Cárcel, pandemia y prácticas genocidas en Colombia
MIGUEL ÁNGEL BELTRÁN VILLEGAS / Revista Izquierda
Foto: redes sociales
El 21 de marzo de 2020, hace ya un año, pocos días después que en Colombia el Ministerio de Salud declarara la emergencia sanitaria y el país se aprestara para una cuarentena obligatoria dispuesta por el gobierno con el propósito de hacer frente a la pandemia provocada por el covid-19, los presos de 14 establecimientos penitenciarios iniciaron una jornada de desobediencia pacífica exigiendo la aplicación de medidas urgentes para prevenir los riesgos de propagación del mencionado virus. En un contexto en el cual el contagio se había erigido en un asunto de riesgo global, la legítima exigencia de los presos fue respondida con el uso desproporcionado de la violencia por parte del personal de vigilancia y custodia del INPEC (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario).
En numerosos establecimientos reclusorios la respuesta a esta justa reivindicación fue la violencia desproporcionada por parte del cuerpo de custodia, sin embargo los hechos más dolorosos se presentaron en la cárcel nacional Modelo de Bogotá, donde en la madrugada del 22 de marzo guardias armados de esta institución con el apoyo de cuerpos policiales realizaron un sangriento operativo con el objeto de acallar esta jornada convocada por el Movimiento Nacional Carcelario (MNC), segando la vida de 24 internos y dejando a 83 más con graves lesiones y heridas1.
De manera inmediata la entonces Ministra de Justicia y hoy Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, no solo negó de manera cínica la existencia de un problema sanitario en las cárceles, sino que justificó la acción genocida de las autoridades argumentando que se había tratado de “un plan criminal mediante el cual algunos internos acordaron llevar a cabo una fuga masiva, empleando medios violentos”2.
No menos descabellada fue la hipótesis del Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, quien en su afán de desvirtuar el sentido de la protesta y encubrir a los verdaderos responsables de esta masacre señaló que detrás de esta “frustrada fuga” masiva estaban el ELN y las llamadas “disidencias de las FARC”, señalando de manera directa a Henry Castellanos Garzón, un comandante de la antigua guerrilla de las FARC, quien retornara a las armas luego del incumplimiento de los Acuerdos de paz por parte del gobierno Colombiano3.
De otro lado, el brigadier general Norberto Mújica, en ese momento director del INPEC, presentó este asesinato masivo como un acto heroico: “la rápida acción de nuestro equipo de custodia –expresó el oficial– evitó que este plan de fuga se llevara a cabo”4.
El INPEC: una aparato contrainsurgente Días después de la masacre salieron a la luz pública algunos informes forenses que señalaban cómo varios de los internos asesinados se encontraban en estado de indefensión, evidenciando –una vez más– que el tratamiento que recibe la protesta pacífica en las cárceles no se sustrae a las prácticas sociales genocidas que durante décadas se ha aplicado en Colombia contra quienes ejercen este legítimo derecho. En tal sentido el INPEC, cuyo objetivo es custodiar a las personas privadas de la libertad, cumple claras tareas contrainsurgentes en consonancia con una justicia parcializada que ofrece privilegios a los que tienen poder y defienden el statu quo, mientras castiga ejemplarmente a quienes lo cuestionan.
La práctica genocida ha sido una estrategia utilizada por las élites colombianas para generar hechos ejemplarizantes, romper el tejido social e impedir propuestas organizativas, a través del uso del terror como instrumento de control de voluntades.
El régimen carcelario y penitenciario del país no escapa a estas lógicas de exterminio que incluye, además de la masacre, una variedad de mecanismos, como el aislamiento de los internos en unidades de tratamiento especial (UTE); el traslado a centros de reclusión donde son separados de su núcleo familiar; la restricción injustificada de la comunicación con familiares y abogados, así como la aplicación de la tortura y los tratos crueles e indignantes.
Para cumplir esta labor el INPEC cuenta con cuerpos élites especializados, como el comando de Reacción Inmediata (CRI), creado a principios de 2001 como Grupo de Reacción Inmediata (GRI), cuya misión es realizar trabajos de control, recuperación y seguridad en los centros carcelarios del país.
