Paro Nacional, la dolorosa disputa por otro orden social

Camilo David Cárdenas Barreto / Revista Hekatombe

Foto: NUSO

El Paro Nacional que comenzó el 28 de abril de 2021 detonó fuerzas sociales cuyo despliegue ha significado para Colombia una de las mayores crisis políticas de los últimos tiempos. El marcado deterioro de la hegemonía uribista fue respondido con una violencia extrema que mostró la cara criminal de una Fuerza Pública uribizada, violencia política sistémica repartida a cuenta gotas, dia a día, contra líderes/as sociales y exguerrilleros. De la extrema violencia contra el Paro han quedado cruentos registros que circulan en las redes sociales como respuesta a las invisibilizaciones y encuadres tendenciosos de los grandes medios corporativos de radio y televisión. A día de hoy, no es claro el balance de muertos y desaparecidos —la Defensoría del Pueblo ha reportado de momento 19 asesinados y 89 desapariciones—, particularmente de jóvenes que lucharon en las calles por otro mundo mejor y cuyas demandas fueron respondidas con infames balazos para aleccionar a través del terror a quienes siguen protestando.

Una nueva reforma tributaria, liderada por el exministro Carrasquilla, fue el «florero de Llorente» que animó a un paro que contaba con pronósticos reservados dada la crisis por pandemia. Pero el dilema entre el contagio masivo por el virus y la lucha contra la desigualdad social, en pleno tercer pico, se decantó finalmente a favor de la última opción y las calles fueron testigas de una revitalización política apenas suspendida por las medidas excepcionales de contención de la pandemia, las cuales ya no pudieron hacer nada para controlar el descontento social generalizado.

La pandemia había llegado como una suerte de salvavidas para el gobierno colombiano, que había enfrentado represivamente el descontento del 21-N y simulado luego una «Conversación Nacional» que nunca se dio. En 2019 la serie de movilizaciones en distintas partes de América Latina como Ecuador, Chile, Bolivia o Colombia alertaban no ya sobre problemas coyunturales de gobierno, sino sobre una crisis sistémica, global y civilizatoria del orden social capitalista y su imposición y apalancamiento en países periféricos mediante modelos neoliberales de «desarrollo». Ya en pandemia, el asesinato de Javier Ordóñez a manos de la Policía el 9 de septiembre de 2020 derivó en una protesta masiva y violenta contra los CAI y terminó en la masacre de Bogotá propinada por las fuerzas de policía, atrocidad que sigue impune. Un recorderis de que el talante autoritario del statu quo no es de ahora.

Pero es justamente esta inserción desigual de Colombia a los supuestos beneficios de la economía mundial la que explica, en parte, la apuesta por una reforma tributaria regresiva de sesgo prorrico. Desde 2014, debido a la caída de los precios internacionales del petróleo, la economía dependiente colombiana ha dejado de percibir ingresos importantes de la «renta petrolera».

Tras la crisis por pandemia, el gobierno Duque siguió manteniendo el modelo de atracción de capital extranjero para «crecer económicamente», dando beneficios a grandes empresas y cumpliendo su cuota de pago de la deuda externa. En 2020, más de 53.6 billones de pesos se fueron al pago del servicio de deuda y para 2021 se programó un pago al servicio de deuda de 70.5 billones, como han explicado Jorge Espitia y Daniel Libreros. Para dar una idea, a mayo de 2021 para el cacareado «Ingreso solidario» se han destinado aproximadamente 600 000 millones de pesos. El chantaje de las calificadoras de riesgo es tal que éstas mantuvieron «en diciembre pasado una calificación con perspectiva negativa presionando el trámite de la reforma tributaria que les garantice el pago de la deuda pública».

Por si fuera poco, nos cuentan Espitia y Libreros, «el 80 % de las ayudas fue entregada a los grandes grupos económicos y sus empresas, como en el caso del Plan de Ayuda al Empleo Formal (PAEF), diseñado para entregar subsidios a las nóminas». Entre las grandes corporaciones que recibieron estos apoyos se cuenta, sí, el Grupo Ardila, el Grupo Santodomingo y, ¡cómo no, el Grupo Sarmiento Angulo! A pesar de que Duque reproduce un orden social que beneficia a las grandes burguesías del país y los más pobres entre los pobres —«tres millones de hogares»— tienen que contentarse con un «ingreso solidario» de $160 000 mensuales, el establecimiento dice que no hay conflicto de clases, que eso es un cuento del «marxismo cultural» para atizar odio y resentimiento social y que, más bien, sigamos esperando las migajas que caen por el enriquecimiento de los grandes grupos económicos por cuenta de la «teoría del goteo».

El gobierno Duque ha sido tan infame que incluso la reforma tributaria se justificó con el argumento de que, si no se tramitaba, entonces esas tres millones de familias dejarían de percibir el «ingreso solidario». Sin embargo, el mensaje de la sociedad movilizada es claro: la desigualdad social no se combate con políticas de focalización y recargando el peso de la tributación sobre las clases populares y medias, las más perjudicadas por el capitalismo financiarizado organizado por la dominación uribista.

Entretanto, el establecimiento uribista, en su cruzada anticomunista imaginada, reprime las movilizaciones con doctrinas fascistas que legitiman el tratamiento militar de la protesta, como la de la «Revolución Molecular Disipada», del neonazi chileno Alexis López, la cual convierte en enemigo público al barrista, al profesor, a las mujeres y, en sí, a cualquiera que siente su voz de protesta contra el orden social vigente. Ante la desaparición de la guerrilla como actor armado por la firma del Acuerdo Final de Paz, el aparato ideológico del uribismo innova y se complejiza —a veces de modo risible— mediante la incorporación de nuevos conceptos para restar potencia política y estigmatizar a sus contradictores, y mantenerse en el ejercicio del poder estatal. De repente, amplias capas de la sociedad tienen horizontes antisistémicos comunistas radicales y el uribismo no nota que asentir ello implica reconocer su propia derrota ideológica. Ni hablar del huero discurso del «vándalo»: es que si hay robos y saqueos también es por la alta desigualdad social.

De fondo, el actual Paro Nacional, así como el 21-N, no sólo ha cuestionado al bloque de poder uribista, sino a todas aquellas élites que han contribuido a la situación actual de crisis. Que el Paro continúe a pesar del retiro provisional de la reforma tributaria y la renuncia de Carrasquilla muestra que hay, en los reclamos de mujeres, estudiantes, camioneros, campesinos o indígenas, la demanda por un nuevo orden social cuyos contornos aún no han sido consensuados. Lo que sí es claro es que la hegemonía/dominación uribista y el orden social organizado por ella están muriendo y que el pueblo movilizado son sus sepultureros.

A las víctimas de la actual masacre, a sus familiares y amigos, las más sentidas condolencias.

Que su lucha no sea en vano y su fuego siempre arda en nuestros corazones.

Y ánimos y fuerza a quienes siguen luchando a pesar del miedo y la consternación.

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