Quito, desafíos y perspectivas desde el campo democrático
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Augusto Barrera / Opción S
Por una ciudad radicalmente justa
Este breve ensayo propone algunas ideas sobre los retos actuales de Quito. Más que presentar un listado de medidas, problematiza sobre la dimensión política, las correlaciones sociales y las implicaciones ideológicas por las que atraviesa actualmente la ciudad. El argumento central se refiere a la necesaria construcción de un proyecto de profunda transformación urbana y social, fundado en la coherencia entre el programa que se enarbole y la fuerza social y política que la defienda y construya. El programa debe nutrirse de las ideas y luchas por la radicalización democrática, la preservación de la vida como bien superior, el feminismo, el ambientalismo, el ejercicio pleno de derechos y el urbanismo social. Por la naturaleza y profundidad de la crisis de representación política, lo que cabe es construir un nuevo campo de posiciones que no solo se proponga ganar una elección, sino aspirar a construir una nueva hegemonía.
Recuperar la polis
En contraste con la preeminencia del debate altamente político e ideológico que ocurre en la disputa por el gobierno nacional, se ha instalado la idea que el gobierno de la ciudad es, meramente, un ejercicio de administración técnico-gerencial que puede eludir el debate y la definición de los aspectos ideológicos o programáticos y las correlaciones de poder que se expresan en el espacio local.
Esta racionalidad pretendidamente técnica actúa como dispositivo de dominación en tanto que naturaliza, “sobre especializa” y finalmente enajena al gran público de los debates sobre cómo gestionamos la ciudad. Esta tecnificación reviste de una supuesta lógica experta a las disputas de poder y profundiza la asimetría de legitimidad entre el pueblo gritando sus carencias y los “expertos” que “saben” cómo salvarlo: “todo para el pueblo sin el pueblo”.
Con esto no afirmo, ni de lejos, que no se requiera un nivel de competencia y comprensión para gobernar una ciudad compleja y llena desafíos, sobre todo cuando hemos tenido improvisados e indolentes representantes públicos en esos cargos, pero la discusión y definición de la ciudad es un ejercicio colectivo en el que es indispensable situar con claridad qué y para quién se gobierna.
La gestión de una ciudad no es la escritura en una página en blanco. La ciudad es una obra, producto y constructo intergeneracional en que la historia se expresa en sus múltiples formas espaciales, arquitectónicas, culturales y sociales, creando una impronta casi indeleble.
La ciudad refleja un complejo, denso y diverso producto social que plasma las correlaciones e intereses de sus habitantes en el territorio, y son las formas de organización socio-espacial de la producción y reproducción de las sociedades las que explican gran parte del desarrollo, la integración, la segregación o el avance de servicios e infraestructuras.
Por ello resulta fundamental abordar la siguiente cuestión: ¿para qué y sobe todo para quién se gobierna la ciudad? Varias son las posibles respuestas: para facilitar la acumulación de grandes intereses inmobiliarios o comerciales, o para atender las necesidades de seguridad, cuidado y hábitat digno para mujeres, niños y adolescentes; para consolidar un modelo de movilidad basado en el auto privado (así solo el 25% lo posea) o para ejercer el derecho de movilidad de las grandes mayorías a través de sistemas dignos y eficientes de transporte público; para impulsar medidas que faciliten la inversión-ganancia o para ampliar empleo de calidad. Muchas de estas dicotomías, cargadas de un alto sentido político hacen parte de las decisiones cotidianas del gobierno de la ciudad.
Una capitalidad democrática que recupere su localidad
Quito ha jugado el difícil rol de capital de un estado-nación de tardío y débil desarrollo e integración, permanentemente acechado por pretensiones autonomistas de élites de otras localidades que han hecho de la culpa al centralismo su muletilla fácil para presionar su relación/presión con el estado central. Esto explica bastante la definida posición antiquiteña de las viejas oligarquías secundadas por voceros locales y el carácter regionalista y clasista de varios de los grandes medios de comunicación.
En cualquier caso, la capitalidad demanda el debate sobre los asuntos públicos, la política, los partidos, las instituciones, los poderes económicos y financieros, la prensa y la opinión publicada. Esa es una condición consustancial a Quito que debe seguir siendo asumida desde una perspectiva de unidad nacional, con un proyecto de estado nación democrático y de derechos.
