La vida en el gobierno Duque sigue siendo masacrada en primavera
Foto la voz de Galicia
No sé cómo empezar a escribir esta columna. Cómo comprender un hecho violento en medio de la impotencia, la rabia y el dolor que éste produce. Cómo comprender que en Samaniego, Nariño, han masacrado a nueve jóvenes, que en Cali asesinaron a cinco niños y que su funeral fue amedrentado por una granada. Que en el mismo Nariño dos niños habían sido asesinados cuando iban a llevar su tarea al colegio debido a la falta de medios informáticos para su envío. Qué sentido cabe extraer de todo esto. Quiénes son los responsables. Qué es lo coyuntural, qué lo estructural. Por lo demás, este escrito apenas dará un brochazo general de lo que ha estado ocurriendo en Colombia en medio de uno de sus peores gobiernos de su historia reciente.
Siguen las masacres
Los hechos de violencia extrema están volviendo a ser usuales en el país, pero ahora en medio de la peor crisis económica de las últimas cinco décadas y tras dos años de un gobierno uribista que en vez de garantizar el cumplimiento del Acuerdo Final de Paz, simula y torpedea su implementación; a lo cual habría que sumar el mal manejo autoritario-asistencialista de la crisis por pandemia. El periodista Félix de Bedout compartió las frías cifras de este escenario de violencia apoyado en datos de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los DD. HH en Colombia: sólo en 2019 se reportaron 36 masacres y, de momento, en este año han ocurrido 10. Aunque en realidad, de acuerdo con Semana, la Oficina de la ONU ha registrado 33 masacres en lo que va del año 2020
La crisis económica continúa explotando
Respecto a la estructura económica, el más reciente informe trimestral del DANE confirmó la alta caída del PIB colombiano que había sido anticipada por distintos análisis. En relación con el mismo segundo trimestre del año pasado, de acuerdo con el DANE, el PIB en Colombia cayó un 15.7 % en 2020. Pero, ¡oh, sorpresa! Mientras la gran mayoría de sectores de la economía se contrajeron, las «actividades financieras y de seguros» y las «actividades inmobiliarias» fueron los únicos que registraron ganancias. En otras palabras, los bancos siguen ganando a pesar de la pandemia y la continua destrucción de millones de empleos. Ya en un artículo pasado habíamos contado que, según Oxfam, 72 multimillonarios latinoamericanos se han enriquecido cada vez más en tiempos de pandemia, en tanto más de cincuenta millones de personas entrarían en la pobreza. Eso sí, el informe del DANE no cuenta cómo el narcotráfico trasnacional y local, combustible del actual conflicto social armado, también está circulando subterráneamente en la economía.
La larga cuarentena no ha contenido la pandemia
Pero si Colombia ocupa un lugar subordinado en la economía mundial capitalista y resiente los efectos de esta posición —pues sus márgenes de acción para mitigar la pandemia están reducidos sistémicamente—, parece que la gestión de la pandemia del gobierno Duque se ha esmerado por poner al país en lo más alto, pero en contra de su propia población. El confidencial de la Revista Semana reportó que Colombia actualmente ocupa el puesto 8 en número de infectados de Covid-19 y el puesto 12 en número de muertos; es decir, a nivel global Colombia es uno de los países más afectados por el nuevo coronavirus. La prolongación indefinida de la cuarentena ante la precarización de su sistema de salud no fue suficiente.
Reflexión final: Duque posibilita en el posacuerdo el caldo de cultivo de nuevas violencias sociales
El resultado de este coctel entre: a) una economía subordinada a los poderes capitalistas mundiales que resiente los efectos de la crisis por pandemia, b) un sistema político dominado por el bloque uribista de poder que simula y boicotea el Acuerdo de paz y se resiste a la participación política de nuevas fuerzas democráticas transformadoras y c) la disputa de actores armados por las altas tasas de ganancia del narcotráfico… es el aumento de la violencia política y social, que ya ha cobrado la vida de cientos de líderes/as sociales y excombatientes y ha condenado a la miseria o al estancamiento socioeconómico a millones de personas.
El Acuerdo Final de Paz —AFP— consistió en un paquete de reformas que, sin ser antisistémico, partió por reconocer el carácter político y estructural del conflicto social armado. Fue más allá de las políticas militaristas y de amnistía y desmovilización de actores violentos propias de la llamada Seguridad Democrática de Uribe y la «paz con legalidad» de Duque —remozada ahora con políticas distorsionadas del Acuerdo—. El AFP propuso la implementación de reformas para gestionar los problemas referentes a la desigualdad en la distribución de la tierra, la presencia del narcotráfico, las verdades del conflicto, la reparación a sus víctimas y el cierre del sistema político. Era un primer paso que había que dar como sociedad para que el conflicto social y político no siguiera tramitándose a través de la violencia extrema. Pero Duque, con su pose aparentemente moderada, aglutinó una nueva reacción contra estas fuerzas democráticas alternativas y una parte de la sociedad así decidió su elección. Aun así, el Acuerdo generó como efecto la expresión movilizadora de otras fuerzas sociales, como las del 21-N, que pedían masivamente cambios en el orden social vigente.
Decir algo más concreto sobre hechos violentos como los de Samaniego es prestarse a la especulación apresurada. Los asesinatos en masa son actos de poder para quienes todavía viven. Aleccionan, moralizan, pretenden constituir y preservar un orden social que está en continuo conflicto: el orden mafioso del capital del narcotráfico y otras formas de criminalidad. Muestra quiénes son los que ejercen el poder y aterrorizan. Y no es casualidad que los grandes mercados mundiales de drogas —como el de Estados Unidos y Europa— sean principalmente los de los centros del sistema mundial y periferias como la colombiana tengan que poner los muertos para que esa demanda trasnacional sea satisfecha. Tampoco es casualidad que grandes élites financieras y políticas colombianas participen, de una u otra forma, en la economía del narcotráfico. Las élites del uribismo, dados sus múltiples lazos con el narcoparamilitarismo, son una de ellas.
La vida en el gobierno Duque sigue siendo asesinada en primavera y la fuerza para detener las masacres en estas condiciones coyunturales no provendrá de la actual institucionalidad estatal. Es necesario romper el miedo y dar pie a la movilización social. La actual crisis sociopolítica y económica no da espera.
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