Capacitados en operaciones de asalto, toma de instalaciones, control antidisturbios y registro –en las cuales priman los criterios de “seguridad” sobre la protección a los derechos humanos– esta unidad especializada se ha convertido, junto con el CORES (Comando de Remisiones Especiales), en el principal responsable de tortura, tratos crueles e inhumanos y maltrato físico y psicológico contra la población carcelaria.
En sus casi tres décadas de existencia la dirección del INPEC la han ejercido 20 funcionarios, 15 de los cuales han sido integrantes de la fuerza pública (12 de ellos como miembros activos de la Policía Nacional y cuatro en condición de retiro). Adiestrados y entrenados en los principios de la Doctrina de la Seguridad Nacional, estos oficiales desconocen por completo la problemática de los derechos humanos, y asumen que cualquier exigencia que hagan las personas privadas de la libertad, por mínima que esta sea, debe ser asumida como un problema de orden público y resuelta por ende con la aplicación desproporcionada de la fuerza, ya que en su estrecho entender castrense se trata de personas que han delinquido y que no son sujetos de derecho, como quedó demostrado –una vez más– con su actuar genocida aquel 22 de marzo.
Un rápido vistazo a la hoja de vida del recién designado director del INPEC, Mayor General Mariano de la Cruz Botero Coy, corrobora esta apreciación ya que en su larga trayectoria en las filas de la Policía Nacional dicho funcionario ha ocupado cargos como comandante del Grupo Móvil de Aspersión, Comandante Operativo de Seguridad Ciudadana de la Metropolitana de Bogotá, Comandante en el Valle del Cauca y de la Metropolitana de Barranquilla y Comandante Región de Policía No. 85, puestos de mando a los que en este país se accede no precisamente por un compromiso con la defensa de los derechos humanos. ¿Puede esperarse de un oficial formado en las doctrinas estadounidenses del “enemigo interno” una solución humanitaria a la aguda crisis que viven las cárceles colombianas bajo la pandemia del covid-19? Sin duda, no.
La problemática estructural de las cárceles
En 1998, la Corte Constitucional en su sentencia T-153 de 1998 resolvió declarar y notificar la existencia de un estado de cosas inconstitucional en el sistema penitenciario y carcelario a las diferentes autoridades públicas. Hoy, transcurridas más de dos décadas de este fallo de la Corte, los centros penitenciarios no parecen haber cambiado mucho: los altos niveles de hacinamiento que en muchos de ellos obliga a los internos a dormir apilados en los corredores; el consumo por parte de la población carcelaria de alimentos en avanzado estado de descomposición; la carencia o racionamiento diario del agua que obliga a los presos lavar los platos en los orinales, sumado todo ello a la carencia de atención médica y, en general, de condiciones dignas, siguen haciendo de las cárceles colombianas una estructural y dolorosa realidad.
Es esta sistemática violación de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad lo que ha obligado a la Corte a declarar, en dos oportunidades más, que en el sistema penitenciario y carcelario colombiano se vive un estado de cosas contrario al orden constitucional (Cfr. Sentencia T-388 de 2013 y luego en la T-762 de 2015). De igual modo, esta crítica situación humanitaria ha sido evidenciada, de manera reiterada, por las continuas jornadas de protesta que ha impulsado el Movimiento Nacional Carcelario, las denuncias formuladas por las diferentes organizaciones defensoras de derechos humanos y de presos políticos, y hasta por la misma prensa oficial y los organismos estatales tan prestos a ocultar este tipo de vejaciones.
Frente a esta alarmante situación desde el ejecutivo central hasta los mandatarios locales, pasando por el Ministerio de Justicia y del Derecho, se sigue propagando la ficción de que la crisis carcelaria se resuelve construyendo más establecimientos reclusorios o “mejorando” los ya existentes. Propuestas como las que viene impulsando la Alcaldesa de Bogotá, Claudia López, en el sentido de construir un nuevo centro penitenciario, ampliar las salas de estaciones de Policía y reubicar a los internos en el centro de Traslado por Protección, se inscriben en este modelo punitivo, basado en el castigo y la venganza, y que concibe la prisión como única solución para los problemas sociales inherentes al capitalismo.