Pero es verdad que la capitalidad complejiza la capacidad de (re)pensarse como localidad por la superposición de debates, actores e intereses. Éste suele ser uno de los infortunios de las capitales en países con características macro o bicéfalas que dificultan u oscurecen las posibilidades de objetivar el desarrollo local (la ciudad como proyecto).
Se requiere por ello, una robusta identidad que se asuma el proyecto de ciudad (localidad y pertenencia) y mantenga su papel de capitalidad con características democráticas, cívicas e incluyentes. Repensarse como localidad sin perder la capitalidad, requiere construir actores locales con vocación nacional y global, pero centrar en el proyecto Quito. La pluralidad social de la ciudad y ese rol histórico exigen que ese proceso se exprese en clave republicana e institucional, lejos de la emulación de regímenes oligárquicos.
La disputa por la hegemonía y la constitución de una identidad colectiva
Durante el siglo XX Quito dejó atrás la ciudad colonial para transitar a una urbe con un tímido y tardío desarrollo industrial con algunos atributos de cohesión social y urbana durante: la ciudad de los barrios. En el presente siglo XXI enfrentamos una nueva realidad de escala metropolitana, de estructura difusa, con profundas dinámicas de segregación social y espacial y cuya identidad se desvanece en particularismos dispersos y altamente fragmentados, de migraciones y crecimiento explosivo en apenas dos generaciones.
La inexistencia de marcos de significación y cohesión cívicos que actúen como centro de gravedad o cemento social provoca un archipiélago de identidades, en las que sobresale, sin incluir ni convencer, la identidad nostálgica de la época colonial y los “quiteños de bien”. Es la idea de ciudad patriarcal, profunda y “bonachonamente” racista y clasista, experta en palancas y atajos, “aspiracionalmente” hispana, negadora del mestizaje es la que cumple la función de ethos hegemónico, reforzada en los últimos años por el repunte de la extrema derecha global.
Muy lejos, como en mundos paralelos, las micro identidades populares de pertenencia barrial o de origen, solo llegan a situarse en los márgenes o las periferias. El sentido de pertenencia muestra su verdadero poder en la escala de barrio, arraigada en las relaciones sociales y culturales de proximidad en el territorio, que actúan más desde la lógica de la necesidad que desde la contrahegemonía.
Pero hay que reconocer, con esperanza y entusiasmo, que durante los últimos años asistimos a la emergencia de nuevas identidades de democratización social que amplían el horizonte emancipatorio; particularmente las luchas del movimiento feminista, los sectores ambientalistas, el movimiento juvenil, y la defensa de loss derechos y diversidades. Persiste, sin embrago, la distancia de estas nuevas identidades urbanas con las dinámicas populares y de solidaridad local.
Un nuevo marco de identidad plural, diverso y democrático, pero aglutinador y respetuoso debe ser capaz de producir convergencias y sinergias entre esas luchas y sus actores.
No solo un cambio de gobierno, sino un cambio de régimen
La disputa del proyecto de ciudad y de su identidad no ocurre en el vacío; tiene una economía política concreta: unos actores, unos intereses y unos recursos de poder distribuidos desigualmente.
Resulta muy útil recurrir al concepto de régimen urbano formulado por Stone (1989), entendido como los arreglos informales por los cuales los organismos públicos y los intereses privados funcionan conjuntamente, a fin de ser capaces de tomar decisiones de gobierno y llevarlas a cabo resulta muy útil para explicar el poder en la ciudad. Mucho más temprano que en otras ciudades del país, en Quito hegemonizó una lógica comercial/inmobiliaria que no rompió, sino por el contrario, modernizó y reprodujo el viejo poder aristocrático y noble heredero directo de la época colonial. La expansión de la ciudad que produjo la valorización del suelo y las dinámicas de acumulación inmobiliarias y comerciales se expresó bajo una robusta hegemonía de la DP y del vínculo orgánico con los grupos de poder comerciales inmobiliarios.
Con escasísimas excepciones, la ciudad ha sido gobernada por representaciones políticas de los grupos que representan a la élite local.
En muchos casos de manera directa; en otros a través de figuras promovidas como “técnicos”, “expertos” o “administradores”; y en otros casos por vía de la presión mediática.
Pero su eficacia estuvo sobre todo en construir una matriz de cooptación del movimiento barrial. Los 80 y 90 muestran algunos signos de un movimiento barrial gestado desde la autonomía organizativa y la inspiración de las izquierdas; sin embargo, la inmensa ola de urbanización no pasó por ese proceso de lucha, sino que se trató de lotizaciones, urbanizaciones e incluso ocupaciones implícitamente negociadas con los propietarios de suelos rurales y agrícolas que “ganan urbanizando” y por una red de traficantes, intermediarios y operadores políticos que instalan una lógica clientelar como el dispositivo central de anulación o des constitución de un potencial movimiento popular. El clientelismo blando ha resultado una eficaz herramienta de subordinación por vía del aparato municipal.
