SUBEN LOS PASAJES

Francisco Escandón Guevara / vía correo electrónico

Foto: El Diario

A partir del boom petrolero ecuatoriano, en la década de los setenta del siglo anterior, se introdujo políticas de subsidios al gas licuado, gasolina y diésel como mecanismos de redistribución de la riqueza.

En los años posteriores, a través de las Cartas de Intención con el Fondo Monetario Internacional, se negociaron medidas de ajuste estructural que aceptaron reducir el gasto público de los países y minimizar el rol del Estado en la economía.

Este catecismo neoliberal condujo a varios gobiernos a eliminar los subsidios, pero en el intento muchos rectificaron o expiraron obligados por la movilización popular. El gobierno de Moreno no fue la excepción, en octubre del 2019, tuvo que retroceder en su propósito de liberalizar el precio de los combustibles ante el poderoso levantamiento indígena y popular.

Las élites no aceptaron su derrota, aprovecharon del confinamiento social e impusieron el Decreto Ejecutivo 1050 que puso fin a los subsidios de las gasolinas y el diésel, además que podrán aumentar o disminuir mensualmente los precios hasta en un 5% conforme a la cotización internacional del barril de petróleo.

El resultado en estos diez meses es decidor. En tiempos de crisis, la gasolina ecopaís se incrementó en 10% y el diésel en 44%; mientras el régimen estableció el congelamiento del salario básico unificado, permitió la reducción de salarios y el despido de trabajadores.

El encarecimiento de los combustibles provocó un efecto inflacionario, los productos de primera necesidad incrementaron sus precios y se restó la capacidad de compra de las diezmadas economías familiares.

Esa medida también perjudicó a los transportistas (sus utilidades se redujeron), por ello paralizaron actividades y hasta bloquearon el tránsito en algunas provincias exigiendo ser beneficiarios de la focalización del subsidio. Pero el pacto fue otro, el régimen se comprometió a incrementar el costo de los pasajes desde los primeros días de mayo.

No queda duda de la naturaleza oportunista de los dirigentes nacionales de los transportistas, ni tampoco del carácter antipopular del gobierno. La consecuencia de eliminar los subsidios es el incremento del 15% en los precios de los pasajes: un verdadero garrotazo a los pobres, pues precarizará aún más sus vidas.

Moreno está de retirada, pero en la transición hacia la posesión de Lasso está haciendo el trabajo sucio. Su papel de lazarillo es condenable, él cumple las órdenes del FMI para evitar que la legitimidad del banquero se comprometa en los primeros días de su gestión.

Las élites juegan con fuego y el pueblo sueña un nuevo Octubre.