Pensar que recluir a las personas durante años en lugares altamente hacinados, bajo condiciones de total indignidad, puede contribuir al “mejoramiento” social resulta un adefesio. No obstante la realidad es que el sistema carcelario y penitenciario sigue en expansión y las voces a favor del incremento de penas aumentan, al punto que recientemente el Congreso colombiano aprobó, de manera unánime, la aplicación de la cadena perpetua para violadores de niños. De este modo, la cárcel se ha pretendido normalizar como “único y efectivo mecanismo” para poner a salvo nuestras comunidades del acecho de asesinos, violadores y delincuentes en las calles. Un modelo de exclusión social que las élites colombianas han copiado fielmente de los Estados Unidos, donde la población carcelaria (en su mayoría latinos, afrodescendientes
y migrantes) ya supera los dos millones.
Cárcel en tiempos de pandemia
Partiendo de estas realidades estructurales que convirtieron los establecimientos penitenciarios del país en un espacio ideal para la propagación del virus, no solo por las condiciones de habitabilidad ya referidas sino también por la precariedad del sistema de salud y el déficit alimentario que padecen los presos, fue que estos últimos se movilizaron el 21 de marzo exigiendo verdaderos protocolos de bioseguridad. Hasta ese momento las medidas se habían limitado a la suspensión de visitas a reclusos y el uso de tapabocas por parte del personal del INPEC, que a su vez seguía teniendo contactos con el exterior, al mismo tiempo que continuaban los operativos en el interior de cada centro reclusorio sin que el cuerpo de custodia utilizara los debidos elementos de protección. De igual modo, se mantuvieron los procedimientos de traslados de una cárcel a otra.
Los internos expresaron sus preocupaciones ante diferentes organismos de control, pero más allá de recibir estas quejas no se adelantaron medidas efectivas para detener el riesgo, lo que obligó a los internos convocados por el Movimiento Nacional Carcelario (MNC) a desarrollar jornadas pacíficas de desobediencia que fueron respondidas con lujo de violencia por parte de la guardia, con el sangriento saldo ya señalado. Es de advertir que en estos actos violatorios de los derechos fundamentales participaron contingentes de bachilleres auxiliares que prestan su servicio en el INPEC, lo que permite constatar, con preocupación, la formación que están recibiendo estos jóvenes que apenas están egresando de los estudios secundarios y no encuentran otra alternativa diferente que vincularse a estos cuerpos represivos.
Durante este largo año de pandemia, y ante la negligencia de los entes estatales, los mismos presos y presas han asumido en diferentes centros del carcelario del país su propia protección frente a los riesgos que supone la propagación del covid-19, logrando en algunos casos un trabajo conjunto con sectores de la guardia, para garantizar el ingreso de jabones, gel antibacterial, desinfectantes y el uso del hipoclorito y la moringa, que los mismos reclusos han gestionado. “Esta es la única opción que nos queda –afirma uno de los líderes del colectivo de presos políticos de la Picota–, pero también estamos exigiendo una veeduría internacional que venga a las instalaciones de la cárcel y dialogue no con los cuerpos directivos sino directamente con los internos, porque ya hemos hablado con la defensoría, la procuraduría y el mismo INPEC, y no ha pasado nada”.
A un año de esta masacre los móviles que detonaron dichas movilizaciones pacíficas aún se mantienen e incluso se han profundizado.
Pocos días después de estos hechos, en la cárcel de Villavicencio (Meta) se informó del primer muerto por covid-19 y, a la semana siguiente, ya se registraban veinte contagios y dos fallecimientos más, sin contar que por la ausencia de protocolos de bioseguridad, la difusión del virus se estaba expandiendo más allá de los espacios intramurales. El Decreto 546 de 2020 expedido por el Gobierno Nacional con el propósito de prevenir y mitigar el riesgo de propagación del covid-19 en las cárceles, demostró una vez más que la clase política colombiana ha hecho suya aquella frase que pusiera el escritor italiano Giuseppe Tomasi di Lampedusa en boca de uno de sus personajes: “Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie”. En efecto, el mencionado decreto solo ha beneficiado a una franja muy reducida de la población carcelaria, mientras que, por otra parte, presenta como novedosas medidas que ya están contempladas en otras disposiciones y excluye de estos beneficios a una amplia gama de delitos consagrados en el Código Penal.