En la ciudad no existe un movimiento popular que establezca un contrapeso efectivo a la lógica del mercado, es decir que dispute el sentido general de la ciudad más allá de las reivindicaciones particulares. Los pocos momentos de desarrollo de proyectos alternativos enfrentaron los límites de un régimen de poder profundamente asimétrico. Los intereses financieros, inmobiliarios y comerciales, los grandes medios de comunicación y los sectores del transporte aparecen como los actores con capacidad de acción o bloqueo. Se requiere un nuevo régimen, una correlación distinta del poder local.
Las distintas dimensiones de la crisis de Quito
La ciudad está sumida en una crisis multidimensional: sanitaria, económica, social, institucional y de representación política. Hay una muy fuerte desarticulación del tejido social y un estado de ánimo caracterizado por la profunda desconfianza institucional y el miedo.
Los efectos de la pandemia han golpeado, al igual que en otras latitudes, sobre todo a los sectores más vulnerables. La vulnerabilidad social construida históricamente supone la distribución desigual de recursos y posibilidades a la hora de enfrentar desde las medidas del confinamiento, hasta los efectos del desempleo. Los efectos en la salud, el trabajo y la educación han sido devastadores para una parte importante de la población que tardará años en recomponerse.
Presenciamos un repunte de la pobreza y de la pobreza extrema y unas cifras alarmantes de desempleo o empleo inadecuado. Particularmente graves son las asimetrías de acceso a las actividades educativas. La educación virtual implica tener una conectividad adecuada, acceso a computador y capacidad de producción de una oferta adecuada por parte del establecimiento educativo. Sin embargo, en muchos casos no se cumplen ninguna de las tres condiciones.
Pero al mismo tiempo, la ciudad venía con un grado de fragmentación política y social y un debilitamiento institucional que terminó provocando una inédita crisis jurídico-política que terminó con la destitución del alcalde. Lo que es más grave, con un aparato público semiparalizado, la tragedia de La Gasca y La Comuna, que ocurrió hace unos días, solo desnuda el deterioro de la ciudad, cuyo aparato institucional comienza a dejar de cumplir hasta las funciones básicas.
Se trata de un momento complejo, de desánimo extendido, alto nivel de fragmentación política y desconfianza institucional, en medio de un auge delincuencial que coloca a la seguridad y la vida como angustia cotidiana.
Un programa basado en la vida y los bienes comunes
El proceso de construcción colectivo de una ciudad justa, equitativa, feminista, ambientalmente responsable, segura y sostenible pasa por elaborar un programa de mínimos basado en la protección y cumplimiento de derechos y en el cuidado de los bienes comunes.
En el contexto actual, ese nuevo proyecto para Quito no solo supone su reconstrucción, entendido como la vuelta al pasado (identidad nostálgica). Por el contrario, junto a los fundamentos que establecen el Buen Vivir y los bienes comunes, deben considerarse como elementos vertebradores tanto la noción de fraternidad (políticas de proximidad, solidaridad y de cuidado), como la noción de sostenibilidad (ambiental, social, territorial). Y todos estos elementos vertebradores orientados y articulados en el espacio urbano, generando lugares y redes de intercambio, relación y proximidad.
En este universo conceptual, ponemos a consideración unas pocas anotaciones programáticas que deberán ser ampliadas y discutidas:
Preservar la vida, salud, educación y seguridad
La preservación de la vida de las y los habitantes de Quito debe ser el elemento ordenador del programa. Una ciudad para la vida, no para el lucro. Esto implica varios aspectos. La crisis de la COVID-19 ha señalado las deficiencias de las instituciones gubernamentales para dar respuesta a la crisis sanitaria señalan la urgencia de revertir la situación. La construcción de una red de salud pública y comunitaria eficiente, eficaz y que disponga de todos los recursos necesarios para desplegarse en todo el territorio.
Al mismo tiempo deber garantizarse una política integral de seguridad, enfrentando las causas estructurales de pobreza y exclusión, fortaleciendo los organismos de justicia y rehabilitación para evita la impunidad y exigiendo una presencia policial técnica, eficiente, permanente que aplique la ley con rigor frente a las estructuras delincuenciales.
