía social, así lo testimonian las masacres ocurridas en calles, plazas y escuelas en aquellos países que legalizaron esta práctica.
Pero el problema va más allá. Detrás de la legalización del uso de armas germina el discurso que defiende la propiedad y que la prioriza por encima del derecho a la vida. La apuesta a hacer justicia con mano propia, para resolver conflictos, terminará por generalizar el terror social: la violencia intrafamiliar crecerá, al igual que los homicidios y feminicidios.
Siempre las élites blandieron el discurso de la inseguridad para beneficiarse económicamente de la industria armamentista, pero también para estructurar sus ejércitos paramilitares de mercenarios al servicio del capital.
Es una sinrazón desregular los controles de armas en una sociedad constituida por un puñado de grandes propietarios y millones de desposeídos, la criminalidad no se resuelve a sangre y fuego, sino exige de políticas públicas que solucionen las desigualdades sociales, la pobreza y la carencia de empleo.
$400
Foto: Extra
Francisco Escandon Guevara / vía correo electrónico
Cada año, los días finales de noviembre, las aspiraciones de mejorar el salario básico unificado, que tienen los trabajadores, son truncadas por las decisiones burocráticas de los gobiernos que priorizan los intereses de un puñado de patronos.
De nada sirve que exista representación sindical en el Consejo de Salarios, pues es el régimen el que dirime con decretos que reflejan la postura original miserable de los grandes empresarios. Esa acción mancomunada de las élites está reduciendo el consumo y el crecimiento económico, está propagando el hambre, pues los sueldos de quienes tienen trabajo estable compran cada vez menos.
Particularmente desde el año 2014, el ritmo de crecimiento de la masa salarial se desaceleró hasta el punto del congelamiento decidido para el próximo 2021. De esa manera, antes Correa y ahora Moreno, abonan al propósito de reducir el costo de la fuerza de trabajo ecuatoriana para competir con sus pares de Colombia y Perú, argumento que es risible si se considera la disparidad entre una economía dolarizada y otras con monedas propias, además de los desniveles en los precios de la canasta familiar o la canasta vital en cada país.
La precarización salarial, junto al régimen de contratación sin estabilidad y a las inhumanas reglas de jubilación, es la antesala de la desregularización del trabajo y la vigencia del neoliberalismo que aconseja el Fondo Monetario Internacional. Moreno miente cuando dice que el salario básico unificado seguirá siendo $400 por culpa de la pandemia, la verdad es que congeló el salario para cumplir con las órdenes del FMI y de paso congraciarse con las oligarquías representadas en las Cámaras de la Producción.
La miseria laboral no concluye allí, apenas es su continuación. Las élites apuestan a prolongar la confiscación de los sueldos del magisterio, a masificar los despidos en el sector público a finales de este año y a sacarle el jugo a Ley de Apoyo Humanitario, aprobada con los votos del partido del banquero, para recortar jornadas de trabajo y su proporcional en los salarios.
Las relaciones sociales de producción ponen de un lado a los trabajadores y de otro a la burguesía, al afectar los derechos de los primeros se enriquecen las élites. ¿Queda claro a quién sirve Moreno? Es hora de un gobierno popular.
NI UNA MENOS
Foto. DW
Francisco Escandon Guevara / vía correo electrónico
Cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la No violencia contra la Mujer, en honor de las hermanas Mirabal asesinadas por revelarse a la dictadura del dominicano Rafael Trujillo. Desde entonces la lucha contra ese delito de odio continúa.
El feminicidio no sólo es una expresión de violencia extrema contra la vida de las mujeres, sino también encarna una historicidad de las relaciones sociales y reproductivas que afirman la sumisión de género y la propiedad sobre ellas.
Culturalmente el poder político naturalizó las desigualdades y legitimó la inferioridad inter-genérica. Basta recordar que, hace más de un siglo atrás, las mujeres ni siquiera eran consideradas ciudadanas, no podían sufragar, no eran sujetos de derechos como el de propiedad, ni podían estudiar.
En la actualidad las discriminaciones prosiguen. Salarialmente las mujeres ganan menos que sus pares varones, se adiestran roles domésticos y profesionales para féminas, se incumplen el principio de paridad de género en la representación pública; etc.
Además, la acción del Estado, dirigido por las élites conservadoras, es deliberada para sostener el predominio de esas relaciones sociales machistas y patriarcales. En Ecuador, a las restricciones civiles, se suman la carencia de garantías a la vida de las mujeres, prueba de ello es la reducción progresiva del presupuesto para prevenir y erradicar la violencia de género, al mismo tiempo del silencio cómplice con los asesinatos de mujeres, que en lo que va del año 2020 superan el centenar feminicidios.
La lucha por transformar esta realidad es urgente, exige de una desconstrucción de los aprendizajes machistas heredados, reclama adherirse a las luchas del movimiento de mujeres y calificarlo hacia perspectivas liberadoras.
De por medio está el combate contra la banalización del feminismo y la criminalización de la protesta. Estereotipar como feminazis, marimachas, machonas o vándalas a las mujeres que luchan por sus derechos refleja profunda ignorancia o complicidad con las desigualdades orquestadas desde las élites. Valorizar una pared grafiteada más que una mujer asesinada es una enajenación humana.
La lucha de ellas, es la de todos. Ni una mujer menos, ni una explotada más.
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