Peor todavía: bajo la pandemia, los internos se han visto sometidos a directrices restrictivas que vulneran todavía más sus derechos. Así, la visita, que constituye uno de los pilares fundamentales de la integración familiar y la salud emocional de los reclusos, ha sido conculcada6, al tiempo que se reactivan los traslados de personas privadas de la libertad en las URI (Unidades de Reacción Inmediata) hacia los centros penitenciarios; los trámites jurídicos están en la práctica suspendidos, represando la libertad de un gran número de internos que han cumplido con las tres quintas partes de su condena, y, en los patios, los expendios que permiten a un buen número de presos abastecerse de implementos de aseo no están funcionando. Sin embargo, entre tanto, los consorcios administradores de la alimentación en los centros carcelarios continúan recibiendo jugosas ganancias a costa de la salud de los presos.
“Cuerpos superfluos”, rostros con nombres
La población carcelaria hace parte de ese sector de la sociedad globalizada que el sociólogo polaco Zygmunt Bauman llama “vidas superfluas”; se trata de ejemplares defectuosos que no encajan bien en el proyecto de la modernidad, ya que constituyen “un brote canceroso que corroe los tejidos sanos de la sociedad” y un obstáculo para «aquello que defendemos»”7. Bajo dicha consideración estos hombres y mujeres no son merecedoras de derechos; se puede prescindir de ellos y de ellas y, si es el caso, eliminárseles para reducir problemas sociales como la delincuencia, la miseria, la drogadicción y las enfermedades mentales.
Esta cultura de los “residuos humanos”, tan inherente a la lógica del capital, está estrechamente ligada a la idea de seguridad, así lo dio a conocer la exministra Cabello luego de la masacre: “[Estoy orgullosa] del cuerpo de custodios, lo que hicieron anoche fue, es decir yo creo que ustedes no se han alcanzado a imaginar lo que hicieron anoche, Ustedes le dieron tranquilidad al país [aplausos] si yo les mostrara las múltiples llamadas de tranquilidad ahora en la mañana cuando todo el mundo decía nos salvaron de tener en las calles de la ciudad en estos momentos tan críticos a más de cinco mil privados de la libertad, y con todo lo que nos podría causar de angustia. Ustedes no se imaginan el orgullo para mí, de decir no hay un, no hay uno solo fugado”8.
Esta es la misma funcionaria que hoy se encargará desde la Procuraduría de adelantar una investigación disciplinaria contra los responsables de estos crímenes. Aunque la sabiduría popular nos enseña que “no se puede ser juez y parte”, esta parece ser una práctica reiterada de la justicia colombiana.
Estas 23 “vidas superfluas” engendradas por un sistema que nunca les ofreció oportunidades laborales, educativas o culturales –y que la acción profiláctica desarrollada por los guardias del INPEC y sus organismos rectores convirtieron ese 22 de marzo en cuerpos inertes– tienen rostro y dolientes, y por eso queremos recordar sus nombres:
»» Pedro Pablo Arévalo Rocha
»» Jesús H. Gómez Rojas
»» Cristian David González Linares
»» Jhon Fredy Peña Jiménez
»» Daniel Alfonso González Espitia
»» Miguel Ángel Lemos Roa
»» Freddy Alberto Díaz Rodríguez
»» Édgar Alejandro Gómez Romero
»» Milton Yesid Rodríguez Álvarez
»» Cirus David Rojas Ospina
»» Diego Fernando Rodríguez Peña
»» Andrés Felipe Melo Sánchez
»» Michael Alexander Melo Cubillos
»» Brandon Eduardo Avendaño Quevedo
»» Euclides José Pérez Espinoza
»» Yeison David Galvis Forero
»» Campo Elías Carranza Sanabria
»» Diego Andrés Rodríguez Fuentes
»» Joaquín Mejía Aguirre
»» Henry Humberto Gómez Méndez
»» Éberzon Palomino Hernández
»» José Ángel Hernández Páez
»» Daniel Humberto Carabaño Plazas
»» Sergio Andrés Tovar González
Tejiendo resistencias
La práctica genocida ha sido una estrategia utilizada por las élites colombianas para generar hechos ejemplarizantes, romper el tejido social e impedir propuestas organizativas, a través del uso del terror como instrumento de control de voluntades. El régimen carcelario y penitenciario del país no escapa a estas lógicas de exterminio que incluye, además de la masacre, una variedad de mecanismos, como el aislamiento de los internos en unidades de tratamiento especial (UTE); el traslado a centros de reclusión donde son separados de su núcleo familiar; la restricción injustificada de la comunicación con familiares y abogados, así como la aplicación de la tortura y los tratos crueles e indignantes.