Inclusión social y sistemas de protección social
Si aspiramos a revertir las profundas desigualdades y vulnerabilidades sociales que devastan la ciudad, es necesario plantear un plan de choque que corrija las condiciones inequitativas de desarrollo urbano y social.
Para revertir los índices severos de pobreza en sus múltiples variantes, es necesario recuperar y fortalecer los servicios sociales, y fomentar políticas de prevención y de proximidad, que fortalezcan la autonomía personal y las redes comunitarias, con capacidad de impulsar lógicas de empoderamiento y participación e inclusión social. En esta línea podrían potenciarse redes comunitarias de solidaridad y fraternidad, entendidas como la acción articulada y territorial de los servicios de apoyo y proximidad que fueron desarrollados y lamentablemente abandonados. Esta red de servicios y solidaridad debe acompañar y fortalecer actividades de capacitación productiva, de apoyo a los niños y adultos mayores, de acceso a internet y bibliotecas, etc.
Trabajo y reactivación económica
Las necesidades básicas de cualquier persona interpelan a las condiciones efectivas de dignidad, libertad individual, y calidad ciudadana como sujeto pleno de derechos y corresponsabilidad social.
La reactivación económica y productiva debe poner en el centro de la preocupación la generación de empleo y el desarrollo de mecanismos de protección como la renta mínima mientras se sale de la crisis. La reactivación productiva no puede entenderse como el camino para recuperar rápidamente las tasas de ganancia del capital, por encima de las condiciones de empleo digno de las personas.
Pensar a la ciudad desde las mujeres
Las ciudades no son iguales para las mujeres y los hombres, ni para la diversidad de identidades. Es necesario entender a la urbe desde esta multiplicidad y tener en cuenta en todos los ámbitos de la planificación, la participación y la gestión, los derechos y las especificidades de las personas que la integran, para que se convierta en espacios de convivencia igualitarios, que permitan el disfrute de los espacios públicos y en el derecho a transitarla, libre de las violencias que sufren las mujeres, en parques, calles, plazas, en el transporte público.
Pensar una ciudad desde el feminismo, es poder enfrentar los desafíos urbanos considerando las dimensiones de la vida cotidiana de sus habitantes: el acoso, la responsabilidad de los cuidados, la seguridad, etc. Debemos escuchar las voces de las mujeres, de sus necesidades, y potenciar su autonomía física, económica, cultural y política.
Ciudad para los niños/as, adolescentes y jóvenes.
Una ciudad que integre y permita el desarrollo de los niños y niñas, adolescentes y jóvenes, será aquella que se ponga a la altura de sus expectativas. Se trata de una ciudad que facilite su movilidad con autonomía y seguridad, teniendo en cuenta que los espacios donde transita se encuentren dentro de su proximidad, me refiero a la escuela, al parque, al centro deportivo, a espacios culturales.
Se trata de contar con sitios que permitan el crecimiento con las mejores condiciones para su desarrollo intelectual, social, cultural, deportivo. Así aprenderán a vivir en espacios de encuentro, de intercambio, de aprendizaje, de alegría, de solidaridad.
La importancia de la revitalización de los barrios
El proceso de planificación, gestión e intervención urbana debe revertir la lógica de arriba hacia abajo, desde la ciudad al barrio: hay que establecer otra racionalidad. Los efectos de la pandemia muestran la necesidad de recuperar y potenciar la dimensión barrial. Un elemento clave de un nuevo programa es el mejoramiento de las obras barriales, la iluminación, el servicio de transporte la seguridad, la calidad de las áreas verdes, la ampliación de uso de las infraestructuras deportivas, educativas y culturales que son públicas. Por lo tanto, el barrio debe volver a estar en el centro de la planificación de la ciudad.
La cocreación de políticas urbanas desde los barrios pretende, además, reforzar la dimensión de justicia espacial. La gran asimetría en los niveles de inversión pública en las distintas zonas de Quito puede y debe revertirse, a través de planes de intervención a mediana y pequeña escala que abone un sentido de justicia espacial, dotando de equipamientos de calidad a las zonas más carenciadas y generando nuevas centralidades en pos de una ciudad más policéntrica, equitativa e inclusiva. Un instrumento muy útil debería ser un índice de inversión pública territorializada como medida calara de orientación de los recursos.
Vivienda digna y servicios básicos
El acceso a una vivienda con unos mínimos estándares de calidad y confort; el acceso a los servicios básicos de agua, luz, alcantarillado e internet; el acceso a una infraestructura básica, segura e inclusiva es uno de los componentes centrales del derecho a la ciudad.
Debe fomentarse la promoción de vivienda pública y de interés social en el hipercentro para revertir el patrón de urbanización actual basado en la especulación del suelo. Un banco de suelo y de edificaciones públicas subutilizadas para destinarlas a estos programas serían medidas concretas.
Transporte público integrado y movilidad sostenible e inclusiva
Debe concretarse y operar el sistema integrado de transporte público, con el metro como columna vertebral y la organización adecuada y sin chantajes de todas las rutas y frecuencias. Mejorar la calidad del transporte público, los sistemas tarifarios integrados y las articulaciones intermodales.
Durante la pandemia, el uso de la bicicleta se multiplicó y las autoridades se vieron obligadas a ampliar la red de ciclovías urbanas. Es una oportunidad de recuperar el proyecto BiciQ y afianzar una red de ciclovías que dé servicio a todas las parroquias, tanto urbanas como rurales.
Riesgos, seguridad y sostenibilidad social, ambiental
La altísima vulnerabilidad que tiene la ciudad y que ha generado grandes tragedias, debe obligar a construir políticas sólidas y de largo plazo para atender la reducción y mitigación de riesgos.
Por esto, es necesario establecer y controlar las áreas protegidas, ampliar su margen de protección y fortalecer la gestión de riesgos con estrategias de adaptación y mitigación a los efectos del cambio climático y de la urbanización descontrolada. Además, se debe continuar con la conversión tecnológica de la gestión de residuos, con la implementación de la contenerización en toda la ciudad, el reciclaje y el tratamiento adecuado de todos los sistemas de deshechos.
Hacia otro modelo urbano: compactación y revitalización de la ciudad construida
Es urgente parar la urbanización descontrolada y dispersa y consolidar el modelo que opte por la compactación y densificación, a través de una enérgica moratoria a la expansión desordenada de la mancha urbana; eso requiere de un agresivo esfuerzo de consolidación de nuevas centralidades, con nuevos equipamientos públicos y privados.
Es indispensable una sólida intervención urbana que permita la revitalización del hipercentro de Quito. Hay que detener y revertir el deterioro y la pérdida de residencialidad y de dinamismo comercial en ejes viales y zonas clave, especialmente: Av. 10 de agosto, Comité del Pueblo, Villaflora, El Inca, Mariscal Sucre; donde deben además desarrollarse políticas de vivienda y servicios, a través de un esfuerzo de “reciclaje” y revalorización de edificaciones, generación de nuevas más sostenibles.
Debe recuperarse el cinturón verde de la ciudad (Área Pichincha Atacazo), los parques metropolitanos de Tumbaco y Calderón, así como la protección del Ilaló y de la cuenca del Guayllabamba son indispensables.
Los instrumentos fundamentales para el cambio
El escenario del proceso electoral que se abre requiere una nueva configuración política sostenida e inspirada por una agenda programática progresista, feminista, ambiental y popular. Que mantenga claras posiciones respecto de Quito sin minería, sin maltrato animal, de diversidades, con respeto a la naturaleza, convivencia, redistribución, control a la especulación inmobiliaria, reforzamiento de la seguridad. Cada una de estas tesis debe implicar un esfuerzo de corresponsabilidad y movilización.
Esta no es tarea de un individuo. Se trata de un ejercicio colectivo que debe expresarse en un Frente democrático de recuperación de la ciudad desde la izquierda social y política y todas las expresiones de luchas democráticas que aglutine las militancias individuales y colectivas bajo un nuevo crisol de acción no solo electoral, sino fundamentalmente política, pedagógica, organizativa.
Esto requiere de una actitud unitaria, abierta y de construcción. Generosidad y fraternidad entre las distintas corrientes políticas, sociales y culturales que pongan distancia con el canibalismo y la descalificación.
Pero lo más importante es conectar sentidas necesidades/ demandas y dramas de la inmensa mayoría de quiteñas y quiteños que se juegan la vida cada día y han perdido la esperanza en un futuro mejor. Esa es realmente la tarea central.
Doctor en Ciencias Políticas y de la Administración y Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid. Fue alcalde del Distrito Metropolitano de Quito entre 2009 y 2014. Actualmente se desempeña como profesor en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE
https://opcions.ec/portal/2022/02/18/quito-desafios-y-perspectivas-desde-el-campo-democratico/
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