Con todo, estos mecanismos no han impedido la consolidación de los colectivos de presas y presos políticos y del Movimiento Nacional Carcelario (MNC) en su conjunto, que en algunos penales han logrado una cierta regulación de la vida interna de estos establecimientos e impulsar la lucha colectiva por mejoras en la atención sanitaria, la calidad de la alimentación y condiciones dignas de reclusión a través de jornadas locales o nacionales de desobediencia civil, como parte, también, de las luchas que adelantan en el campo y la ciudad las organizaciones campesinas, indígenas, cívicas, estudiantiles y sindicales en defensa de la vida.
Durante este largo año de pandemia, y ante la negligencia de los entes estatales, los mismos presos y presas han asumido en diferentes centros del carcelario del país su propia protección frente a los riesgos que supone la propagación del covid-19, logrando en algunos casos un trabajo conjunto con sectores de la guardia, para garantizar el ingreso de jabones, gel antibacterial, desinfectantes y el uso del hipoclorito y la moringa, que los mismos reclusos han gestionado. “Esta es la única opción que nos queda –afirma uno de los líderes del colectivo de presos políticos de la Picota– pero también estamos exigiendo una veeduría internacional que venga a las instalaciones de la cárcel y dialogue no con los cuerpos directivos sino directamente con los internos, porque ya hemos hablado con la defensoría, la procuraduría y el mismo INPEC, y no ha pasado nada”.
1 “Tras enfrentamientos hay 23 muertos y 83 heridos en cárcel La Modelo” en El Tiempo, marzo 22 de 2020, consultado en https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/heridos-y-fallecidos-tras-amotinamiento-en-carceles-del-pais-475872. Aunque
inicialmente se habló de 23 muertes, pocas horas después se conoció del fallecimiento de otro interno en un hospital de Bogotá.
2 “En recuperación de cárcel Modelo hubo uso excesivo de la fuerza: senador Iván Cepeda a la CIDH” en El Espectador, marzo 25 de 2020 consultado en https://www.elespectador.com/coronavirus/en-recuperacion-de-carcel-modelo-hubo-uso-excesivo-de-la-fuerza-senador-ivan-cepeda-la-cidh-articulo-
911082/
3 “Fiscalía señala a ELN y alias Romaña como responsables de motines en cárceles” en Semana, abril 12 de 2020, consultado en https://www.semana.com/nacion/articulo/fiscalia-senala-a-eln-y-alias-romana-como-responsables-de-motines-en-carceles/663157/
4 ‘Hubo un plan criminal de fuga que deja 23 muertos y 83 heridos de la Cárcel La Modelo’: Ministra de Justicia en https://www.elhomenoticias.com/justicia/hubo-un-plan-criminal-de-fuga-que-deja-23-muertos-y-83-heridos-de-la-carcel-la-modelo-ministra-de-justicia/
5 Mayor General Mariano de la Cruz Botero Coy nuevo Director del INPEC en https://www.inpec.gov.co/web/guest/sala-de-prensa/noticias/2021/enero/mayor-general-mariano-de-la-cruz-botero-coynuevo-director-del-inpec
6 En una tutela interpuesta por reclusos del Establecimiento Penitenciario y carcelario de alta y mediana seguridad de Valledupar contra el INPEC y el EMPAMS-Valledupar, a finales del 2020, denunciaban que el tardío plan piloto anunciado por el Gobierno Nacional y el Inpec para retomar el ingreso de visitas a los establecimientos de reclusión, era inaceptable ya que consideraba que las mismas no podrían superar los 45 minutos o una hora y los espacios destinados para el encuentro familiar eran inadecuados. En ese mismo documento informaban que según cifras oficiales del mismo INPEC en 8 meses de pandemia se realizaron 810 visitas virtuales en la regional del Norte, donde la población carcelaria es cercana a los 9500 internos.
7 Zygmunt Bauman. Vidas desperdiciadas. La Modernidad y sus parias. Buenos Aires: Paidós, 2005, p. 59
8 La Nueva Prensa. Min Justicia, audio tomado de https://soundcloud.com/user-896928065/minjusticia
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